El Capitolio – El Senado consignó los 18 votos necesarios mediante pase de lista, para ir por encima del veto del Gobernador a la Resolución Conjunta del Senado 89, que ordena al Departamento de Transportación y Obras Públicas realizar un proyecto de infraestructura vial en el Municipio de Loíza que sirva como ruta de desalojo ante una emergencia o desastre natural.
“Cuando se haga el estudio ambiental se determinará si es viable. Nosotros hablamos que entre una carretera y otra hay que hacer un estudio. Si no se ha hecho estudio aún no se puede llegar a la cantidad de $365 millones que explica en el veto del Gobernador interino. Pedimos que este error se pueda subsanar y que este Senado vuelva a votar de la misma manera que votó el pasado lunes 7 de marzo, de manera unánime, porque aquí lo que se busca es llevar un mensaje claro con respecto a un proyecto que hemos identificado la fuente de financiamiento…le devolvamos a los loiceños la oportunidad que este proyecto se encamine a través de los fondos federales”, sostuvo el autor de la medida y portavoz de la mayoría, Javier Aponte Dalmau durante su turno inicial, quien recordó que el veto a la medida fue impartido por Omar Marrero, quien fungía en ese momento como gobernador interino.
La pieza legislativa explica que “dicha ruta se establece con el fin de salvaguardar la vida de las y los residentes y visitantes del Municipio de Loíza y deberá ser presentada por el Departamento de Transportación y Obras Públicas, para que sea evaluada y avalada por la Legislatura Municipal de Loíza y las agencias gubernamentales correspondientes; y se debe procurar limitar al máximo su impacto ambiental. El proyecto debe incluir un conector desde el kilómetro veintiuno (21) de la Carretera PR-187, hasta la Calle 1, a la altura de la entrada de la urbanización Villas de Loíza”.
Por otra parte, el Senado avaló el Proyecto del Senado 275 de la senadora Ada García Montes, para crear la “Ley de Concienciación a los Jefes y Jefas de Agencias en torno a las Leyes Laborales y la Política Pública sobre el Derecho a la Organización Sindical y a la Negociación Colectiva en el Servicio Público”. Esta medida busca hacer mandatorio para toda persona nominada por el Gobernador o Gobernadora a ocupar un puesto o cargo para dirigir una agencia, oficina, departamento, corporación, organismo, ente, junta o instrumentalidad dentro de la Rama Ejecutiva, el tomar siete punto cinco (7.5) horas de adiestramiento en materia de las disposiciones de la Ley Núm. 45 del 25 de febrero de 1998, según enmendada, conocida como “Ley de Relaciones del Trabajo para el Servicio Público de Puerto Rico”, la Ley Núm. 130 de 8 de mayo de 1945, según enmendada, conocida como “Ley de Relaciones del Trabajo de Puerto Rico”.
Durante su turno, la senadora García Montes expresó que “vemos cómo los jefes de agencia muchas veces no tienen el conocimiento para el cumplimiento de estas leyes…La medida busca como mandatorio que toda persona confirmada por la Asamblea Legislativa para ocupar un cargo tenga un requisito ineludible de tomar adiestramiento en esta área”.
“El PS 342 busca hacer justicia a empleados de la Rama Judicial…de ninguna manera el concepto de separación de poderes afecta lo que hoy se está implementando…es hora ya de que le reconozcamos este derechos a los trabajadores de la rama judicial, particularmente a los alguaciles. Me parece que es una medida de conciencia”, dijo en un turno el senador Villafañe. En iguales términos se expresó el senador del Movimiento Victoria Ciudadana, Rafael Bernabe, quien endosó la pieza legislativa.
También, se le dio paso al Proyecto del Senado 750, de las senadoras Migdalia González Arroyo y Ada García Montes, para enmendar la “Ley de Cumplimiento con el Plan Fiscal” a fin de excluir del Capítulo V de esa ley, todo bien inmueble propiedad del Estado Libre Asociado, sus agencias, departamentos o instrumentalidades, que forme parte del “Registro de Sitios y Zonas Históricas” de la Junta de Planificación de Puerto Rico o del “Registro Nacional de Lugares Históricos de Puerto Rico” de la Oficina Estatal de Conservación Histórica, o aquellos declarados monumentos históricos por legislación particular.
“Es nuestro ordenamiento reconocer que el legado histórico de un país…es obligación del estado evitar que el patrimonio desaparezca, además de promover su preservación…Esa es la intención de la medida. Es proteger el legado histórico del país, sacándolo del catálogo de los especuladores, que en nada aportan a nuestro quehacer cultural”, dijo González Arroyo.
De igual manera, fueron aprobados los Proyectos del Senado 758, 570 y 682; las Resoluciones del Senado 605 y 606; los Proyectos de la Cámara 195, 668, 774; la Resolución Concurrente de la Cámara 46 y en su reconsideración las Resoluciones Conjuntas de la Cámara 135 y 332.
