(El Capitolio –28 de febrero de 2025)- El director de la Asociación de Productores de Energía Renovable (APER), Julián Herencia, aseguró que los proyectos de energía renovable y almacenamiento en baterías a escala de utilidad, es la respuesta que se necesita para poder llegar al 30 por ciento de generación que alude el Negociado de Energía para el 2028 y así reducir los eventos de apagones o relevos de carga.
En vista pública de la Comisión de Gobierno, que preside el representante Víctor L. Parés, en la que se discutió bajo la Resolución de la Cámara 42, el tema de los proyectos de energía renovable, el director ejecutivo de APER aseguró que “el componente de almacenamiento de los proyectos aprobados, junto con el proyecto de baterías de Genera y los propuestos bajo el Programa Acelerado de Adición de Almacenamiento (ASAP)reducirán los eventos de apagones o relevos de carga por falta de generación en un 85 por ciento”, ya que ofrecerían 850 megavatios una vez comience a funcionar.
“Los proyectos de energía renovable y almacenamiento en baterías pueden estar en operación comercial en promedio entre 12 a 18 meses desde el inicio de construcción. En contraste, proyectos permanentes de generación a base de combustibles fósiles, tales como tecnologías de ciclo combinado, tienen un término de desarrollo entre cinco a siete años”, indicó el deponente.
Sin embargo, Herencia recomendó que se enmiende la legislación vigente y se establezca un comité especializado en la agencia encargada de aprobar los permisos, de modo que “podamos responder más rápido a la demanda del mercado”.
A preguntas del presidente de la comisión, Parés Otero, sobre cuál agencia se demora más tiempo en expedir los permisos necesarios, Herencia mencionó la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe) ya que puede tardar hasta dos años en otorgarles el permiso.
El deponente también sugirió “eliminar el límite 60 meses establecido en la Ley 17 de 2019 (Ley de Política Pública Energética) para hacerlo extensivo a todas las fases de los proyectos de generación y almacenamiento de energía en baterías. Nuestros proyectos pasan por intensivos escrutinios estatales y federales en la mayoría de los casos, a los cuales se responde con especial atención y detenimiento, pero necesitamos un proceso ágil y efectivo que permita atender la emergencia energética con la urgencia que amerita”.
Ante ello, el representante Luis “Junior” Pérez Ortiz, les solicitó una lista donde desglosen los permisos necesarios para sus proyectos de modo que se pudieran encontrar alternativas para acelerar la otorgación de permisos.
Por su parte, las representantes Lisie J. Burgos Muñiz y Adriana Gutiérrez Colón cuestionaron sobre los temas del uso de terrenos agrícolas para la instalación de las fincas de placas solares y los eventos de inundaciones que han traído a la palestra pública los detractores de esta tecnología.
Tanto Herencia, como Omar Vega, quien es miembro de APER, señalaron que en términos científicos la ubicación de las fincas de placas solares no afecta la agricultura en la zona. Vega trajo como ejemplo la crianza de ovejas en el proyecto AES Ilumina.
Asimismo, Adrián Stella, presidente exoficio de APER, mencionó que esta crianza genera cinco mil platos de comida, ya que se da una sinergia entre la generación sostenible de energía y la actividad agrícola.
Incluso, se trajo el dato que el alquiler de los terrenos para estas fincas de placas representa hasta un 20 por ciento del presupuesto de la Autoridad de Tierras.
En torno a las inundaciones de los terrenos, específicamente en el barrio El Coquí en Salinas, Vega informó que- según un proyecto de información y estudio realizado por los recintos de Río Piedras, Utuado y Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico- se concluyó que estos anteriormente habían sufrido de inundaciones.
Durante los trabajos de esta audiencia y los datos ofrecidos por los representantes de APER, se revela que actualmente hay cinco proyectos de los cuales Ciro One, ubicado en Salinas, será el que comenzará a energizar a 60 mil hogares durante el 2025.
Junto a los restantes cuatro proyectos ubicados en el barrio Jobos en Guayama, en Salinas y Yabucoa se añadirá 1,025 megavatios de generación y 1,028 megavatios de almacenamiento.
Al finalizar la vista, el representante Parés Otero señaló que “la energía nueva que estas fincas producirá impactará a más de 600 mil hogares en Puerto Rico a un precio promedio de 11.99 centavos el kilovatio/hora, lo que es un producto atractivo para el bolsillo del consumidor”.
“Nuestra Comisión va a estar trabajando para ir dándole seguimiento a que estos proyectos puedan desarrollarse lo más pronto posible, en cumplimiento con la ley y los reglamentos, pero que sean proyectos viables para Puerto Rico, para que según la política pública nuestra y de la Gobernadora tengamos en un periodo de tiempo no muy largo suficiente generación para que el sistema de energía sea uno estable y a buen precio”, dijo el legislador.
Parés Otero añadió que citará al Departamento de Agricultura, OGPe, la Autoridad de Energía Eléctrica, el designado zar de energía y director ejecutivo de la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas (APP), ingeniero Josué Colón Ortiz, para armonizar los puntos necesarios y así estas fincas puedan funcionar lo más pronto posible, siempre cumpliendo con la ley.
