El contralor electoral de Puerto Rico, Walter Vélez Martínez, archivó la querella contra el Comité Pedro Pierluisi, Inc. al determinar que no se encontró evidencia de que dicho comité y Salvemos a Puerto Rico (SPR) hayan coordinado gastos entre sí.
Tampoco halló evidencia de que el comité de Pierluisi y el Partido Nuevo Progresista hayan coordinados gastos entre sí.
“Por todo lo cual, se determinó archivar la Querella, a tenor con la Sección 4.5 del Reglamento número 13 sobre Procedimientos Adjudicativos ante la Oficina del Contralor Electoral, al no haberse encontrado evidencia de que Salvemos a Puerto Rico y el Comité Pedro Pierluisi, Inc. o Salvemos a Puerto Rico y el Partido Nuevo Progresista hayan coordinado gastos entre sí”, determinó Vélez Martínez.
“Tampoco se detectó que De la Cruz hubiera prestado servicios al Comité y, antes del paso de 90 días, hubiera prestado servicios a SPR, luego de haber adquirido conocimiento sobre los planes, proyectos, estrategias, actividades o necesidades del Comité. Por lo cual, basado en los estatutos legales antes expuestos la OCE no puede concluir que existió coordinación de gastos entre SPR y el Comité», agrega.
«De la misma forma, la Ley 222 no prohíbe que un recaudador obtenga un comité de gastos independientes que apoye al mismo candidato. La Ley de donativos, simultáneamente, para un comité de campaña de un candidato y para 222 lo que prohíbe es que los comités de gastos independientes incurran en gastos coordinados con otro comité, según definidos en el Artículo 2.004 (35)», dice la determinación.
En su decisión, el contralor electoral sugiere que sea la Legislatura la que enmiende la Ley 222.
«Primeramente, para dejar sin efecto las enmiendas introducidas por la Ley 58-2020 a la definición de donativo en el Artículo 2.004 (23) de la Ley 222, la cual dificulta grandemente a la OCE realizar señalamientos de coordinación de gastos entre comités de campaña. Véase Nota al calce 7, supra. Igualmente, corresponde a la Asamblea Legislativa evaluar si proceden, o no, dentro de los parámetros constitucionales de la libertad de asociación y libertad de expresión, según interpretados por el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, imponer alguna limitación a los lazos que las personas que organizan comités de gastos independientes y las personas que recaudan fondos para estos puedan tener con los aspirantes o candidatos que apoyan».
La querella fue radicada por el exdirector de campaña de Wanda Vázquez Garced, Jorge Dávila Torres, quien alegaba que SPR se formó con la intención de influenciar un proceso electoral local en Puerto Rico apoyando la elección de Pedro Pierluisi como candidato a gobernador en las primarias del Partido Nuevo Progresista, por lo que debió registrarse ante la Oficina del Contralor Electoral y no en el Federal Election Commission (FEC).
