La Junta de Supervisión y Administración Financiera para Puerto Rico celebró hoy su 23ra reunión pública y tomó varias decisiones que continuarán contribuyendo a que Puerto Rico se recupere y mejore su responsabilidad fiscal, según dispuesto en PROMESA.
La Junta de Supervisión, con los nuevos miembros John Nixon y Betty Rosa nominados recientemente por el presidente Donald J. Trump, discutió el estado actual de la economía de Puerto Rico, los resultados de la última encuesta empresarial de la Junta de Supervisión y la segunda fase de la investigación de la Junta de Supervisión de servicios de auditoría y consultoría realizados por BDO Puerto Rico (BDO).
Los miembros votaron para certificar el Plan de Acción del Departamento de Vivienda de Puerto Rico (Vivienda), que detalla el uso de $8,300 millones del Programa de Subvenciones en Bloque para el Desarrollo Comunitario (CDBG-MIT) del Departamento de Vivienda de los Estados Unidos (HUD) y aprobaron varias solicitudes de redistribuciones Gobierno de Puerto Rico.
La directora ejecutiva Natalie Jaresko presentó un panorama general del efecto de la pandemia del COVID-19 en la economía de Puerto Rico, haciendo énfasis en que la recuperación sigue siendo incierta. Hasta ahora, la recuperación laboral de Puerto Rico ha sido más lenta que la de los Estados Unidos. En Puerto Rico, el 46% de los empleos perdidos en abril se recuperó en octubre, en comparación con el 67% en el territorio continental de EE.UU. A largo plazo, la Isla sigue ante la amenaza de un declive económico y demográfico.
La Junta de Supervisión discutió su última encuesta sobre la facilidad para hacer negocios en Puerto Rico, de la que participaron 649 principalmente pequeñas empresas. La encuesta muestra el profundo efecto de la pandemia en los negocios de Puerto Rico: casi la mitad de los negocios despidió o dio de baja a sus empleados, o redujo los turnos de trabajo, y casi el 60% dijo que la pandemia redujo la demanda de sus productos o servicios. La mitad de los encuestados dijo que necesitará financiamiento, incluidos préstamos o subvenciones, para reabrir; y más del 40% dijo que necesita rediseñar la logística de su negocio o requiere experiencia técnica para que su negocio se ajuste a la nueva realidad económica.
Los resultados también reiteran lo importante que es para el Gobierno implementar reformas de facilidad para hacer negocios y digitalizar los servicios. Durante los últimos seis meses, solo el 25% de los encuestados dijo que podía obtener servicios del gobierno en línea, y más de la mitad dijo que tuvo una mala experiencia de servicio. Los encuestados calificaron los servicios y sistemas para registrar una propiedad, obtener un permiso y pagar impuestos como difíciles o muy difíciles. La Junta de Supervisión continuará encuestando los negocios de Puerto Rico trimestralmente para determinar cómo cambia el entorno comercial y si la comunidad empresarial considera que los cambios implementados por el Gobierno son efectivos.
La Junta de Supervisión certificó el Plan de Acción de Vivienda para el tercer tramo de los fondos CDBG DR / MIT de $20,000 millones de HUD. El Plan de Acción mejora la capacidad de las comunidades para prepararse, planificar y recuperarse de desastres naturales, y restaurar con más éxito los servicios y estructuras básicos de manera oportuna y eficiente. La Junta de Supervisión recomendó que Vivienda establezca un Portal de Transparencia CDBG-DR / MIT para promover la transparencia y la rendición de cuentas al brindarle al público visibilidad de dónde fluyen los fondos y dónde se retrasan los desembolsos.
Durante la reunión, la Junta de Supervisión también aprobó $72 millones en solicitudes de redistribución por parte del Gobierno de Puerto Rico, incluidos fondos para los municipios, el Departamento de Corrección y Rehabilitación, el Departamento de Salud y la Universidad de Puerto Rico.
Asimismo, La Junta de Supervisión discutió la revisión de los servicios de contabilidad, consultoría y otros realizados por BDO, según lo solicitado por los miembros del Congreso de los EE.UU. El informe, de UHY LLP, no encontró ningún asunto que indique que la integridad de BDO en cualquiera de los servicios prestados se vio perjudicada o de otra manera afectada por las supuestas actividades de su ex socio gerente o la acción subsiguiente del gobierno del Estado Libre Asociado, y el informe no encontró ningún caso en el que los servicios prestados no se ejecutaron de acuerdo con el alcance del contrato, los trabajos ejecutados esperados, la puntualidad, los hitos y los estándares profesionales correspondientes. El segundo informe de UHY concluye la investigación de la Junta de Supervisión sobre BDO; ya había concluido la investigación sobre los servicios de auditoría del año fiscal 2017 realizados por BDO.
