El Capitolio – Como parte de los trabajos de la sesión ordinaria, el Senado aprobó un paquete de medidas que buscan atender la situación energética del país, incluyendo la cancelación del contrato suplementario otorgado a la empresa LUMA Energy y declarar una emergencia en el Sistema Eléctrico de Puerto Rico.
La Resolución Conjunta de la Cámara 315 busca ordenar a la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas de Puerto Rico y a la Autoridad de Energía Eléctrica notificar a LUMA Energy que darán por terminado el contrato conocido como el ‘Operation and Maintenance Agreement’ del 17 de junio de 2020 y el ‘Supplemental Agreement’ del 22 de junio de 2020, en un término de 60 días, por incumplimiento de varias cláusulas contractuales por parte de LUMA Energy.
Durante un turno, el portavoz del Partido Popular Democrático, Javier Aponte Dalmau, reiteró su posición en torno al contrato otorgado a Luma Energy y enumeró las circunstancias por las cuales se debe cancelar. “Primero, el enriquecimiento desmedido de esta empresa sobre el mal servicio a Puerto Rico. Segundo, la cantidad de apagones y las consecuencias que han acarreado desde la entrada de LUMA; y tercero del compromiso de la construcción de una infraestructura energética que acaba de comenzar. La RS588 es una evaluación que se hace a las Alianzas Público-Privadas, quien tiene que fiscalizar el contrato y no lo ha hecho y conforme a los hallazgos de esta investigación se establece que este contrato tiene todos los requisitos para que el tribunal federal solicite una revisión de este contrato”, expresó Aponte.
Igualmente, se le dio paso a la Resolución Conjunta de la Cámara 235 para declarar una emergencia en el Sistema Eléctrico de Puerto Rico; ordenar a la Autoridad de Energía Eléctrica a preparar e implementar un Plan Acelerado de conservación y reparación del Sistema de Generación. Mientras, fue recibido el segundo informe parcial de la Resolución del Senado 588, presentado por Aponte, que investiga los contratos de las Alianzas Público-Privadas.
Asimismo, recibió el aval la Resolución Conjunta de la Cámara 249 que tiene como propósito ordenar a la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, a LUMA Energy LLC y a la Autoridad de Energía Eléctrica establecer una moratoria voluntaria, a opción del cliente o abonado, sobre los pagos de aumento en las facturas de los servicios de agua potable y electricidad respectivamente, correspondientes a los doce meses siguientes a la aprobación de esta Resolución Conjunta.
De otro lado, el Alto Cuerpo aprobó el Proyecto de la Cámara 474 para crear la “Ley de Legitimación Activa Ambiental”, a los fines de otorgar legitimación activa estatutaria plena a cualquier persona en Puerto Rico que, motivada por el propósito de hacer valer la política pública ambiental, interese presentar cualquier acción o causa civil o administrativa bajo cualquier ley , reglamento u otra fuente jurídica que verse sobre asuntos ambientales, ecológicos o relacionadas a la protección, conservación o desarrollo de los recursos naturales.
La senadora del Movimiento Victoria Ciudadana, Ana Irma Rivera Lassén, favoreció la medida y expresó que “hoy tenemos ante nuestra consideración un proyecto que busca considerar un asunto urgente en Puerto Rico…este es el momento de mostrar la preocupación por el bienestar de los recursos, tenemos la oportunidad de hacer valer las preocupaciones y demostrar nuestro compromiso con los recursos naturales a través de la aprobación de esta pieza legislativa. Esto no le quita ninguna legitimación al estado y tampoco poderes al Departamento de Recursos Naturales, esto es para reforzar. Garantizarle a la ciudadanía ese acceso a la justicia, proteger nuestros recursos naturales”.
En iguales términos se manifestó la senadora independentista, María de Lourdes Santiago. “Lo que permite el proyecto es abrir esa puerta del tribunal para que la comunidad que ve que su entorno está siendo afectado, organización ambiental percibe que hay un daño ambiental inminente no tenga que esperar a que el estado se mueva y puedan ir al tribunal o al foro administrativo y el estado tiene que actuar”. También se expresó a favor el senador independiente, José Vargas Vidot.
De otro lado, se expresaron en contra de la pieza legislativa la senadora del Proyecto Dignidad, Joanne Rodríguez Veve y los senadores novoprogresistas, Thomas Rivera Schatz y Carmelo Ríos.
Por otro lado, se le dio paso a la Resolución del Senado 632 del senador Rubén Soto Rivera, para investigar los requisitos, licencias y permisos exigidos por las agencias gubernamentales, para que un médico recién graduado pueda ser admitido a ejercer su profesión en Puerto Rico, así como los costos relacionados a estos, a los fines de buscar alternativas para otorgar incentivos que redunden en beneficio con miras a retener su talento en Puerto Rico.
