Los alcaldes de Comerío, Isabela y Hormigueros le pidieron al congresista Rául Grijalva, presidente de la comisión del Congreso con jurisdicción sobre los temas de Puerto Rico, que vuelva a someter el proyecto de ley que busca enmendar la Ley PROMESA (HR 6975), con lenguaje que saque a los municipios del marco de acción de la Junta de Control Fiscal (JCF).
También solicitaron que se incluyan disposiciones para que mediante una fórmula similar a la que se usa para garantizar fondos públicos anualmente para la Universidad de Puerto Rico, se destinen $300 millones al año para el Fondo de Equiparación del Centro de Recaudación de Ingresos Municipales, cuya eliminación gradual está proponiendo la junta.
“PROMESA fue diseñado para hacer frente al gobierno central y a la quiebra de servicios públicos. No se pretendía que se inmiscuyera en las finanzas y operaciones de los gobiernos municipales en Puerto Rico. Designar a todos los municipios como Instrumentos Territoriales Cubiertos parece excesivo y un ejercicio arbitrario de discreción en la aplicación de PROMESA, particularmente cuando ninguno de los gobiernos municipales fue la fuente de la deuda de $72 mil millones que motivó la promulgación de PROMESA. De hecho, las obligaciones financieras de los gobiernos municipales con el Banco Gubernamental de Fomento se cumplieron según lo acordado y ordenado por el Código Municipal de Puerto Rico, que requiere un pago por adelantado de un año en estas obligaciones”, expresaron los alcaldes José A. Santiago de Comerío, Miguel Méndez Pérez de Isabela y Pedro García Figueroa de Hormigueros en una carta a Grijalva suscrita por los tres.
Los alcaldes explican en su carta que “para el año fiscal 2025, cuando se elimine el Fondo de Equiparación en su totalidad, solo en Comerío, las severas limitaciones contra el fondo establecidas por la junta representarán una reducción presupuestaria de 66% y el despido de 90% de los empleados municipales. Hasta el momento, en Isabela, la disminución de las transferencias del fondo ha representado una reducción presupuestaria de 59% y una reducción presupuestaria del 40% en Hormigueros, lo que ha afectado la prestación de muchos servicios a nivel municipal”. También destacan que todos los alcaldes, así como el gobernador Pedro Pierluisi y la Asamblea Legislativa se oponen a tales medidas de austeridad de la junta contra los municipios.
“La junta debe ser limitada en alcance y funciones, por lo que le pedimos que exima a los municipios del alcance del estatuto de la junta y de PROMESA”, pidieron firmemente los alcaldes a Grijalva, uniéndose al pedido de la Asociación de Alcaldes y la Federación de Municipios para que una vez reestructurada la deuda del gobierno, la vida de la junta se limite a seis meses adicionales.
“Los gobiernos municipales de Puerto Rico representan la primera línea de la prestación de servicios críticos a las personas necesitadas. También contribuyen con casi $500 millones en transferencias al Estado Libre Asociado distribuidas entre el Seguro de Salud de Puerto Rico (conocido inicialmente como reforma y ahora como el Plan Vital), el Sistema de Retiro de los Empleados del Estado Libre Asociado y para el pago del servicio de la deuda del Estado Libre Asociado a través del Fondo de Redención”, que se nutre del impuesto sobre la propiedad, que aunque se supone que es una fuente de ingresos municipales, por ley, destina $120 millones anuales al gobierno central para el pago de deuda de sus bonos.
