(San Juan, P.R.) – El comienzo del tercer día de vistas de transición del Municipio de San Juan, estuvo enmarcado en una serie de aclaraciones que el presidente del Comité de Transición Entrante, el CPA Manuel Díaz Saldaña, tuvo a su bien hacer sobre sus ejecutorias profesionales, así como los objetivos trazados del proceso de transición iniciado por orden del Tribunal Supremo.
Aclaró que, contrario a unas declaraciones de la alcaldesa saliente, nunca ha sido senador ni ha ocupado puesto electivo alguno. Acto seguido, Díaz Saldaña mencionó que una comunicación cursada por la administración saliente dirigida al alcalde electo estaba incompleta, contrario a lo indicado en la misiva.
“Ya va una semana desde que se solicitó este documento y al día de hoy no lo hemos recibido. Continuamos con la falta de profesionalismo y formalidad. Al parecer, la administración saliente desea que regresemos al Tribunal Supremo para que se haga valer la decisión”, manifestó Díaz Saldaña.
La dependencia citada para el tercer día de vistas, fue el Departamento de Salud capitalino. Esta, estuvo liderada además del presidente, por el doctor Luis V. Clas Fernández.
El presupuesto asignado para Salud municipal en el año fiscal 2019-2020 es de $94 millones, una reducción de casi un 50% de años anteriores. De estos, $80 millones son asignados para asuntos hospitalarios, pero la administración saliente, no pudo precisar la asignación total para el Hospital Municipal de San Juan.
Trascendió que, a pesar de la crisis que se atraviesa a nivel mundial a consecuencia de la pandemia, el Municipio de San Juan no cuenta con los fondos suficientes para el manejo de una posible alza en los contagios y las hospitalizaciones tras las festividades.
En cambio, se informó que al momento, el Hospital Municipal no está recibiendo la cantidad máxima de pacientes positivos a COVID.
El grupo multidisciplinario o “Task Force” del municipio enfocado en atender la pandemia, carece de una herramienta específica como un “Dash Board” para obtener los datos y cifras sobre el desarrollo de casos positivos de COVID-19.
La administración cuenta con aproximadamente 20 rastreadores de contacto, una cifra muy por debajo de lo recomendado por los modelos e insuficiente para atender la alta tasa de transmisión comunitaria. A esto, se reconoció que es una iniciativa que hay que reforzar. Aunque se ha intentado reforzar el personal, por un alegado miedo a la enfermedad, los esfuerzos han sido infructuosos.
Sobre el proceso de vacunación, la administración saliente reconoció que apenas comienzan el diálogo con el Departamento de Salud del Gobierno de Puerto Rico. En cambio, al momento no se tiene un plan para atender la posible renuencia ciudadana a la vacunación.
En una visita realizada a las instalaciones médicas del Municipio, se halló que en el Centro VIDA, un programa de ayuda médica a pacientes con VIH, hay alrededor de $2 millones en medicamentos expirados, pero no se tiene un proceso adecuado de decomisación.
Ante esto, la administración saliente detalló que hay pacientes que por diversas razones dejan de utilizar los medicamentos despachados y proceden a devolverlos a la farmacia, lo que es una evidente violación a la Ley de Farmacia.
En la farmacia del Centro, se detectó que no se lleva un inventario de medicamentos y el procedimiento para hacer compra no está bien definido.
En tanto, se aclaró que el Municipio de San Juan no cuenta con Telemedicina, contrario a lo comunicado por la administración.
El Hospital Municipal de San Juan, carece además de un plan estratégico, a pesar de que en los últimos ocho años ha habido nueve administradores del Hospital Municipal, lo que dificulta la ejecución y continuidad de los servicios. Esto, afloró que puede deberse a que el Municipio adolece de un sistema de evaluación de talentos efectivo o un ambiente laboral hostil.
Finalmente, el CPA Manuel Díaz Saldaña, reveló que la directora del Departamento de Salud, no han prestado juramento de fidelidad a la Constitución de los Estados Unidos de América y a la Constitución y a las leyes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, para ejercer sus funciones tal y como establece el Artículo VI Sección 16 de la Constitución de Puerto Rico. Esto debido a que ambos funcionarios autorizan o desautorizan y disponen de la utilización de propiedad y fondos públicos.