Solicitan cese y desista a la criminalización de servicios médicos desde las sillas legislativas

 

SAN JUAN, PUERTO RICO— Los videos difundidos el 1 de noviembre de 2022 mediante páginas oficiales de la senadora Joanne Rodriguez Veve sacan de contexto respuestas de la ginecóloga-obstetra Dra. Yari Vale Moreno, tergiversando su testimonio y no considera los múltiples otros testimonios presentados en favor del acceso a la salud sexual y reproductiva. Ello como parte de la campaña anti-aborto accionada por el partido Proyecto Dignidad. Estos videos se fundamentan en propulsar violencia, amedrentamiento y hasta criminalizar a los y las médicas que brindan un servicio de salud esencial para mujeres y personas gestantes en condiciones de vulnerabilidad.

“Participar en una vista pública no puede prestarse para campañas de odio. Ello resulta en un despropósito del proceso democrático que deben ser las vistas públicas. La Dra. Yarí Vale Moreno Ginecóloga-Obstetra es una catedrática y cirujana de alto nivel, con una reputación profesional que excede reconocimientos no solo en Puerto Rico, y este tipo de comportamiento la expone a violencia. Entendemos que viola el uso de su imagen. Ningún senador o senadora puede pretender aprobar proyectos a través de tergiversar y manipular, en este caso la información sobre el aborto en Puerto Rico” Expresó Tania Rosario Méndez, Directora Ejecutiva de Taller Salud.

Así mismo, estos videos repiten la farsa de que en Puerto Rico se realizan abortos a los 8 y 9 meses de embarazo. Esto no es cierto. Esta farsa intenta adelantar la agenda política en favor de sectores ideológicos sectarios o fundamentalistas religiosos, y en total desprecio de la evidencia sobre la práctica del aborto en Puerto Rico.

El Derecho en Puerto Rico no impone un número arbitrario de etapa gestacional para prohibir el aborto porque respeta el ejercicio del criterio médico especializado para evaluar y sugerir alternativas así como protege la relación médico-paciente ante un cuadro de embarazo.

“Recordemos que las terminaciones de embarazo en etapas posteriores a las 20 semanas son una excepción y suceden en su mayoría con embarazos que sí son deseados y/o en situaciones de vulnerabilidad crítica de salud o vida. Las mujeres y personas gestantes que atraviesan este tipo de embarazos y se enfrentan a una posible interrupción del mismo, tienen que contar con el mayor acceso a

información médica certera por parte de su proveedor y tomar la decisión acorde a esas alternativas de su cuadro clínico. La situación es siempre devastadora y compleja para quienes las viven e imponer un número arbitrario desde la ley para prohibir el aborto agrava el sufrimiento de las pocas mujeres y personas gestantes que atraviesan este cuadro clínico y coloca barreras a su acceso de salud”. Expresó Lcda. Frances Collazo Cáceres, Asesora legal de Profamilias.

Continúa exponiendo la Lcda. Collazo Cáceres, “También recordemos que el aborto es un servicio de salud regulado en Puerto Rico mediante el Reglamento de los Centros de Terminación de Embarazo (2008), la FDA, la jurisprudencia de nuestro Tribunal Supremo, el Código Civil y el Código Penal. Resulta otra farsa aseverar que el aborto no tiene límite o es irrestricto en Puerto Rico. El aborto está legalmente restricto y en pleno respeto del ejercicio de la profesión médica y el consentimiento informado de las pacientes”.

Sobre este tipo de ataques “Tenemos que recordar que meses antes de las elecciones del 2020 estas personas comenzaron con una persecución a defensoras de derechos humanos. Habíamos alertado que podía empeorar estando en una posición de “poder”. Eso es lo que observamos hoy, una senadora promoviendo el odio y la persecución de mujeres que defienden los derechos humanos desde su espacio de privilegio”. – Recalcó Enid Pérez Rodríguez de Proyecto Matria.

Por lo anteriormente expuesto, “hacemos un llamado a la Legislatura solicitando un cese y desista a la persecución contra profesionales médicos y defensoras de derechos humanos que se está llevando a cabo desde las sillas legislativas. Rechazamos el abuso de poder para criminalizar servicios médicos y amedrentar el ofrecimiento de servicios de salud esenciales y necesarios” concluyó Lourdes Inoa Monegro, de Taller Salud.

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