La Contraloría de Puerto Rico emitió una opinión cualificada de las operaciones fiscales del Municipio de Ponce. Una opinión cualificada se emite cuando los incumplimientos individuales o en conjunto son significativos, pero no generalizados.
El Informe revela que del 2015 al 2018 el Municipio de Ponce y la Legislatura Municipal contaban con un total de 69 puestos aprobados en el servicio de confianza, 19 en exceso del límite establecido en la Ley. El máximo de puestos de confianza para municipios con más de 50,000 habitantes es de 30; que se puede ampliar mediante ordenanza a 50 según la complejidad funcional o tamaño del municipio.
La auditoría de cinco hallazgos señala que se pagaron $308,569 por exceso de vacaciones sin haber documentado la necesidad de servicio para el pago del exceso del 2015 al 2016. La Ley 81-1991 de Municipios Autónomos faculta a los alcaldes a autorizar el pago del exceso de 60 días de la licencia de vacaciones vía excepción. Sin embargo, el director de Recursos Humanos certificó que no consta en los expedientes evidencia de la necesidad.
El Municipio de Ponce pagó $53,131 en servicios de mantenimiento de aires del Complejo Ferial, que le correspondía pagar a la entidad administradora del Complejo, según el contrato formalizado en el 2013 entre la Corporación de Empresas del Municipio Autónomo de Ponce (Corporación Municipal) y la entidad administradora.
De hecho, el Informe comenta que la entidad administradora contratada por la Corporación Municipal para administrar el Complejo Ferial, generó ingresos por $2,180,469 del 2013 al 2016, de los cuales la Corporación no ha recibido beneficios económicos. El primer contrato con la entidad administradora estableció, que la Corporación Municipal recibiría como pago de renta, el 25% de la ganancia neta de la entidad. El segundo contrato de julio de 2013 con vigencia de 10 años, determinó que la Corporación recibiría el 37.5% del ingreso bruto generado en exceso de $1.8 millones, como pago de renta.
Además, la construcción del Complejo Ferial se realizó con un préstamo federal del Community Development Block Grant (CDBG) por $17,600,000. El contrato del préstamo había establecido que el Municipio se comprometía a cumplir con las garantías de repago, provenientes, entre otras, de los ingresos que se generaran del uso o renta de la propiedad construida con los fondos CDBG.
Esta posible deficiencia, se refirió al Inspector General del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de los Estados Unidos (HUD) el 20 de agosto de 2019 para su evaluación y acción correspondiente.
Por otro lado, los auditores de la Contraloría identificaron que los dos encargados de la propiedad que cesaron en sus funciones en el 2014 y 2017, no realizaron un inventario de la propiedad mueble, ni los directores de Finanzas lo solicitaron. Situaciones similares se habían comentado en el Informe de Auditoría M-13-07 de 2012. Al 2 de agosto de 2017, el Municipio contaba con un inventario de 72,219 unidades de propiedad mueble valoradas en $70,503,805.
Un acuerdo de servicio formalizado con la Oficina de Mejoramiento de las Escuelas Públicas de Puerto Rico en el 2014, por $242,135, no se remitió a la aprobación de la Legislatura Municipal, situación que le impidió a la Legislatura evaluar la necesidad y razonabilidad del acuerdo.
La auditoría comenta que el Municipio tiene 50 casos civiles pendientes de resolución en los Tribunales por $9,711,347 al 31 de diciembre de 2018.
El Informe recomienda a la Oficina de Gerencia y Presupuesto, que se asegure que el Municipio cumpla con el Plan de Acción Correctiva establecido por la Contraloría de Puerto Rico.
Este segundo y último Informe de Ponce, cubre el periodo del 1 de julio de 2014 al 30 de diciembre de 2017, y está disponible en www.ocpr.gov.pr.
