El Capitolio – Como parte de los trabajos de la Sesión Ordinaria, el Senado aprobó una medida para eliminar el bono de productividad a los altos directivos, funcionarios, empleados de confianza y otros gerenciales del gobierno.
El Proyecto del Senado 739 es de la autoría del portavoz de la mayoría, Javier Aponte Dalmau, el cual propone enmiendas a la “Ley para Prohibir la Otorgación de Bonos de Productividad en el Gobierno del ELA de Puerto Rico”, a los fines de definir el alcance del concepto “bono de productividad” y prohibir la concesión de los mismos en toda agencia, corporación o instrumentalidad gubernamental para altos directivos, funcionarios, empleados de confianza y otros gerenciales del Estado Libre Asociado.
Durante su turno, el senador por el distrito de Ponce, Ramón Ruíz Nieves, se expresó a favor de la pieza legislativa. “La medida busca que, de una vez y por todas, se eliminen en su totalidad los bonos de productividad a la alta gerencia, y no así al empleado de tercer orden, que se otorgan por mérito. Es enmendar la ley para que no sea si mejoran las finanzas, sino que permanentemente se eliminen los bonos de productividad a la alta gerencia”, sostuvo.
La medida establece que “en consecuencia, esta Asamblea Legislativa estima meritorio enmendar la Ley 66-2013, a los fines de prohibir taxativamente la concesión de bonos de productividad en el Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y de derogar el modelo de excepción que concede a la OATRH la facultad para aprobar su concesión, como un mecanismo que realmente vele por las finanzas públicas. Esto, conforme al imperativo de una política pública de administración integral y de efectiva utilización de los fondos públicos”.
También, fue aprobada la Resolución del Senado 594, de la autoría del presidente del Senado, José Luis Dalmau Santiago, para ordenar a la Comisión de Hacienda, Asuntos Federales y Junta de Supervisión Fiscal realizar una investigación sobre la cantidad de profesionales en Puerto Rico con deudas por concepto de préstamos estudiantiles; investigar la tasa de empleo y desempleo entre esta población. Además, evaluar alternativas de incentivos económicos y laborales para desarrollar y retener profesionales en Puerto Rico.
“Puerto Rico necesita que sus profesionales se queden aportando en el país, por lo cual este Senado entiende la importancia de otorgarles las herramientas necesarias para lograr este propósito. Es por eso que esta medida pretende conocer el detalle sobre la cantidad de profesionales en nuestro país con préstamos estudiantiles y sus resultados en el campo laboral. También es importante identificar la posible disponibilidad de fondos o incentivos que pudieran aliviar la carga económica para quienes, con mucho esfuerzo, obtienen grados académicos post-secundarios e investigar oportunidades laborales viables para esta población”, cita la medida en su exposición de motivos.
Por otro lado, el cuerpo legislativo le dio paso al Proyecto del Senado 162, de la senadora novoprogresista, Wanda Soto Tolentino, para enmendar la “Ley de la Administración de Servicios Generales para la Centralización de las Compras del Gobierno de Puerto Rico de 2019”, a los fines de incluir y/o clasificar como entidades exentas a la Oficina del Contralor Electoral, y a la Oficina del Panel del Fiscal Especial Independiente. Además, autorizaría permanentemente a la Administración de Compensaciones por Accidentes de Automóviles (ACAA) a realizar compras excepcionales de equipos y servicios médicos-hospitalarios y quiroprácticos a los lesionados por accidentes de vehículos de motor con carácter de urgencia en el menor tiempo posible.
Aponte Dalmau expresó que “el PS162 propone la crónica de una muerte anunciada…se le dijo al exgobernador Ricardo Rosselló que la propuesta de mecanismo de ASG para consolidar todas las compras en el gobierno no iba a funcionar…nosotros vamos a hacer una excepción hoy y mañana vendrán otras agencias a pedir lo mismo…esa ley lo que hay que hacer es derogarla”.
A la vez, fue aprobado el Proyecto del Senado 782 de la delegación novoprogresista para crear la “Ley del Programa de Internado Roberto Sánchez Vilella”; establecer este programa estará adscrito a la Oficina de Gerencia y Presupuesto; disponer sobre su organización y funcionamiento interno; y para asignar fondos. Igualmente, se aprobó la Resolución del Senado 312 del senador Rubén Soto Rivera, para ordenar a la Comisión de Salud realizar una investigación sobre la atención a los pacientes con condiciones auditivas en la prestación de servicios en las instituciones de Salud del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, con énfasis en las salas de emergencias, y para determinar la cantidad de profesionales de la salud que actualmente están capacitados para comunicarse en lenguajes de señas.
El Alto Cuerpo también le dio paso a la Resolución del Senado 213 del senador novoprogresista Carmelo Ríos, para ordenar a las Comisiones de Asuntos de las Mujeres y de lo Jurídico a realizar una investigación sobre cómo se está manejando la recopilación de datos sobre los casos de violencia de género entre las agencias del Gobierno de Puerto Rico. Incluyendo al Negociado de la Policía, la Oficina de la Procuradora de las Mujeres y el Departamento de Justicia, así como las diversas organizaciones no gubernamentales que se dedican a la investigación y prevención de esta problemática, y presentar sus recomendaciones para atender esta situación. Además, fue aprobado el Proyecto del Senado 814.
