El representante del Distrito 22, Jorge Alfredo Rivera Segarra se opuso hoy martes, a la aprobación del Proyecto de la Cámara 209. El proyecto buscaba autorizar al Negociado de la Policía expedir los certificados de antecedentes penales a los fines de establecer que en estos una primera convicción impuesta por la posesión ilegal de marihuana en exceso de cinco gramos, sea excluida, entre otros.
La medida autoría del representante José “Quiquito” Meléndez, a juicio del representante Rivera Segarra era preocupante por el mensaje contradictorio que se enviaba de aprobarse el proyecto. “Poseer marihuana es ilegal y por tanto las consecuencias de que la Policía intervenga con una persona que posee marihuana es entre otros un registro del delito en el Certificado de Antecedentes Penales. El poseer la mencionada droga implica que esa persona la compró en un punto ya que en el país la venta y consumo de marihuana es ilegal. Aprobar este proyecto enviaría un mensaje contradictorio y abriría la puerta para que ciudadanos, en especial jóvenes se adentren en ese mundo porque para ello en ocasiones solo basta fumarse un pitillo”, arremetió Rivera Segarra.
Durante su turno en el pleno de la Cámara de Representantes, el representante dijo además que la aprobación de la medida tendría un efecto nefasto en los hogares y familias puertorriqueñas así como en los recursos del Estado quienes por décadas lidian con personas adictos a las drogas.
“Quitar seriedad a las consecuencias y penalidades por el uso y posesión de drogas ilícitas es atentar en contra de las leyes actuales. A pesar de que el proyecto pudiera tener una buena intención de brindar a las personas que se quieren rehabilitar una oportunidad la realidad es que el mismo va en contra de las garantías que tiene el gobierno y el Estado de atender la situación”, aseguró Rivera Segarra.
La medida fue derrotada en el pleno de la Cámara de Representantes luego del llamado del legislador a sus homólogos para colgar el proyecto debido a lo que describió como “una acción que ponía en riesgo la estabilidad emocional y física de los ciudadanos mientras debilitaba a las agencias de ley y orden en su mandato de cumplir a cabalidad los estatutos ordenados en ley.
