El Barómetro de Transparencia, una herramienta digital creada por Espacios Abiertos, reflejó que en el año 2020 la transparencia en los haberes del gobierno, especialmente sobre el COVID-19, la falta de procesos abiertos en la gobernanza pública y de acceso a la información, fueron temas que capturaron la atención y la preocupación de la ciudadanía y la opinión pública.
La analista de Política Pública de Espacios Abiertos, María Mercedes Rodríguez Rivera, expresó que en el año que está por finalizar, se generaron en Puerto Rico más de 400 noticias sobre transparencia en los diferentes medios noticiosos.
El Barómetro de Transparencia es un repositorio digital libre de costo creado para las personas interesadas en monitorear y aprender más sobre este tema en Puerto Rico a través del examen de las noticias publicadas o transmitidas donde se ha mencionado o se ha exigido transparencia en los haberes públicos. El barómetro también tiene como objetivo servir de medición para lograr cambios sistémicos hacia mayor transparencia, rendición de cuentas y participación en Puerto Rico.
“El alto volumen de informaciones que se reflejan este año a través del Barómetro de Transparencia muestra que la ciudadanía tiene cada vez más interés en que el gobierno sea transparente en todos sus procesos y que haya mayores instancias de participación ciudadana e integración de las comunidades en la gobernanza. Esos reclamos deben ser escuchados por las y los funcionarios. Instamos a la ciudadanía a que utilice el repositorio, lo discuta e inclusive comparta y llame la atención a éstas y todas las otras instancias que requieran más transparencia en la gestión gubernamental”, declaró la analista de Política Pública de Espacios Abiertos.
Del análisis del Barómetro se desprende que en el 2020 hubo:
- 121 instancias (promedio de 2 semanales) en las que los titulares de noticias incluyeron la palabra transparencia;
- 62 instancias (promedio de 1 semanal) en las que se relacionó la palabra gobierno con transparencia, donde se le pedía al gobierno transparencia en su gestión o las diferentes dependencias mencionaban cumplirla o ejercerla;
- 27 instancias (promedio de 2 mensuales) en las que se relacionó al COVID-19 con la palabra transparencia o la falta de ésta en la gestión de la pandemia;
- 25 instancias (promedio de 2 mensuales) en las que se relacionó la palabra información con temas de transparencia y requerimiento de información al gobierno o cuando el gobierno y sus dependencias prometieron ofrecer información como parte de parte de su compromiso con la transparencia.
- 22 instancias (promedio de 2 mensuales) en las que se relacionó directamente o incluyó indirectamente la palabra falta con temas de transparencia.
Rodríguez Rivera explicó que en cuanto a la pandemia el interés de la opinión pública se enfocó en los planes de la compra de pruebas fallidas, los datos del avance de la pandemia y la falta de periodicidad, las advertencias de posibles casos de corrupción, y los casos contra funcionarios ante el PFEI y el FBI y las exhortaciones de transparencia de organizaciones de la sociedad civil como Espacios Abiertos, Sembrando Sentido y otras que componen la Red de Transparencia. En lo que al COVID-19 respecta, todas las instancias de acción fueron remediativas. Ninguna utilizó la transparencia y acceso a la información de forma amplia y proactiva como medida preventiva al mal uso de los recursos o mejor acceso a salud, obviando las recomendaciones y alerta que oportunamente levantaron algunas organizaciones al inicio de la pandemia.
Además, el estudio reflejó que otros temas de interés vinculados a la transparencia o la ausencia de ésta en el gobierno a lo largo del año fueron: la inspección de las escuelas después de los terremotos, los suministros en los almacenes de Ponce, el Plan integrado de la AEE, las denuncias por falta de transparencia en los contratos y la posible alza de las tarifas de la AEE. Igualmente, resonaron en la opinión pública el estudio comisionado por la Red de Transparencia donde se revela las deficiencias en las leyes de transparencia y datos abiertos, los dos casos judiciales de Espacios Abiertos contra la Comisión Estatal de Elecciones para obtener información y fotos de las y los candidatos en el proceso de primarias y en las elecciones generales y la demanda del Centro de Periodismo Investigativo para para obtener información sobre el estado de las escuelas y el presupuesto al detalle de la agencia, entre otras. Otros temas de interés en el 2020 fueron la ausencia de transparencia durante el proceso de evaluación de jueces y fiscales, la publicación del estudio que reveló la falta de transparencia fiscal en los municipios, la exigencia y los casos judiciales para que se develaran los salarios de los legisladores, los jueces y el personal de algunos municipios; la firma de una nueva ley para fomentar transparencia en procesos de compras del gobierno; y finalmente, la falta de transparencia en los comicios electorales.
Por último, el estudio reveló que hubo instancias donde las mismas dependencias gubernamentales tuvieron que exigirse entre ellas transparencia para poder llevar a cabo sus labores, demostrando así que
la opacidad que impera en el gobierno no solo afecta a la sociedad civil, sino que afecta de igual manera el funcionamiento de la propia estructura gubernamental.
Rodríguez Rivera señaló que también hubo avances este año en el tema de transparencia, entre ellos: el lanzamiento de una herramienta de acceso a la información pública en el sitio web del Departamento de Desarrollo Económico (Ddec), que ofrece detalles sobre los beneficiarios de concesiones contributivas; el hecho de que se incluyó en las plataformas de todos los partidos el tema de la transparencia y se le dio mucho énfasis durante la campaña a este tema como antídoto para la corrupción, el desarrollo de la Liga de Ciudades, organización no partidista de municipios que promueve la transparencia y rendición de cuentas en los entes municipales; la orden judicial que obligó a la divulgación de información oculta sobre salarios en la legislatura; y el desarrollo de una herramienta de monitoreo por parte de la Junta de Supervisión Fiscal en su página de Internet, que ofrece actualizaciones, informes y detalles sobre el uso del dinero del COVID-19.
A continuación, se presenta un análisis mes a mes y una gráfica (nube) de los temas relacionadas transparencia que se discutieron en el 2020 en Puerto Rico (se aneja también en JPG):
Enero: Piden transparencia en la inspección de las escuelas después de los terremotos y en el estado de la AEE después del desastre y el DDEC lanza herramienta de Acceso a la Información Pública ofreciendo detalles sobre los beneficiarios de decretos contributivos.
Febrero: Exigen transparencia en los suministros encontrados en los almacenes en Ponce y en el Plan Integrado de la AEE y la Liga de Ciudades nombra directora ejecutiva.
Marzo: Reclaman transparencia en los planes para atajar el COVID-19 y exigen una investigación sobre la compra de pruebas fallidas.
Abril: Piden transparencia sobre los datos del COVID-19, la sociedad civil advierte de posibles casos de corrupción en el manejo de la crisis salubrista y Espacios Abiertos propone cinco medidas para combatirla.
Mayo: Publican estudio comisionado por la Red de Transparencia donde se revela las deficiencias en las leyes de transparencia y datos abiertos, sociedad civil hace llamados a transparentar los procesos para solicitar el desempleo a causa del COVID-19, se discute la falta de transparencia y participación ciudadana en el proceso de aprobación del Código Civil y el CPI demanda al Departamento de Educación para obtener información sobre el estado de las escuelas y el presupuesto al detalle de la agencia, entre otras.
Junio: Denuncian falta de transparencia en los contratos de AEE y la posible alza de las tarifas, hacen llamados a no aprobar el propuesto Código Electoral, denuncian la falta de transparencia y participación ciudadana en la discusión presupuestaria y la Junta de Supervisión Fiscal radica demanda para exigirle al gobierno documentos sobre pruebas COVID-19.
Julio: Reclaman la falta de periodicidad en los datos del COVID-19, se dan a conocer casos contra funcionarios públicos en el PFEI y el FBI y le exigen al gobierno la publicación de los estados financieros auditados de los años 2017, 2018 y 2019.
Agosto: Tribunal ordena a la CEE proveer las fotos de las y los candidatos a las elecciones a Espacios Abiertos, sociedad civil exige rendición de cuentas en los procesos primaristas y el Instituto de Estadísticas de Puerto Rico advierte a 38 agencias que entreguen información estadística según es requerida por ley.
Septiembre: Piden transparencia durante el proceso de evaluación de jueces y fiscales y se publica estudio que revela la falta de transparencia fiscal en los municipios.
Octubre: Firme el llamado a transparentar los salarios de los legisladores, jueces y personal de los municipios.
Noviembre: Denuncian falta de transparencia en los comicios electorales y se firma la ley para fomentar transparencia en los procesos de compras del gobierno.
Diciembre: Demanda contra el Ddec por la publicación de los beneficiarios de decretos contributivos pone en riesgo avances en transparencia y recomiendan transparentar el proceso de distribución de las vacunas.
“Un gobierno abierto es posible en Puerto Rico, y para lograrlo hay que tener la voluntad y el compromiso real de hacerlo, no debemos quedarnos en la idea. Desde Espacios Abiertos continuaremos desarrollando herramientas, presentando modelos de mejores prácticas e identificando oportunidades para educar a la población y al gobierno sobre el avance que representa para nuestro desarrollo como sociedad: transparentar, rendir cuentas y garantizar la participación ciudadana. Un gobierno abierto además de ser uno más democrático, resultará en un Puerto Rico más justo y equitativo para todos y todas”, expresó Cecille Blondet Passalacqua, directora ejecutiva de Espacios Abiertos.
