La Contraloría de Puerto Rico publicó el resultado de la investigación sobre la subasta, contratación y los pagos por servicios de remoción e instalación de unidades de acondicionadores de aire en los centros Head Start de Aguadilla del 2018 al 2019. El referido de la División de Municipios a la División de Investigaciones Especiales, señalaba discrepancias en los documentos presentados por el representante autorizado del contratista en la propuesta de subasta, en la formalización del contrato y en la facturación para pagos de los servicios indicados.
La investigación reveló que, en la adjudicación de la subasta, firma del Contrato y pagos relacionados, el representante autorizado del contratista entregó copias de dos identificaciones (ID) falsificadas del Colegio de Técnicos de Refrigeración y Aire Acondicionado que contenían a su vez información falsa. La Subasta se adjudicó el 30 de noviembre de 2018 y el contrato se formalizó por $177,652 con vigencia del 4 de diciembre de 2018 al 23 de marzo de 2019.
Los auditores hallaron que el representante no figura como técnico de refrigeración en el Colegio ni en la Junta Examinadora. El número de licencia que presentó pertenece en realidad al técnico A y el número de recibo del pago de la colegiación pertenece al técnico B. De hecho, el técnico A indicó a los auditores de la Contraloría, que no conoce al representante y que nunca brindó sus servicios para el mencionado contrato.
Por estas acciones el representante pudo haber cometido los delitos de fraude, falsificación de documentos, falsedad ideológica, perjurio, entre otros, tipificados en la Ley 146-2012, Código Penal de Puerto Rico, según enmendada.
Además, el representante autorizado del contratista firmó una declaración jurada en la cual juró ante notario público, que no había sido convicto por delitos que le inhabilitaran contratar con el Municipio. Sin embargo, esta persona se había declarado culpable por apropiación ilegal agravada el 19 de mayo de 2003.
El resultado de esta investigación se refirió al secretario de Justica el 18 de mayo de 2022, a la Oficina del Inspector General del Departamento de Salud Federal el 19 de enero de 2022 y al presidente de la Junta Examinadora de Técnicos de Refrigeración y Aire Acondicionado, para que tomen las medidas que estimen pertinentes.
Además, se le recomienda al alcalde que realice los procesos pertinentes y se asegure que el presidente de la Junta de Subastas establezca los controles necesarios para validar las certificaciones y licencias expedidas por una junta examinadora o un colegio profesional, entre otros.
El resultado de esta investigación con fecha del 17 de agosto de 2022, está disponible en www.ocpr.gov.pr.
