La Contraloría de Puerto Rico emitió una opinión cualificada de las operaciones del Fondo de Ayuda para el Coronavirus del Departamento de Salud. Una opinión cualificada se emite cuando los incumplimientos individuales o en conjunto son significativos, pero no generalizados.
“Aunque este informe incluye varias situaciones relacionadas con el manejo de los fondos COVID-19, reconocemos el esfuerzo de los funcionarios y los empleados del Departamento de Salud para atender los retos y las dificultades que esta situación trajo” indicó la Contralora de Puerto Rico, Yesmín M. Valdivieso sobre la auditoría.
El Informe de un hallazgo DA-23-02 revela deficiencias relacionadas con la adquisición, desembolsos, y recibo de bienes y servicios por el Departamento. Tras la declaración de estado de emergencia por la pandemia del COVID-19 el 12 de marzo de 2020, el Departamento recibió $30,314,738 en fondos estatales y emitió 82 órdenes de compra por $28,921,141. Con las órdenes de compra se adquirieron materiales de limpieza y desinfección, equipo médico, medicamentos, pruebas de detección de COVID-19, reactivos para las pruebas y otros.
Del examen realizado, los auditores identificaron órdenes de compra sin la cláusula sobre las penalidades en caso de entregas tardías, sin la fecha de entrega de los materiales comprados, y sin la recomendación del administrador auxiliar de Adquisiciones, ni la autorización del oficial de licitación de la Administración de Servicios Generales (ASG) según estipulado en la Ley 73-2019 y la Carta Circular ASG 2020-07. Además, algunas órdenes de compra se realizaron con el formulario incorrecto y los expedientes carecían de la evidencia de haber obtenido cotizaciones de al menos tres proveedores. Esta situación privó al Departamento de considerar ofertas de otros proveedores, se pudo haber adquirido bienes distintos y cantidades contrarias a las necesitadas, y se privó a la ASG el determinar si los bienes y servicios eran propios de la emergencia.
En la auditoría también se detectó, que en el 35% de las órdenes de compra se recibieron los bienes hasta 12 semanas después de la fecha acordada, en el 15% los bienes fueron recibidos por funcionarios sin el nombramiento de receptor de la ASG, y en el 40% no se encontró evidencia del recibo de los bienes. Esta situación provocó que el Departamento no contara con evidencia sobre el recibo de los bienes, y pudo ocasionar la pérdida de materiales o equipo recibido.
El Informe señala que el Departamento pagó por adelantado el 100% de dos órdenes de compra por $3,667,500 para adquirir pruebas para detectar el COVID-19, en vez del 60% solicitado por el proveedor en la cotización. Además, el Departamento pagó $17,550 por hand sanitizers que no se recibieron y no se encontró evidencia de haberle reclamado al proveedor por los bienes no recibidos.
Este Informe cubre del 1 de enero de 2019 al 30 de junio de 2021 y está disponible en www.ocpr.gov.pr.
