(El Capitolio, PR- 16 de marzo de 2021)- La Comisión de Bienestar Social, Personas
con Discapacidad y Adultos Mayores, presidida por la representante Lisie J. Burgos
comenzó hoy las vistas públicas para establecer la Ley de la Oficina Enlace de la
Comunidad Sorda con el Gobierno de Puerto Rico.
“La comunidad sorda en Puerto Rico enfrenta una situación de desventaja en cuanto al
acceso a los servicios que provee el gobierno. Las consecuencias de no poder contar
con un mecanismo efectivo para que haya una comunicación entre una persona sorda
y los entes gubernamentales pueden desembocar en distintos problemas. Tal es el
caso de Janet Viera Grau, una joven sorda de Vega Alta que se privó de la vida luego
de que el Estado removiera del hogar a sus hijos de 6 y 7 años de edad sin la
intervención de una intérprete de lenguaje de señas”, sostuvo en su turno inicial
Burgos.
Al comienzo de la vista pública, la presidenta de la Comisión guardó un minuto de
silencio por Viera Grau.
A la vista pública compareció la presidenta de la Corporación Escucha Mis Manos y Mis
manos que obran, Aslin Díaz; la líder del Ministerio EFATA de la Iglesia la Senda
Antigua, Stephanie Hernández; y una madre sorda, Mileika Rivera.
“La población sorda además de carecer de servicios, enfrenta otros problemas de
desigualdad debido a las barreras de comunicación y los bajos niveles de
alfabetización”, dijo la líder del Ministerio EFATA. Hernández hizo énfasis en el caso del
matrimonio de Loíza, quienes, por no conocer las ayudas disponibles y por la falta de
servicios de intérpretes, terminaron viviendo infrahumanamente. También, resaltó la
falta de apoyo de intérprete en las agencias gubernamentales, como lo es el
Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP).
Por su parte el portavoz del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Denis
Márquez mencionó que “el cuatrienio pasado se aprobó unánimemente el Proyecto del
Senado 1486 que buscaba crear la Oficina Enlace de la Comunidad Sorda del
Gobierno ante las necesidades de esta población. Luego el proyecto fue enviado a La
Fortaleza, quien lo vetó por consideraciones de presupuesto, es decir, no fue firmado”.
La vista pública recibió también la asistencia de Yahaira Colón, Liesl Costa y Juan
Troche de la Sociedad para Asistencia Legal de PR (SAL); del defensor interino de la Defensoría de las Personas con Impedimentos, Gabriel Corchado; y de la directora de
membresía del Registro de Intérpretes para Sordos de PR, Angelique García.
En apoyo a la medida, Colón de SAL indicó que “las personas sordas tienen el derecho
a que se le provea un intérprete que garantice efectivamente la comunicación”.
“En atención a la relación y experiencia con la comunidad sorda de PR, expresamos
que a pesar de que existe un interés público de igualdad, accesibilidad y atención a las
necesidades de las personas con discapacidad, lamentablemente respecto a la
comunidad sorda, la política pública debe ser evaluada y reformada”, afirmó Colón.
Además, Colón mencionó la importancia de considerar el establecimiento de una
Oficina Enlace de la Comunidad Sorda de PR y el Gobierno de PR, ya que de esa
forma esta población tendría una atención especializada, digna y enfocada a sus
necesidades y cultura, que garantice la coordinación y prestación de los servicios
gubernamentales que históricamente se le han denegado. “El entendimiento de la
comunidad sorda para que cambiemos la cultura administrativa de las agencias del
Gobierno de PR es importante”, agregó.
Por otro lado, la Defensoría de las Personas con Impedimentos trajo la preocupación
de los fondos para cubrir los costos de implantación. “Tenemos que hacernos la
pregunta obligatoria de qué ocurriría si no están disponibles los fondos para cubrir los
costos de implantación. Solicitamos que se considere señalar como prioridad de la
Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) en este caso, la identificación de la partida
presupuestaria de fondos, si es que se desea que la presente medida tenga un alcance
efectivo mínimo” expresó Corchado, quien apoya el proyecto de ley.
Por su parte, el Registro de Intérpretes para Sordos de PR, recomendó a la Comisión,
que para la Oficina Enlace, los sordos puedan ocupar una posición. “Todos
entendemos que debe ser un requisito; que sean sordos lo que ocupen la mayor parte
de las posiciones”, sostuvo García, quien favorece a la medida, pero identificó áreas
del proyecto que deben de ser revisadas.
Al finalizar la representante Mariana Nogales reiteró que “las personas sordas tienen
derechos humanos y no pueden seguir excluyéndolos. Tenemos que crear las
condiciones correctas para que esta población tenga los servicios adecuados”.
