Un gran jurado federal radicó cargos contra nueve individuos por traficar armas de fuego sin licencia en Puerto Rico, según anunció el fiscal federal para el Distrito de Puerto Rico, Stephen Muldrow.
La acusación radicada, Kenrick Vargas-Castro, Emmanuel Rivera-Figueroa, Christopher Shaquille Pérez-Álvarez, Kassandra Cruz y Mariam Figueroa Alicea, estuvieron involucrado en negociar armas de manera ilegal.
La conspiración consistía en enviar estas armas desde Texas hasta Puerto Rico con fines de hacer dinero.
Pérez Álvarez era el encargado de comprar las armas en Texas y enviarlas a la Isla donde los otros co-conspitadores las llevaban hasta diversos individuos a cambio de dinero.
Asimismo, Figueroa Alicea también compró armas en el estado y recibió dinero de transferencias de los otros acusados que se localizaban en puerto Rico.
En el caso de Cruz, esta preparaba las armas para enviarlas por correo y recibió dinero de estas transacciones.
Vargas-Castro también es acusado de llevar las armas hasta los compradores, mientras que Rivera-Figueroa recibía armas de los demás para llevarlos a otros individuos.
Una segunda acusación también radicó cargos contra Vargas-Castro y Kevin Ramos, Leemarie Torres-Castro, Julio Torres-Castro, Emmanuel Rivera-Figueroa y Christian Pérez-Álvarez, por conspirar para distribuir más de cinco kilos de cocaína que estaba en su posesión.
Estos acusados se enfrentan a una acusación de confiscación de estupefacientes valorados en 66,933 dólares.
A estos mismos acusados se les impuso la tercera demanda por usar medios de comunicación como teléfonos y el correo de Estados Unidos para facilitar el tráfico de armas.
Los cuartos cargos radicados corresponden a lavado de dinero contra Vargas-Castro, Ramos y Torres-Castro, por haber transportado dinero en maletines a través de vuelos comerciales hacia Puerto Rico que constituían una suma de $66,291.
Los acusados deberán ceder al gobierno federal múltiples armas en su poseción.
«Procesaremos enérgicamente a los involucrados en el tráfico ilegal de drogas y armas de fuego, que posteriormente se utilizan en la comisión de crímenes violentos como los tiroteos que hemos visto últimamente en nuestras comunidades», dijo Muldrow en declaraciones escritas.
Por su parte, el agente especial de Seguridad Nacional en San Juan, Iván Arvelo, aseguró que esta «acusación y detención de estas personas envía un mensaje claro a los involucrados en el lavado de dinero, así como el tráfico ilegal de drogas y armas».
«ICE HSI, junto con autoridades locales, estatales y federales, irá tras ellos, los llevará ante la justicia y se apoderará de los activos producidos por su actividad ilícita», afirmó.
Los acusados se enfrentan a cinco años en prisión federal por tráfico de armas, hasta 20 por tráfico de drogas y otros 20 por lavado de dinero.
