CPI:
Desde el paso del huracán Fiona el 18 de septiembre, el Gobierno de Puerto Rico ha convocado más de una decena de conferencias de prensa, pero en ninguna ha enfatizado sobre datos que ayuden a las víctimas y sobrevivientes de violencia de género a buscar ayuda especializada durante la emergencia, cuando están más vulnerables. Tampoco ha divulgado las estrategias de sus agencias para atender el aumento de la violencia de género tras el desastre. Este trabajo ha recaído principalmente en las organizaciones sin fines de lucro, las cuales experimentan falta de recursos y un alcance limitado a ciertos pueblos.
“La respuesta del Gobierno para víctimas y sobrevivientes de violencia doméstica ha sido deficiente”, evaluó Vilma González Castro, directora ejecutiva de la Coordinadora Paz para las Mujeres, una coalición que reúne a 38 organizaciones y a 14 feministas que se dedican a velar por los derechos humanos de las mujeres y personas LGBTTIQ+.
“El Gobierno no ha hecho una campaña lo suficientemente buena y amplia para que las mujeres tengan información sobre los indicadores de violencia de género, dónde buscar ayuda y qué hacer en una situación de violencia de género, y eso hace que estén en una situación de alta letalidad sin saberlo, sin buscar ayuda”, denunció, por su parte, Amárilis Pagán Jiménez, directora ejecutiva de la organización sin fines de lucro Proyecto Matria.
El riesgo es prevenible. Los desastres anteriores han demostrado cómo empeora de forma más dramática la fragilidad de los grupos más vulnerables.
Uno de los indicadores del aumento en la violencia de género tras el huracán María fue el aumento en los feminicidios. La cifra de feminicidios íntimos – los perpetrados en circunstancias de violencia doméstica – en los nueve meses antes del huracán María, fue de siete, mientras que en los nueve meses siguientes al huracán fue de 14, según documentó La persistencia de la indolencia: feminicidios en Puerto Rico, 2014-2018, una investigación de Proyecto Matria y Kilómetro 0.
Luego de los huracanes Irma y María, se señaló que la situación de las mujeres en Puerto Rico es distinta a la de mujeres en la región del Caribe y Centroamérica debido al acceso limitado que hubo a los fondos de emergencia y cómo la realidad colonial significó también una barrera para recibir fondos de solidaridad internacional, según documentó la organización Inter-Mujeres en su investigación Voces de mujeres: Estrategias de supervivencia y de fortalecimiento mutuo tras el paso de los huracanes Irma y María.
La ausencia de un techo seguro implica la falta de estabilidad para tomar decisiones relacionadas con las escuelas, los servicios de salud y el trabajo, es decir, para el desarrollo económico, observó Pagán Jiménez. A esto añadió la falta de transporte. Muchas familias perdieron sus autos en las inundaciones y Puerto Rico carece de un sistema de transporte colectivo confiable, complicando el traslado para la solicitud de ayudas o para llegar a los lugares donde se gestionan los apoyos para sobreponerse al desastre.
“Si a esas condiciones le sumas una situación de violencia de género, ya sea violencia doméstica, acecho o violencia sexual, estamos hablando de una combinación letal”, explicó Pagán Jiménez.
Ante la consulta sobre un plan para enfrentar un posible aumento de la violencia de género tras los desastres, la Oficina de la Procuradora de las Mujeres (OPM) se refirió a una sección incluida en las Guías de Seguridad en los Refugios para atender casos por violencia de género, órdenes de protección y ofensores sexuales, del Departamento de la Vivienda, y a un afiche con información de la OPM para colocarse en los refugios durante las emergencias.
La OPM también mencionó que tiene varias estrategias para canalizar necesidades de orientación e intervención para sobrevivientes que lo necesiten, como velar que su línea telefónica se mantenga en funcionamiento y tener un plan alternativo ante la posible falta de energía eléctrica por periodos prolongados.
Sin embargo, el porcentaje de mujeres en refugios es pequeño en comparación con el número de mujeres que quedan en situaciones de violencia de género en comunidades a través de todo el país, apuntó la directora ejecutiva de Proyecto Matria.
“Una respuesta efectiva del Estado no puede limitarse a tener energía eléctrica y teléfonos en la OPM. Tampoco puede limitarse al ámbito de los refugios”, argumentó Pagán Jiménez.
La OPM añadió que el 23 de junio de 2022 se firmó el Protocolo Intergubernamental para Coordinar la Respuesta, Orientación e Intercambio de Información para la Atención de Personas Sobrevivientes de Violencia de Género en Situaciones de Violencia Doméstica. “Este protocolo debe ponerse en práctica aún en tiempos de emergencia por causas naturales o ante un posible aumento de casos de violencia doméstica a causa de un huracán”, estableció la OPM.
El documento no aborda los retos que surgen en un contexto de emergencia tras un desastre.
Aumento de pedidos de auxilio
Desde el paso de Fiona, los albergues registraron un aumento en llamadas para pedir orientación y auxilio, según confirmó Vilmarie Rivera Sierra, presidenta de la Red Nacional de Albergues de Violencia de Género de Puerto Rico.
Entre el 18 y el 28 de septiembre, la línea de ayuda 24/7 que coordina Proyecto Matria junto con otras organizaciones y entidades, 787-489-0022, recibió 120 llamadas, indicó Pagán Jiménez. “Es un aumento significativamente más alto, de casi el doble de agosto”, dijo.
En contraste, la OPM indicó que ha registrado una leve reducción en llamadas a su Línea de Orientación, 787-722-2977, que ha estado operando ininterrumpidamente. Del 15 de septiembre al 4 de octubre de 2022 se recibieron 214 llamadas, en comparación con 263 en el mismo periodo del año pasado. Sin embargo, la entidad indicó por escrito que la reducción de 49 llamadas no significa que no hubieran casos por violencia doméstica, sino que en momentos de emergencia climatológica, las víctimas podrían estar priorizando otras formas de salvaguardar su vida, propiedad y cuidar las posesiones que puedan tener.
Limitada la capacidad de las organizaciones
Matria y Taller Salud son dos de las organizaciones que se lanzaron a la calle para garantizar la seguridad de los residentes de las comunidades en las que trabajan, y en otras. Pero, su capacidad tiene un límite, destacó Tania Rosario, directora ejecutiva de Taller Salud, una organización feminista de base comunitaria que trabaja por la salud de las mujeres y el desarrollo de las comunidades en Loíza y pueblos cercanos.
“No hay manera de que las organizaciones, aún poniendo todo nuestro personal, todo nuestro presupuesto y toda nuestra pericia, tengamos la escala que es necesaria para detener el problema o por lo menos mitigarlo”, señaló Rosario con frustración.
En diciembre de 2021, Taller Salud realizó un Estudio de Vivienda en Loíza que demuestra que el 100% de los hogares en las siete comunidades censadas estaban en condiciones de vulnerabilidad ante un fenómeno natural y que el 30.6% todavía estaban techadas con toldos azules después del huracán María, ocurrido en el 2017. Cuando comenzó la temporada de huracanes este año, la organización compartió sus hallazgos y denunció la falta de apoyo del Gobierno para asegurar el derecho a la vivienda digna. Cuatro meses después, pasó Fiona.
Anticipando el golpe, Taller Salud tenía preparados dos comedores comunitarios con almacenamiento de alimentos no perecederos que abrieron el día después del huracán Fiona. En el Centro Comunitario Emiliano Figueroa Torres de Piñones y en el Centro Comunitario El Ceiba de Medianía Alta, han ofrecido cerca de 500 desayunos y almuerzos diariamente, indicó la organización.
“Siento que las organizaciones hemos aprendido y el Gobierno no. Todas las estrategias que pusimos en práctica al momento de ese huracán tocar tierra, las aprendimos de la experiencia del huracán María y no nos tomó ni 24 horas ponerlas en marcha. ¿Cómo es posible que el Gobierno no pueda hacer lo mismo?”, reclamó Rosario.
Recomendaciones ignoradas
Una de las recomendaciones que múltiples organizaciones hicieron al Gobierno de Puerto Rico luego del huracán María fue la elaboración de un plan para enfrentar el posible aumento de violencia de género en estos escenarios.
“La Policía debe crear y publicar un plan específicamente diseñado para situaciones de desastres socioambientales, destinado a enfrentar un posible aumento de violencia de género. El plan debe detallar las acciones a realizarse en las regiones policiales y a nivel central y la cantidad de recursos humanos a asignarse a las diversas tareas”, lee una de estas recomendaciones, en el informe Sin información ante el desastre: Gestión de la información para el manejo de riesgos socioambientales en Puerto Rico, encomendado por el Centro de Periodismo Investigativo después de María.
Ese plan, ya sea en la Policía o al nivel del Gobierno central, no existe, coincidieron varias de las directoras de organizaciones consultadas.
La procuradora interina de las Mujeres, Madeline Bermúdez, reconoció que le gustaría tener más recursos.
“No le puedo decir que tenemos muchísimo personal porque yo quisiera tener 30 o 40 trabajadoras sociales, 10 intercesoras legales adicionales, pero eso no es una realidad”, estableció.
Como medida preventiva, dijo que reasignó parte de su personal para reforzar la línea de ayuda. Se trata de tres trabajadoras sociales y cinco intercesoras legales en cada uno de los tres turnos cada día. Mientras, varias de las organizaciones que la OPM subvenciona también tienen su personal disponible todo el tiempo.
“En la medida en que las organizaciones estén reforzadas y la OPM esté reforzada vamos a poder atender la situación”, destacó Bermúdez.
Agregó que su oficina ha estado difundiendo a través de las redes sociales información sobre prevención e identificación de violencia de género. Pero la Unidad Investigativa de Género observó que el alcance de este esfuerzo ha sido muy limitado pues la mayoría de las publicaciones se comparten muy poco. Que una persona le vea depende de que tenga acceso a equipo, a internet, y del logaritmo de las redes sociales Por ejemplo, desde el 16 de septiembre, cuando ya se anticipaba el impacto del huracán Fiona, la OPM ha hecho 14 publicaciones en su página de Facebook en las que incluye el número de su línea de ayuda y orientación. Las publicaciones de la OPM no se han compartido más de 60 veces.
Vivienda pasa la responsabilidad a empresas administradoras de refugios
En cuanto a los protocolos en los refugios, el Departamento de la Vivienda (DV), responsable de los refugios, solo incluyó en su Guía para la Operación de Refugios de Emergencia en Puerto Rico, revisada en 2020, unas recomendaciones generales para identificar a víctimas y sobrevivientes y atender situaciones que ocurran en estos espacios, como parte del Apéndice L: “Guías de Seguridad en los Refugios”. El documento apenas menciona que “en casos de personas refugiadas con una orden de protección a su favor, será ubicada en un espacio adecuado y distinto al que se encuentre la persona peticionada”. Además, se le ofrecerá la alternativa de ubicarse en un albergue especializado para sobrevivientes de violencia doméstica, junto con sus hijos y mascotas. La gestión para la reubicación en un albergue debe ser realizada por el personal que administra el refugio público y la Unidad Especializada de Violencia Doméstica de la Policía debe ofrecer el transporte.
Los refugios deben también avisar, con un rótulo, sobre la presencia de un ofensor sexual y proveer a esta persona la ubicación adecuada, considerando también la presencia de menores de edad, indica la guía.
“La guía que se está utilizando en estos momentos para el manejo de los refugios y en la cual se recoge el manejo de casos de violencia de género, se alimentó de recomendaciones que hiciera en su momento Coordinadora Paz para las Mujeres tras visitas que hicieron junto a otras organizaciones sin fines de lucro a los refugios, tras el paso del huracán María en el 2017”, mencionó el Departamento de la Vivienda a preguntas de la Unidad Investigativa de Género
Al preguntar al DV cómo se está asegurando de la puesta en práctica de las protecciones y atenciones a sobrevivientes de violencia de género que se incluyen en la Guía para la Operación de Refugios de Emergencia, la agencia no detalló las acciones precisas que se realizan y pasó esa responsabilidad a las compañías contratadas para administrar los refugios.
Vivienda sólo dijo que “los refugios deben contar con personal adecuado, preparado y con las competencias profesionales necesarias para la operación y la prestación de servicios. Este personal será contratado por los agentes administradores a cargo de los refugios. Entre el personal necesario para la operación de los refugios se encuentran: administrador de refugio, trabajadores sociales, coordinadores de servicios, entre otros”.
“Además, habrá personal provisto por agencias de gobierno, como es el caso de la Policía de Puerto Rico a los efectos de la seguridad en los refugios. Es indispensable que el personal a cargo de la administración de los refugios conozca sus responsabilidades y ejerciten sus mejores oficios para mantener la integración y coordinación de recursos y servicios para ofrecer de manera eficiente los servicios a la ciudadanía”, despachó la agencia.
La misma semana del huracán Fiona, la Unidad Investigativa de Género visitó la Escuela William Rivera Betancourt, en Canóvanas, la encargada del refugio, Maribel Osorio Cepeda, quien además es coordinadora municipal de Manejo de Emergencias y Vivienda Pública dijo que trabaja de la mano con la Policía para identificar casos de violencia doméstica y de ofensores sexuales. Asimismo, informó que a los 140 refugiados que tuvieron se les informó del protocolo para la atención de estas situaciones.
“Se protege a la víctima, se ubica en un cuarto aparte, con la colaboración de la Policía, el encargado del refugio, y si hay, una trabajadora social disponible en el refugio que nos ayude en la entrevista con la persona afectada. Se hace de forma privada y totalmente confidencial”, abundó.
Pese a que afirmó que tuvo carteles con los directorios de servicios para la atención de la víctimas de violencia de género, al momento de la entrevista, cuando quedaban 15 personas refugiadas, no estaban disponibles.
En el refugio de la Escuela Altinencia Valle Santana, en Toa Baja, tampoco había carteles informativos.
La procuradora interina de las Mujeres indicó que su personal ha estado activo asegurándose de que se haga el cernimiento correspondiente, que se cumplan las guías y ofreciendo la información de ayuda. Reconoció que es posible que haya encargados de refugios que desconocen el protocolo o refugios que no hubiesen tenido visibles los afiches con información para la prevención y atención de la violencia de género.
“¿Qué ha sucedido aquí? Que aquí ha habido unos refugios que en un momento no iban a ser refugio, así que no tenían el andamiaje que corresponde porque se ha tenido que improvisar ante la situación”, dijo la procuradora interina.
Un viejo problema
Tras el huracán María, hace cinco años, varias organizaciones en Puerto Rico e internacionales denunciaron que las autoridades gubernamentales no tuvieron en sus planes de emergencia protocolos para trabajar con situaciones de violencia basadas en género que se podían presentar en los refugios, que son espacios reducidos donde desconocidos comparten espacios durante un periodo de tiempo.
Hubo casos en que se ubicó a mujeres con órdenes de protección en el mismo espacio que los peticionados, señaló la presidenta de la Red Nacional de Albergues de Violencia de Género, Vilmarie Rivera Sierra.
Luego de ese desastre, en 2017, la doctora en Trabajo Social Diana Valle Ferrer creó para la Coordinadora Paz para las Mujeres el Protocolo para la identificación y atención para víctimas / sobrevivientes de violencia de género en situaciones de desastres.
El Observatorio de Equidad de Género documentó tras los temblores del 2020 en su estudio Cuando tembló la tierra la ausencia de protocolos para la prevención y atención de violencias de género al entrevistar a mujeres refugiadas en la región sur de la Isla. Se identificaron agresiones entre parejas, acoso, agresiones sexuales y robo de sus pertenencias. Una de las recomendaciones que surgió de este esfuerzo fue que las agencias del Gobierno adoptaran el protocolo de Coordinadora Paz para las Mujeres.
La directora ejecutiva de Coordinadora Paz para las Mujeres destacó que el documento se distribuyó a todas las agencias que conformaron el Comité de Prevención, Apoyo, Rescate y Educación, que se creó por orden ejecutiva del Gobernador cuando declaró un estado de emergencia por la violencia de género en Puerto Rico, en enero de 2021. Entre esas agencias están los departamentos de la Vivienda, Familia, Salud, Justicia y Educación, y el Negociado de la Policía.
El documento, de 25 páginas, establece parámetros para detectar e intervenir con víctimas y sobrevivientes de violencia doméstica y agresión sexual, por sucesos ocurridos antes del desastre o durante el periodo en que la persona está refugiada. También, presenta recomendaciones de primeros auxilios psicosociales.
La Coordinadora Paz para las Mujeres colaboró con Vivienda para adiestrar al personal de las compañías contratadas para operar los refugios. En los adiestramientos se les habló de las dinámicas de poder y control que se dan hacia las víctimas y sobrevivientes, todo lo concerniente a órdenes de protección, las diversas manifestaciones de violencia de género y cómo trabajar con conciencia del trauma que podría traer consigo la experiencia violenta.
Además, se les instó a que tuvieran a la mano las listas de ofensores sexuales y personas contra los que pesa una orden de protección, para priorizar la seguridad de las víctimas.
Para la directora ejecutiva de Coordinadora Paz para las Mujeres, tener estos protocolos accesibles debe ser un asunto básico en los refugios para garantizar la seguridad.
El Departamento de Vivienda indicó que no se ha registrado ningún incidente de violencia de género en los refugios habilitados por el paso del huracán Fiona.
Imprescindible la perspectiva de género en los contextos de desastre
La violencia de género puede estar presente en múltiples espacios, no solo en los refugios, puntualizó Jenniffer Berríos Rubert, directora ejecutiva de Casa Pensamiento de la Mujer del Centro. Estas agresiones se pueden dar, por ejemplo, en filas de oasis de agua o entre miembros de la comunidad.
“Sabemos que esto puede ocurrir en cualquier momento, pero hay unos puntos de vulnerabilidad que son más propicios. Por ejemplo, en las noches. No hay luz, pues es más propenso que ocurra un acoso, un acoso callejero, un acecho o que te agredan sexualmente”, dijo Berríos Rubert.
La mujer recomendó que, en los oasis, debe haber iluminación y personas encargadas de la seguridad, que pueden ser policías o líderes comunitarios. De esta manera, no solo se podrían prevenir las violencias, sino que se garantiza el orden y el abastecimiento equitativo, destacó.
