(El Capitolio – 10 de noviembre de 2022) – Ante la inexistencia de un inventario de viviendas privadas disponibles para alquiler en Puerto Rico, la Cámara de Representantes aprobó este jueves una medida que busca crear un registro de este mercado con los datos y perfiles tanto de arrendadores como de arrendatarios.
El Proyecto de la Cámara 1331, de la autoría del representante popular José “Cheito” Rivera Madera, recibió el aval del cuerpo legislativo durante el último día de aprobación de medidas con 28 votos a favor y 19 votos en contra.
La pieza legislativa persigue facilitar la promoción de una serie de iniciativas dirigidas a este mercado, como el programa de incentivos al arrendador, en el cual se otorga un estímulo monetario adicional al pago de la renta.
Además, el proyecto pretende garantizar ayudas y programas gubernamentales para asistir a personas que atraviesan un proceso de desahucio por incapacidad para pagar las rentas. Según la exposición de motivos de la medida, durante el 2021 se presentaron 700 desahucios en la isla.
“Al no tener un registro de viviendas privadas disponibles para alquiler, se torna difícil poder determinar si Puerto Rico cuenta con una crisis de alquiler. Asimismo, dificulta la planificación de proyectos y desarrollo de zonas”, reza el proyecto de ley.
“El Departamento de la Vivienda es la agencia gubernamental encargada de las propiedades en Puerto Rico. Aunque principalmente enfocan su estrategia en la vivienda pública y el desarrollo de comunidades especiales, es importante que se inserten en el alquiler de propiedades privadas como parte esencial de la oferta de vivienda disponible”, continúa.
El cuerpo legislativo también aprobó el Proyecto de la Cámara 548 para establecer que las residencias nuevas o remodeladas en Puerto Rico sean resistentes ante el inevitable paso de fenómenos atmosféricos. Las viviendas también contarán con métodos alternos de energía eléctrica y agua potable.
La medida, radicada por el portavoz del Partido Popular Democrático (PPD) en la Cámara, Ángel Matos García, busca crear la Ley del Hogar Seguro y Residente y ordenar a la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe) actualizar el Código de Construcción de Puerto Rico.
Por otro lado, el Proyecto de la Cámara 1470 para modificar la fórmula que establece los topes para vivienda unifamiliares y multifamiliares fue avalado durante la sesión legislativa. La medida también busca variar el mecanismo de ajuste administrativo y establecer una moratoria del pago de exacciones por impacto (impact fees) para los proyectos o fases de proyectos que inicien construcción o sean aprobados en o antes del 31 de diciembre de 2025.
Aprueban transferir exempleados de la AEE a los municipios
Con 29 votos a favor y 17 en contra, la Cámara avaló el Proyecto de la Cámara 1498 para transferir a los exempleados de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) que fueron transferidos a entidades gubernamentales bajo el concepto de movilidad sean asignados a trabajar en los Municipios de Puerto Rico.
La medida, de la autoría del representante popular Kebin Maldonado Martiz, fue radicada el pasado octubre a raíz de la respuesta de diversos alcaldes alrededor de la isla que contrataron brigadas de exempleados y retirados de la AEE para poder llevar el servicio de energía eléctrica a sus ciudadanos tras el paso del huracán Fiona.
“Entendemos prudente que estos exempleados de la AEE que fueron asignados a entidades gubernamentales sirven mejor al país estando asignados a los Municipios de Puerto Rico”, reza la exposición de motivos de la pieza legislativa.
“Ciertamente preferimos que estos tomen nuevamente las riendas de la transmisión y distribución de la energía a través de la AEE, pero no siendo probable esa condición laboral bajo la administración estatal actual, sirven mejor a la patria desde los municipios que desde una entidad gubernamental”.
De acuerdo con las disposiciones de la medida, esta transferencia se realiza conservando para los empleados todos los derechos adquiridos conforme a las leyes, normas, convenios colectivos y reglamentos que le sean aplicables, así como los privilegios, obligaciones y estatutos respecto a cualquier sistema de pensión, retiro o fondos de ahorro y préstamos establecidos por ley.
