La División de Integridad Pública y Asuntos del Contralor (DIPAC) del Departamento de Justicia, en colaboración con el Negociado de Investigaciones Especiales (NIE), completó la investigación preliminar sobre la querella presentada el 2 de mayo de 2022 por el coordinador general del Movimiento Victoria Ciudadana, el exrepresentante Manuel Natal Albelo, la exsenadora, Rossana López León, y el exlegislador municipal de San Juan, Adrián González Costa, en contra del exsenador y actual alcalde del Municipio Autónomo de San Juan, Miguel Romero Lugo, el senador, Juan Oscar Morales Rodríguez, y los representantes, Víctor Parés Otero y Jorge Navarro Suárez, así como del excandidato a representante por el Precinto 2 de San Juan, Sr. Ricardo Rey Ocasio Ramos.
Tras evaluar las alegaciones, la evidencia documental y testifical y las leyes aplicables, la DIPAC concluyó que no existe causa suficiente para creer que los querellados hayan incurrido en posible conducta delictiva bajo nuestro ordenamiento jurídico por los hechos investigados.
En vista de lo anterior, la DIPAC emitió su informe en el que recomienda que no se designe un Fiscal Especial Independiente (FEI). El secretario de Justicia, Domingo Emanuelli Hernández, acogió la recomendación de la DIPAC, y envió hoy a la OPFEI el informe sobre el resultado de la investigación preliminar realizada en la agencia, en colaboración con el NIE, que concluyó que “la prueba recopilada no establece ni corrobora las alegaciones de que el asfalto utilizado en el bacheo de las vías de San Juan fuese pagado con fondos públicos, como tampoco, el que los querellados hayan recibido ni aceptado una propuesta de soborno de parte de alguno de los socios o empleados de JR Asphalt, Inc.”, lee el informe de la DIPAC.
Los querellantes señalaron que había trascendido públicamente que el alcalde Romero Lugo y otros funcionarios del Partido Nuevo Progresista (PNP) habían tenido vínculos con la empresa JR Asphalt, Inc. y que los señores Raymond Rodríguez Santos y Mario Villegas Vargas fueron socios en esa empresa y habían sido acusados en el foro federal por participar en un esquema de soborno a cambio de adjudicarle contratos municipales que beneficiaron a la compañía de asfalto y pavimentación. Por ende, alegaron que pudo haber existido un acuerdo entre el querellado Romero Lugo y los socios de JR Asphalt, Inc. en el cual los últimos realizarían obras de bacheo en las calles de San Juan a cambio de que se les otorgasen contratos municipales en un futuro. Además, los querellantes expusieron que, de acuerdo con las expresiones vertidas por el alcalde Romero Lugo, éste confirmó que no pagó por el asfalto, ni por el personal o la maquinaria que se utilizó para asfaltar varias calles en San Juan durante los años 2019 y 2020. También, los querellantes arguyeron que, ante las presuntas admisiones de los querellados, así como la información reseñada en varios medios de comunicación relacionada a los vínculos del alcalde Romero Lugo con JR Asphalt, Inc., ellos consideran que pudiese haber una serie de violaciones al Código Penal de Puerto Rico.
En el día de hoy se notificó la recomendación a los tres querellantes, así como a todos los implicados.
Debido a que el caso se encuentra ante la consideración de la OPFEI, el secretario y los funcionarios del Departamento de Justicia no emitirán declaraciones adicionales al respecto.
