El Capitolio – La Senadora por el Distrito de San Juan, Nitza Moran Trinidad, radicó los proyectos del senado 1010 y 1011 (P. del S. 1011 y P. del S. 1011) con la intención de enmendar la Ley 194 “Código de Seguros de Salud de Puerto Rico” y de esta manera reducir los términos establecidos para el pago de reclamaciones por servicios médicos a quince (15) días e imponer un interés de 25% a toda reclamación que no sea pagada dentro del término dispuesto. Adicional, una de las medidas busca reducir a treinta (30) días el tiempo por el cual los asegurados de los planes médicos puedan ser elegibles a recibir los beneficios de salud en su totalidad. Actualmente los clientes de las aseguradoras deben esperar un término de tres (3) meses para poder recibir todos los servicios.
Según la medida legislativa P del S 1010, en el año 2002 el Gobierno de Puerto Rico a través de la Ley 104 de ese año, añadió un nuevo Capítulo al Código de Seguros de Puerto Rico” titulado “Ley para el Pago Puntual de Reclamaciones a Proveedores de Servicios de Salud”. La Ley creada fijaba plazos a las aseguradoras y a las organizaciones de servicios de salud para que realizaran los pagos de las reclamaciones a los proveedores de servicios de salud. Adicional establecía que las reclamaciones debían ser pagadas dentro del término de treinta (30) días calendario, a partir de la fecha en que el Asegurador u Organización de Servicios de Salud reciba la misma. Y concedia un periodo de quince (15) días calendario para que se le notifique a los proveedores participantes aquellas reclamaciones que no sean procesables para pago.
A pesar de la creación de la “Ley para el Pago Puntual de Reclamaciones a Proveedores de Servicios de Salud”, muchas aseguradoras y organizaciones de servicios de salud continúan sin cumplir con su responsabilidad de pagar puntualmente como estipula la ley.
Para la Senadora Moran esta situación ha traído como consecuencia el rechazo de médicos a recibir participantes dentro de ciertos planes de cuidado de salud, la reducción de empleados en hospitales y centros de servicios; así como el cierre y quiebra de facilidades médicas. También ha provocado que la ciudadanía se este afectando en gran medida por los cierres de consultorios médicos tras no recibir sus pagos a tiempo, y la emigración de médicos porque no aguantan las estrategias de estas aseguradoras para no cumplir con sus obligaciones.
Por otro lado, el proyecto del senado 1011 busca reducir a treinta (30) días el tiempo por el cual los asegurados de los planes médicos puedan ser elegibles a recibir los beneficios de salud en su totalidad. La medida también reducirá los servicios preventivos de treinta (30) días como esta establecido actualmente, a unos quince (15) días. Actualmente, según la Ley 194, todo asegurado de un plan médico tiene que esperar un término de tiempo que puede llegar hasta los noventa (90) días, previo a poder recibir la totalidad de los servicios que se definen en la póliza que suscribió. Esto imposibilita a algunos asegurados de recibir tratamientos, intervenciones o estudios hasta después de cumplidos los pasados noventa (90) días. Cabe destacar que la Ley 194 si expresa que los servicios de sala de emergencias no tendrán periodo de espera.
Para la Senadora Moran no hace ningún sentido permitir por Ley que un plan médico le aplique a sus suscriptores un periodo de espera de hasta tres meses cuando ya la póliza fue firmada por las partes y el asegurado esta pagando por la misma. “Los pacientes no escogen cuando enfermarse, tampoco escogen cuando accidentarse, y muchos menos escogen cuando una enfermedad terminal los atacará. Si el ciudadano firmó y paga una póliza con un plan médico, el servicio debe hacerse disponible sin dilación alguna y lo antes posible.”
Sobre la falta de pago a tiempo a los proveedores de salud por parte de las aseguradoras Moran Trinidad expresó que “Puerto Rico se encuentra en uno de los momentos más difíciles de la historia en cuanto a la escasez de servicios médicos. Y gran parte de esa crisis es por culpa de las aseguradoras y organizaciones de servicios de salud que no están cumpliendo con sus pagos a los médicos y proveedores. Lo vemos a diario en los reclamos de la clase médica cuando visitamos sus consultorios; en la emigración de estos profesionales porque no reciben sus pagos para mantener sus oficinas; en la escasez de más médicos; en el cierre de facilidades médicas; y en la quiebra y cierre de hospitales. Es muestra suficiente para que legislemos y obliguemos a que se cumpla con el pago oportuno, y proveer la estabilidad y la confianza en los servicios ofrecidos y en el sistema de salud,”.
La Legisladora culminó diciendo que estará pendiente al trabajo que realiza el Comisionado de Seguros de Puerto Rico y el desempeño de su agencia sobre la fiscalización a las aseguradoras. “El Gobierno de Puerto Rico tiene la responsabilidad ineludible de garantizar el acceso y velar por el ofrecimiento eficiente de los servicios de salud a la ciudadanía. Si los médicos llevan años reclamando públicamente sobre el incumplimiento de estas compañías y sus estrategias para evadir el pago a tiempo de sus deudas, es al Comisionado de Seguros a quien le toca investigar y fiscalizar con más rigor las denuncias que se realizan. Necesitamos que la Oficina del Comisionado de Seguros de Puerto Rico haga cumplir las disposiciones aquí señaladas para el beneficio de todos y no continuar especulando de que dicha oficina trabaja como una extensión de las aseguradoras y que no atienden los reclamos de la clase médica entre otras situaciones.”
