El Capitolio – La Comisión de Gobierno que preside el senador Ramón Ruíz Nieves, comenzó la evaluación del Proyecto del Senado 975 que busca, entre otras disposiciones, agilizar la resolución de las controversias entre los aseguradores y proveedores de servicios de salud y la Administración de Servicios Médicos (ASEM) sobre facturas adeudadas en reconciliación relacionadas al Plan de Práctica Médica Intramural (PPMI) del Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico.
“Es necesario reconocer que los propósitos de este proyecto son fundamentales a los fines de garantizar los recursos económicos correspondientes a ASEM, entiéndase Centro Médico de Puerto Rico de la práctica de Medicina Intramural. Precisamente, dentro del contexto actual del reclamo legítimo de la clase médica sobre la necesidad de buscar alternativas para garantizar su pago sobre los servicios ya prestados, para culminar estos procesos sobre el cobro de deuda…Estamos buscando de qué forma podemos trabajar para que el proceso de reconciliación no siga siendo un proceso abierto. El problema es que encontramos que el proceso no está regulado”, manifestó Ruíz Nieves, quien es autor de la medida junto al presidente del Senado, José Luis Dalmau Santiago y el senador Rubén Soto.
En su ponencia, el Comisionado de Seguros, Alexander Adams, favoreció la medida con enmiendas y expresó que “acogemos la propuesta de concedernos la facultad en ley para servir como foro primario para dilucidar las controversias sobre deudas en reconciliación entre los aseguradores y organizaciones de servicios de salud con instituciones de salud gubernamentales que interesen contratar con el Gobierno de Puerto Rico. De esta forma, contribuiremos a agilizar la determinación y el pago de las reclamaciones de servicios de salud prestados, tanto a ASEM como al Plan de Práctica Médica Intramural y aportar así, a su sostén económico”.
Asimismo, Adams indicó que están haciendo auditorías de manera general sobre cuentas pendientes por pagar para asegurar el pago a los proveedores. A su vez, el deponente indicó que las dilaciones en los pagos limitan el flujo de efectivo para las operaciones como por ejemplo los laboratorios para la administración de pruebas de Covid… “se afecta el acceso a los servicios de salud por estas dilaciones o demoras en el pago por servicios prestados a los médicos”.
La pieza legislativa en discusión busca enmendar la “Ley para Establecer Parámetros Uniformes en los Procesos de Contratación de Servicios Profesionales y Consultivos para las Agencias y Entidades Gubernamentales del Estado Libre Asociado» y la “Ley de la Administración de Seguros de Salud”, a los fines de añadir entre los requisitos para que todo asegurador o proveedor de servicios de salud pueda contratar con cualquier instrumentalidad del Gobierno el certificar que no posee deuda pendiente de pago con el PPMI.
Además, establece un término inicial de 30 días desde que el contratista certifique en la alternativa que se encuentra en un proceso activo de reconciliación de facturas y pagos, según dispuesto en dichas leyes, que podrá extenderse por acuerdo escrito entre las partes a otros veinte 20 días adicionales; y de no culminar dicho proceso en dichos plazos se remitirá el mismo al Comisionado de Seguros para que en un plazo no mayor de treinta 30 días adjudique la controversia y establezca la deuda líquida y exigible a pagarse.
Por su parte, el director ejecutivo del PPMI, José Camacho, endosó la medida. “Expresamos nuestro total respaldo a la medida de referencia, y nuestra exhortación a que se evalúen y atiendan las recomendaciones y observaciones”, indicó. “Históricamente el PPMI ha acumulado cuentas por cobrar de las aseguradoras que terminan sin cobrar o en pagos negociados menores al total adeudado. Por esa razón, al presente el PPMI mantiene unos $79millones en cuentas incobrables cuyo envejecimiento excede los 10-15 años. De igual forma, mantiene entre $19 millones y $39 millones en cuentas activas por cobrar, producto de las operaciones corrientes de la clínica y en otras, por denegaciones, rechazos o trabas de las aseguradoras para realizar los pagos”, añadió.
Ante preguntas del senador Ruíz Nieves sobre la posibilidad de recobrar el dinero, Camacho indicó que de los últimos cinco años se puede hacer alguna gestión de cobro por la documentación existente. Igualmente, mencionó que el Comisionado de Seguros se le acercó para ver de qué manera pueden trabajar en esa dirección.
Igualmente, la licenciada Roxana Rosario de la Administración de Seguros de Salud (ASES) expresó que “concurrimos con las observaciones realizadas en la Exposición de Motivos del proyecto entendemos que para mantener una sana administración y asegurar una mejor provisión de servicios de salud en las propias entidades hospitalarias del Gobierno de Puerto Rico, es de gran importancia una situación fiscal saludable”.
Rosario explicó que debido al modelo de cuidado coordinado del Plan de Salud del Gobierno (Plan Vital), para que los aproximadamente 1.4 millones de beneficiarios del Plan Vital tengan acceso a servicios, es necesaria la contratación con las aseguradoras encargadas en brindar los servicios médicos. “Por tal razón, el proceso de reconciliación, tal como lo pretende este proyecto de Ley, no puede tener un efecto de interrumpir las contrataciones existentes, ya que resultaría en detrimento de los servicios de salud que reciben nuestros beneficiarios”, abundó.
El Departamento de Salud, aunque no compareció a la audiencia, favoreció la pieza legislativa mediante un memorial explicativo en el que destaca que “desde el punto de vista salubrista, reiteramos nuestro aval a la intención legislativa contenido en el proyecto. Coincidimos con la intención del legislador de proveer herramientas legales adicionales que robustezcan y permitan proveer recursos suficientes a los diferentes componentes de nuestro sistema para beneficio de toda la población”.
