San Juan, Puerto Rico – Ante la imposibilidad de lograr una reunión con el presidente de la Cámara de Representantes, Rafael Hernández, un grupo representativo de la industria de bienes raíces urgió hoy a dichos profesionales a organizar un frente unido en contra del proyecto 1416 radicado por el presidente de la Cámara. Este proyecto enmienda el Código de Rentas Internas para añadir requisitos a las planillas informativas que preparan los notarios, lo que representa un costo oneroso a los ciudadanos que participan en las transacciones de compra-venta de bienes inmuebles.
Rafael Ferreira Cintrón, abogado financiero y portavoz del grupo, afirmó que “el 17 de octubre de este año enviamos al presidente de la Cámara de Representantes una carta en la que solicitamos una reunión con él para plantear nuestras preocupaciones sobre la medida, sin que a esta fecha hayamos recibido respuesta. Los profesionales de bienes raíces, en protección de esta industria estrictamente reglamentada y en defensa de los intereses del pueblo de Puerto Rico, públicamente volvemos a requerir esta reunión”. El grupo incluye corredores de bienes raíces, investigadores de título, notarios y pasados integrantes de la Junta Examinadora de Vendedores y Corredores de Bienes Raíces.
Ferreira Cintrón indicó que “en el cierre de la sesión ordinaria el pasado 29 de junio, el presidente cameral introdujo estas enmiendas que, luego del reclamo judicial unánime de los grupos colegiados de abogados culminó en que el tribunal declarara inconstitucional dichas enmiendas. Posterior a la decisión judicial, el representante Hernández creó una Comisión Especial y radicó esta medida que recoge las mismas enmiendas para supuestamente salvar el obstáculo constitucional”.
Milton Serrano Junior, quien fuera seleccionado por la Puerto Rico Association of Realtors como profesional destacado del año afirmó que “según indicamos en nuestra comunicación al señor presidente de la Cámara de Representantes, nos oponemos a la aprobación de las enmiendas incluidas en el Proyecto 1416 por las siguientes razones:
- Incluye un nuevo requisito de informe de tasación, así como un plano de mensura y una certificación de procedencia de fondos en la planilla que presentan los notarios al Departamento de Hacienda al realizar transacciones relacionadas con la segregación, agrupación o traslado de titularidad de bienes inmuebles en ventas en efectivo. Esta intervención del estado perjudica el ritmo natural del negocio de bienes raíces y tiene un efecto adverso en la apreciación de los bienes inmuebles, afectando así el patrimonio de las familias puertorriqueñas y provocando una demora en el trámite de la compra-venta de dichas propiedades y un cargo adicional sumamente oneroso a los vendedores y compradores.
- Los gastos adicionales, que significarían miles dólares en transacciones residenciales en muchos de los casos, harán que la transacción no sea viable.
- Estos nuevos requerimientos son una intromisión indebida e inconstitucional del Estado en las negociaciones de propiedades inmuebles privadas entre los ciudadanos que participan de dichas transacciones ya que su efecto crea una disonancia cognitiva que afecta las expectativas de las partes creando fricción y dudas en una decisión ya tomada libre y voluntariamente.
- Existe una limitación en el número de profesionales disponibles que se necesitan para el cumplimiento de estos nuevos requisitos. En la actualidad, estos profesionales ya confrontan dificultades para presentar, con agilidad y prontitud, las evaluaciones que llevan a cabo. Más aún, esta nueva carga representará un aumento en el costo de las tasaciones, planos de mesura o plot plan, descripción geoespacial del plano de segregación, etcétera.
- El valor de las propiedades es dinámico y se afecta por diferentes parámetros de manera constante. Un informe de tasación es solo un parámetro establecido por una persona y elementos que influyan su criterio.
- Estos nuevos requerimientos van más allá de las transacciones que en origen se querían regular en la compra-venta de bienes inmuebles por compradores de Ley 60. El impacto de esta legislación alcanzará transacciones de los puertorriqueños aumentando su costo y creando incertidumbre en el mercado.
- Esta legislación afecta aquellas transacciones de emergencia, a las que los propietarios recurren para operaciones quirúrgicas y tratamientos de salud y para poder evitar la pérdida de las mismas por quiebras o desempleo inesperado y tantos otros motivos que se manejan a diario en nuestro país.
- Se le impone, innecesariamente al comprador, que presente evidencia de la procedencia de sus fondos, asunto que está atendido por la banca y otras instituciones financieras que están reguladas por las disposiciones de la legislación “Know Your Customer” y que el FDIC monitorea. Una vez la institución emite cheques de gerente, ha ocurrido un monitoreo cercano de la institución.”
“Queremos consignar que entendemos el interés del Estado en evitar que inescrupulosos dejen de informar el monto real de transacciones en efectivo o que informen valores más bajos para evadir responsabilidades contributivas. Sin embargo, la legislación propuesta no atiende ni salva ese escollo y levanta incertidumbre en la manera en que se hace negocios. El Departamento de Hacienda tiene la data necesaria para establecer el por ciento en que estas circunstancias ocurren; calcular las posibles pérdidas que puedan producir y proponer alternativas con las que estaríamos dispuestos a participar en su formulación”, indicó Joan Crespo, integrante adicional del grupo y expresidenta del Bayamón Board of Realtors.
“Hacemos un llamado a los profesionales de esta industria para que se unan a este esfuerzo de detener esta legislación que afecta la estabilidad de la industria, las transacciones que de buena fe llevan a cabo los ciudadanos y retrasa aún más la capacidad de los tasadores y profesionales relacionados en el cumplimiento de estos injustos y onerosos requerimientos”, concluyó diciendo el licenciado Ferreira Cintrón.
