“Agradezco el trabajo extraordinario de los representantes del interés público en la Junta de Directores de la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas (AAPP), Liza Ortiz Camacho y Eduardo Ferrer Ríos, quienes no claudicaron en defender los intereses del pueblo de Puerto Rico y agotaron todos los remedios a su alcance.
Lamentablemente, el gobierno de Pedro Pierluisi optó por violentar nuestro estado de derecho e ignorar las disposiciones de Ley 120-2018, que requiere el voto afirmativo de ambos integrantes del interés público de la Junta de Directores de la AAPP. Específicamente, la Sección 10 (b) de la Ley 120-2018 establece que se ‘deberá contar con el voto afirmativo de ambos representantes del interés público en el caso de cualquier transacción de la AEE que no involucre la venta de activos de la AEE’.
Para que conste en el récord de forma clara e inequívoca: de la única manera que respaldaríamos extender el contrato suplementario sería para sacar a LUMA de forma ordenada de Puerto Rico. Asimismo, ya agotando todos los procesos administrativos en la AAPP, la Cámara apoyará a los representantes del interés público, quienes tienen legitimidad, en la radicación de un reclamo judicial en la sala de la jueza Laura Taylor Swain en el Tribunal Federal, para anular esta votación y que se lleven los procesos de acuerdo a nuestro estado de derecho, según dispone la Ley 120-2018”.
