SAN JUAN, Puerto Rico – El fiscal federal W. Stephen Muldrow del Distrito de Puerto Rico anunció que después de un juicio con jurado de cinco días, un jurado federal condenó a Jorge L. Armenteros-Chervoni el viernes 18 de noviembre por intentar proporcionar contrabando en prisión y por hacer declaraciones falsas en formularios de agencias federales. Armenteros es un abogado con licencia tanto a nivel federal como estatal. El juez principal del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos, Raúl Arias-Marxuach, presidió el juicio.
Según documentos judiciales y pruebas presentadas en el juicio, Armenteros, de 51 años, de San Juan, Puerto Rico, intentó ingresar al Centro de Detención Metropolitano (MDC) en Guaynabo, Puerto Rico el 22 de diciembre de 2021 a través del vestíbulo delantero con dos teléfonos celulares y setenta y cinco tarjetas SIM (Módulo de identidad del suscriptor) escondidas dentro de un compartimento secreto de un sobre de burbujas. Antes de pasar el sobre por seguridad, Armenteros le entregó al oficial del vestíbulo principal tres formularios de Notificación de visitantes de la Oficina de Prisiones, para tres reclusos diferentes, indicando que no tenía en su poder ningún teléfono u otro dispositivo electrónico.
El oficial del vestíbulo principal detectó el contrabando y, después de inspeccionar el sobre de burbujas, lo abrió en presencia de Armenteros. El sobre contenía dos teléfonos móviles y setenta y cinco tarjetas SIM dentro del compartimento secreto del sobre. El testimonio presentado en el juicio describió un mercado negro dentro del MDC para teléfonos celulares y tarjetas SIM de contrabando que los reclusos utilizan para participar en actividades delictivas. Los dos teléfonos celulares tenían un valor conservador de $50,000 cada uno y las tarjetas SIM tenían un valor de $2,000 cada una, por un valor total de los dispositivos electrónicos de contrabando dentro del MDC de aproximadamente $250,000.
El fiscal federal adjunto Julian Radzinschi, de la Unidad de Delitos Violentos, estuvo a cargo de la acusación en el caso, así como el fiscal federal W. Stephen Muldrow. El Negociado Federal de Investigaciones (FBI) se encargó de investigar el caso. La fecha de sentencia está programada para el 16 de febrero de 2023. Las penas máximas por estos delitos son: un año por intentar proporcionar contrabando a los reclusos y hasta cinco años de prisión por mentir en formularios de agencias federales.
