(El Capitolio) — La Comisión de Seguridad Pública y Asuntos del Veterano que preside el senador, Gregorio Matías Rosario, celebró una vista pública para evaluar el Proyecto del Senado 34, que establecería como política pública la creación de un programa de rehabilitación terapéutico especializado denominado “Comunidad Terapéutica” (CT) para lograr la rehabilitación de la población penal en Puerto Rico con problemas de dependencia y adicción a sustancias controladas.
La pieza legislativa de la autoría del presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, busca adoptar la “Ley del Programa de Rehabilitación de Comunidades Terapéuticas”. Autorizando la implementación del modelo concebido bajo el denominado Programa de Rehabilitación de Comunidades Terapéuticas en aquellas instituciones penales que así lo entienda pertinente el Secretario del DCR.
En la exposición de motivos se indica que estudios realizados han arrojado que alrededor del 70 por ciento de las personas que ingresaron al sistema correccional de Puerto Rico habían cometido algún acto delictivo asociado con el uso de alcohol y/o drogas. “Además, según las estadísticas, aproximadamente el 77 por ciento de los confinados y las confinadas indicó haber usado drogas y/o alcohol. Entre las sustancias más utilizadas, estaban los opiáceos, cocaína, alcohol, marihuana, crack y benzodiazepinas”, expone la exposición de motivos de la medida.
Como parte de la audiencia, el licenciado Pedro Vargas en representación del DCR participó como deponente y dijo que apoyan la medida. “Tenemos que reconocer que el enfoque de rehabilitación denominado como Comunidad Terapéutica ha sido reconocido como efectivo por el National Institute on Drug Abuse (NIDA). En una investigación publicada por NIDA y revisada en el mes de julio del año 2015 señalan que “en general, los estudios encuentran que los participantes de la comunidad terapéutica (CT) muestran mejoras en el abuso de sustancias, el comportamiento criminal y los síntomas de salud mental; esto es especialmente cierto para los participantes que ingresan al tratamiento con los problemas más graves».
También, Vargas explicó que, en cuanto a confinados, esta publicación señala que “los CT modificados para prisioneros y las personas con trastornos concurrentes son efectivas y que los participantes con problemas menos graves que participan en el tratamiento ambulatorio o diurno en CT también muestran un aumento de los resultados positivos”. Además, Vargas solicitó la ayuda de la Comisión para que en la confección del próximo presupuesto se identifiquen fondos para este programa debido al reto fiscal que enfrentan actualmente basado en el plan fiscal vigente.
Matías preguntó cuántos fondos están destinados en el DCR para la rehabilitación. Vargas respondió que gran parte del presupuesto se destina al renglón de nómina, pero al momento no tiene el detalle en el área de rehabilitación. El senador le concedió cinco días al deponente para someter el detalle a la Comisión.
Igualmente, Matías preguntó sobre la evaluación inicial que recibe la persona que llega a la institución penal. Vargas explicó que tienen 24 horas para una evaluación completa a la persona que entra al sistema correccional desde el área dental hasta el uso problemático de sustancias. Si se detecta que la persona necesita medicamentos, se traslada a la unidad médica para estabilización y de ser necesario se pasa al área de salud mental. “Sean sumariados o sentenciados la ayuda hay que dársela”, afirmó Vargas.
En su turno, la senadora de mayoría, Brenda Pérez Soto, preguntó cuáles serían los criterios para los participantes del programa. Vargas indicó que la referencia actual son los dos centros actuales que tiene el DCR en Arecibo y el Hogar Intermedio Para Mujeres. Indicó que en estos programas los criterios son el ser usuario de sustancias controladas; estar en custodia mínima; no tener requisitorias pendientes; tener estado de salud que le permita valerse por sí mismo y el tiempo que le queda para cumplir bajo palabra; entre otros.
En la misma línea, la senadora del Partido Popular Democrático, Ada Álvarez Conde, preguntó cuáles serían las facilidades pertinentes que atiende el DCR en términos de salud mental actualmente. Vargas detalló que los programas del DCR están divididos en diferentes áreas. Entre los mismos, mencionó como ejemplo la Institución Ponce 500 que tiene un programa de metadona en colaboración con ASSMCA y cuenta con 39 participantes con expectativas de ampliarlo a Aguadilla y Bayamón. También, la Unidad Psicosocial para Féminas en Bayamón y el Centro Médico Correccional que trabaja en áreas de salud mental. Igualmente, con educadores de salud se llevan a cabo talleres de servicios ambulatorios sobre temas de salud y prevención de condiciones médicas.
Además, en apoyo a la medida se presentó ante la Comisión el Lcdo. Hernán Vélez en representación de la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción (ASSMCA). El deponente detalló varias recomendaciones para incluir en el proyecto. Mencionó que el secretario del DCR “debe ser la persona encargada de escoger e implementar el o los modelos basados en la evidencia que se ajusten a la necesidad de la población correccional. El enfoque de esta ley debe estar dirigida a darle la potestad de selección al secretario en vez de imponerle el uso de un modelo en particular”.
Además, recomendó que se deben evaluar otras alternativas como ampliar el Programa de Tratamiento Asistido con Medicamento (PTAM) actual para lograr impactar a todas las instituciones correccionales. El PTAM es una práctica basada en la evidencia que ha demostrado su efectividad con la población con trastorno por consumo de opiáceos.
A preguntas de la senadora de mayoría, Nitza Moran Trinidad, sobre las recomendaciones de ASSMCA, Vélez dijo que la recomendación, “tal como establecimos en nuestro memorial, es que traten de identificarse otras alternativas que puedan ser iguales, que tengan igual o mejor efecto. Nuestra preocupación, como la establecimos al departamento, es la flexibilidad de entender qué parte de su población, qué terapia va a ser la más efectiva. Como todos conocemos la salud mental es compleja y el tratamiento que funciona para una persona, para otra persona que representa los mismos síntomas a lo mejor ese tratamiento no es efectivo. Nuestra recomendación es darle el máximo de las alternativas posibles al DCR”.
Álvarez preguntó al deponente cuáles son los programas de adicción para los que no están privados de la libertad. Vélez mencionó que “trabajamos la situación desde la perspectiva de tratamiento y prevención”. Detalló que tienen tres residencias de tratamiento, dos de varones y uno de mujeres como etapa intermedia. Explicó que se le brinda tratamiento en un periodo de 30 días para personas que así lo necesitan. Además, cuando está en etapa de crisis, cuentan con una unidad estabilizadora de alcoholismo en el Centro Médico. Asimismo, tienen clínicas de forma ambulatoria para tratamiento de metadona; entre otros programas.
Por su parte, se excusó de la audiencia la Asociación de Psicología de Puerto Rico, pero presentó ponencia respaldando la implementación del Programa de Comunidades Terapéuticas en las instituciones penales. “Siempre que su diseño y ejecución reflejen un enfoque integral que incluya atención a la salud mental, continuidad en la reinserción social y acceso a tratamientos médicos basados en evidencia. Hacemos un llamado a esta Comisión y a los responsables de la implementación de esta ley para que integren estos elementos clave, garantizando así una rehabilitación efectiva y sostenible para la población penal con trastornos por uso de sustancias”, indicó Yesenia Delgado, presidenta de la Asociación.
De otro lado, también se excusó de la vista, pero presentó ponencia a la Comisión, Lydael Vega, presidenta de la Junta Directiva del Colegio de Profesionales del Trabajo Social. En su ponencia Vega expresó que se oponen a la medida. “Nos oponemos a este proyecto…Es necesario que las personas confinadas con uso problemático de sustancias reciban servicios e intervenciones que respeten sus derechos y dignidad humana, provista por profesionales con el ‘expertis’, considerando el uso de diferentes tratamientos”, menciona la ponencia del Colegio.
