El presidente del Comité de Transición del gobernador electo Pedro Pierluisi, Ramón Luis Rivera Cruz detalló el miércoles, que la Autoridad de Puertos enfrenta serias situaciones económicas.
“La Autoridad de Puertos es, como muchas corporaciones públicas, pues está pasando por dificultades particulares. Falta de ingresos necesarios y pues, con la pandemia eso se agudizó”, dijo Rivera Cruz en conferencia de prensa.
Expuso que se plantea iniciar negocios de reparación de embarcaciones y yates, para impulsar esa industria en la isla.
“Pero tiene un futuro promisorio si se hacen las cosas correctamente y los planes que esbozó el director, son planes muy buenos. Por ejemplo, la idea de los mega yates, la idea de utilizar los diques secos para establecer una industria de mantenimiento y reparación de embarcaciones en Puerto Rico”, dijo.
Por su parte, el titular de Puertos, Joel Pizá Batiz inició el diálogo con la prensa en relación al caso de la expansión de muelles en Puerto Nuevo.
“Lo que hay es una investigación por parte del Federal Maritime Comission, por parte del Departamento de Justicia Federal y una investigación por parte de la Oficina de Asuntos Monopolísticos del Departamento de Justicia de Puerto Rico con relación a un acuerdo colaborativo de dos compañías de estivas en la zona de Puerto Nuevo. Todavía no hay un pleito judicial, el Federal Maritime Comission permitió el acuerdo. No obstante, sé que la Oficina de Asuntos Monopolísticos está revisando si existe jurisdicción concurrente para poder intervenir a través de la ley local”, dijo Pizá Batiz quien agregó que ha colaborado con las agencias interventoras.
Por otro lado, Rivera Cruz detalló como asuntos importantes los proyectos de dragado y ensanche de la Bahía de San Juan, realizar los muelles de Guayanilla y Yabucoa.
“El de Yabucoa es de vital importancia porque por ahí entra mucho combustible en Puerto Rico”, dijo.
Por otro lado, se expresó en la necesidad de mejorar el Aeropuerto Rafael Hernández de Aguadilla pues es el único aeropuerto que no está en zona inundable.
“Ahí va a estar la capacidad creativa del director seleccionado por el gobernador”, dijo Rivera Cruz.
Pizá Batiz mencionó que no se contempla despedir empleados en la Autoridad de los Puertos.
“La política pública del gobierno de Puerto Rico es despedir cero empleados. Todas las eficiencias que se van a realizar en los aeropuertos regionales es excluyendo exactamente esa alternativa. Como mencionó el alcalde, la fuerza creativa es transferirlo, el retiro incentivado, verificar el estatus de la Ley 80, quizá otro proceso que en vez de un contrato operacional de mantenimiento sea una P3 donde haya una concesión total, la negociación con un ente privado para que reclute la mayor cantidad posible. Pero despedir empleados, eso no está dentro de las alternativas a considerar”, dijo el titular de Puertos al añadir que si aumenta recaudos, disminuyen las posibilidades de reducir la plantilla de empleados.
Explicó que con los recaudos en tiempos de pandemia se ha podido cumplir con la nómina, sin embargo, faltaría alrededor de 30 millones de dólares para mejoras.
Por otro lado, durante las vistas públicas se habló sobre los efectos del cambio climático podrían afectar al Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín (AILMM- SJU), Pizá Batiz dijo que “de cara a los próximos 50 años es una realidad que, no tan solo nosotros, sino todo el resto del Caribe, todos los que nos encontramos sobre unos pies sobre el nivel del mar vamos a enfrentar. Pero el Aeropuerto de Aguadilla para nosotros es prioridad, mitigar pues puedes mitigar, pero ya nosotros debemos estar pensando en un sustituto y Aguadilla es de por si, el sustituto natural de operaciones y tenemos el espacio, tenemos la pista más larga del Caribe y hacia allá nos dirigimos, a desarrollar ese aeropuerto”.
Asimismo, expuso que se van a desarrollar los tres aeropuertos internacionales. En el caso de Aguadilla se plantea la construcción de una nueva pista.
“La pista de Aguadilla que es de 11 mil 700 pies, cuando se habló del diseño se dijo vamos a quitarle pies porque realmente ustedes en sus operaciones no necesitan tantos pies, la Autoridad dijo no, es importante mantener esos 11 mil 700 pies, se mantuvo y seguiremos siendo la pista más larga del Caribe con una pista nueva”, dijo.
El titular de Puertos destacó que durante los pasados once meses, han estado cambiando la cultura de la Autoridad amparados en tres principios cardinales: (1) planificación de infraestructura; (2) política arrendataria sustentable al justo valor del mercado; y (3) cumplimiento estricto con la reglamentación federal.
«A pesar de los huracanes Irma y María, terremotos, crisis económicas, falta de acceso al mercado de capital, el Covid 19 e ineficiencias administrativas estructurales, tenemos una visión de hacer a la Autoridad una autosustentable y eficiente bajo una sana administración pública», aseguró Pizá Batiz.
Plantilla Reducida. Con 448 empleados, el capital humano en la Autoridad se ha visto significativamente reducido en comparación con los pasados años. A modo ilustrativo, para el año 2010, la Autoridad contaba con 1,072 empleados, lo que representa un déficit de sobre 700 vacantes al presente.
Igual reducción se percibe en el servicio de confianza. Para el 2008, la APPR contaba con 23 empleados en el servicio de confianza y, en el 2012, con 19. Actualmente la Autoridad opera con 17 funcionarios en el servicio de confianza, reseñó Pizá Batiz.
Del capital humano en la PPR, 174 empleados son elegibles al programa de retiro incentivado instituido bajo la Ley 80-2020, conocida como la Ley del Programa de Retiro Incentivado y de Justicia para Nuestros Servidores Públicos.
En torno a los Programas de Transición Voluntaria («PTV») y su implementación, desde el periodo de 2017 al presente, el mismo refleja un ahorro de nómina y costos relacionados de 3.9 millones de dólares.
«Actualmente sometimos un planteamiento para el pareo y asignación de fondos estatales para dos (2) proyectos de mejoras capitales subsidiados con fondos federales que ascienden a 146.3 millones de dólares», abundó.
Reducción de ingresos. Durante este último cuatrienio (2016-2020) a la APPR le han afectado diferentes fenómenos de fuerza mayor como los huracanes Irma, María y, en el año en curso, terremotos y la pandemia causada por el virus SARS-CoV-2 («COVID-19»).
Antes de la pandemia del COVID-19, la APPR anticipaba generar ingresos operacionales de aproximadamente 110,330,301 dólares al cierre del año fiscal 2019-2020.
«No obstante, a causa del COVID-19 al cierre del año fiscal 2019-2020, la
APPR dejó de percibir alrededor de 12 millones de dólares. La merma en ingresos responde, en gran medida, a la consabida disminución en las operaciones aéreas y marítimas, entiéndase, reducción de pasajeros en vuelos y cruceros» sostuvo Pizá Batiz.
Actualmente, el último estado auditado es del año 2017. Los estados correspondientes a los años 2018, 2019 y 2020 están en su etapa preliminar debido a los procesos establecidos por el GASB 68, aclaró.
La APPR, sostuvo Pizá Batiz, está en cumplimiento con los informes requeridos por la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal del Gobierno de Puerto Rico («AAFAF») y el Financial Oversight and Management Board for Puerto Rico («FOMB») que incluyen, entre otros asuntos, monitoreo de liquidez, Cash Flow Out, cuentas a pagar y cobrar, y reportes de ahorros e implementación.
Desafío del Covid-19 en aviación comercial. La APPR ha estado implementando por los pasados meses medidas cautelares y de prevención contra el Covid-19 para proteger a nuestros empleados, visitantes y eventuales pasajeros en cada una de nuestras instalaciones portuarias.
«El mayor logro de prevención de contagios en nuestros aeropuertos regionales, y que sin duda alguna ha salvado múltiples vidas, fue la obtención de una dispensa histórica por parte del Departamento de Trasportación de los Estados Unidos («DOT», por sus siglas en inglés), que nos permitió limitar la llegada de pasajeros en los aeropuertos de Aguadilla y Ponce. Los referidos aeropuertos son los únicos en nuestro sistema de aeropuertos regionales en tener la certificación «Part 139» por parte de la Agencia Federal de Aviación («FAA», por sus siglas en inglés). Dicha certificación nos permite poder recibir vuelos de pasajeros comerciales a través de líneas aéreas como: Jet Blue, Spirit Airlines y United Airlines, entre otras» expresó.
Reconociendo que el cierre de aeropuertos federalizados y el espacio aéreo de los Estados Unidos recae exclusivamente en el Gobierno Federal, el 21 de marzo de 2020 la Gobernadora de Puerto Rico cursó una carta al FAA solicitando que: (1) los vuelos comerciales de pasajeros lleguen al únicamente al aeropuerto Luis Muñoz Marín (LMM); (2) que los vuelos de aviación general solo lleguen en tres aeropuertos y no nueve; y (3) que se prohíba la entrada de vuelos de pasajeros provenientes de los llamados «hotspots».
El 23 de marzo de 2020, el FAA concedió la petición para que los vuelos comerciales de pasajeros solo lleguen al aeropuerto LMM y que los vuelos de aviación general solo lleguen a tres (3) aeropuertos en vez de nueve (9). En virtud de esa concesión histórica, los aeropuertos de Ponce y Aguadilla no reciben vuelos comerciales de pasajeros actualmente.
El director ejecutivo de la APPR destacó que ningún otro estado o territorio de la nación ha recibido una concesión de esta naturaleza. De igual forma, el alcalde de la ciudad de Miami, Florida, y el Gobernador de Nueva York, hicieron expresiones para cerrar sus aeropuertos y no recibieron ninguna autorización del Gobierno Federal a esos efectos.
De igual modo, señaló que el DOT y el FAA no preceptuó una fecha cierta para la reapertura de los aeropuertos de Ponce y Aguadilla. Queda a la total discreción del Gobierno de Puerto Rico decidir cuándo dichos aeropuertos pueden iniciar operaciones de pasajeros en vuelos comerciales.
No obstante, el 7 de abril de 2020, la Gobernadora envió una segunda carta al Administrador del FAA solicitando prohibir vuelos provenientes de ciudades catalogadas como hotspots. El 21 de mayo de 2020, la petición fue denegada.
Ante el aumento de casos en estados como Florida y Texas, el 16 de julio de 2020 la Gobernadora cursó una tercera carta, pero esta vez a la Hon. Elaine Chao, secretaria del DOT. En esta carta, se solicitó que el FAA prohibiera vuelos provenientes del estado de la Florida, Texas y eventuales ciudades catalogadas como hotspots.
Dicha petición fue denegada por no ser cónsona con la política pública del presidente de Estados Unidos, Donald John Trump.
Sin embargo, explicó Pizá Batiz que la Autoridad ha sido diligente en realizar las inversiones necesarias para adaptar los aeropuertos de Ponce y Aguadilla a los mejores estándares de salubridad de la industria ante esta lamentable y luctuosa situación de la pandemia del COVID-19.
Ejemplo de esto fue la instalación de cámaras y tecnología infrarroja para la detección de pasajeros febriles. De la misma manera, se instaló un sistema comprensivo de rotulación y señalización para continuar instruyendo sobre el nuevo código de conducta social ante esta pandemia.
Finalmente, se ha establecido un plan riguroso de limpieza y desinfección en todas nuestras instalaciones.
«Debido a estas medidas salubristas que hemos establecido en los aeropuertos de Ponce y Aguadilla, nos sometimos al escrutinio de una de las organizaciones más prestigiosas de operadores de aeropuertos a nivel global, Airport Council International («ACI»). ACI estableció un programa de certificación con los mejores estándares y prácticas a nivel global para el manejo del COVID-19, con el propósito de que los aeropuertos participantes pudieran adoptar dichas prácticas en sus operaciones y estar mejor situados para velar por la salud de sus empleados y visitantes. Con mucho beneplácito y alegría, el 26 de noviembre del año en curso, recibimos las certificaciones correspondientes para ambos aeropuertos. Esto significa que nuestros dos aeropuertos están debidamente certificados y forman parte del limitado grupo de aeropuertos a nivel mundial con dicha certificación», indicó Pizá Batiz.
Desafío del Covid-19 en muelles de crucero. Con relación a los muelles cruceros, a pesar de que el Centers for Disease Control and Prevention («CDC») emitió un «No-Sail Order» el 14 de marzo de 2020 y recientemente emitió un «Conditional Sail-Order», la Autoridad ha estado habilitando los muelles turísticos para una posible reanudación de viajes cruceros para finales del primer trimestre del año 2021.
Consecuentemente, la APPR ha preparado un protocolo, en discusión con las propias líneas de cruceros, para su eventual reinicio de operaciones.
«Finalmente, es importante señalar que la decisión de la reanudación de vuelos comerciales en los aeropuertos de Ponce y Agudilla, así como la autorización para que la Isla reciba barcos cruceros con pasajeros, depende de una determinación afirmativa por parte del Secretario de Salud y el Gobernador de Puerto Rico», puntualizó Pizá Batiz.
Conforme a los pronósticos clínicos presentes, existe una alta probabilidad de que la referida crisis de salud pública continúe presente, ello implicando para la Autoridad la continuidad en su pérdida de ingresos. A tales efectos, durante el primer trimestre del año fiscal en curso, entiéndase del 1 de julio de 2020 al 30 de septiembre de 2020, se dejó de percibir alrededor de unos 7.8 millones de dólares en ingresos.
Esto implica que, de continuar la tendencia, se proyecta una pérdida de ingresos para la APPR de 31.1 millones de dólares al cierre del año fiscal 2020-2021.
Programa de Mejoras Capitales. En términos generales, el Programa de Mejoras Capitales (PMC) de la APPR se ha planificado principalmente para trabajar proyectos de reparación, rehabilitación y reconstrucción de infraestructura existente.
PMC Aeropuertos regionales. El PMC de los aeropuertos regionales se enfoca en la maximización del uso de los fondos federales otorgados bajo la tutela del Airport Improvement Program del FAA.
Ordinariamente, dicho programa aporta un 90 por ciento de participación en cada proyecto, aunque para algunos la aportación puede llegar a 95 por ciento. No obstante, para el año fiscal federal 2020, mediante el Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security Act («CARES Act»), el FAA otorgó el 100 por ciento de participación en este programa, permitiendo a la Autoridad acelerar los diseños y subastas de varios proyectos en agenda que culminó con una cifra récord de obligaciones federales de 26 millones de dólares.
El ámbito de trabajo principalmente en estos proyectos es mejorar la condición de los pavimentos. Es menester señalar que estos pavimentos son la porción de infraestructura más importante para la operación de un aeropuerto, pues sin pistas y ante pistas es imposible mantener nuestras operaciones aéreas.
En el 2017, conforme a los estándares de FAA 150-5380-7B y la ASTMD 5340-98, la Autoridad completó un estudio de condición de pavimentos en las áreas de rodaje de aeronaves en todos sus aeropuertos regionales. El estudio incluyó el examen de pistas, ante pistas y andenes. Según estos estándares previamente identificados, la condición de los pavimentos se mide por el parámetro «Pavement Condition Index» («PCI»).
El PCI promedio total de todo el sistema fue de 60, lo que refleja una condición significativamente crítica. El PMC ha incluido todos los estudios, diseños, subastas y contrataciones necesarias para aumentar estos índices a una condición aceptable, maximizando la utilización de los fondos federales otorgados.
Durante gestión de la APPR, Pizá Batiz mencionó que también se encontró que muchos de los instrumentos de navegación aérea necesarios para una operación segura estaban en estado crítico.
«Por tanto, varios de los proyectos subastados contemplan el reemplazo y actualización de estos sistemas. Se proyecta que, al completarse todos estos proyectos encaminados, la APPR contará con una infraestructura aérea en condición aceptable y más segura para sus usuarios», indicó.
Por otro lado, Joel Pizá destacó que era importante mencionar que el aeropuerto más importante que administra la Autoridad, el aeropuerto Rafael Hernández de Aguadilla, tiene serios problemas estructurales en la integridad de su pista.
La legislación H.R. 1625, firmada en el 2018 por el presidente Donald John Trump, asignó 1 billón de dólares en fondos discrecionales adicionales al Fiscal Year Supplemental Appropriation, Airport Improvement Program de la FAA. El mismo facultó al Secretario de Transportación Federal para emitir subvenciones o grants a proyectos en aeropuertos, con prioridad a los aeropuertos no-primarios clasificados como «regionales» y que estuvieran fuera de las áreas metropolitanas.
A estos efectos, en el 2018, la APPR sometió ante la consideración de la FAA el proyecto de reconstrucción de la pista. El mismo fue acogido por la referida agencia, condicionado a que se completaran varios estudios de rigor. La APPR satisfizo todos los requerimientos de la FAA, obteniendo la aprobación final para la otorgación de una subvención de 24.5 millones de dólares para comenzar la primera fase de este proyecto.
Asimismo, el PMC también contempló varios proyectos con un objetivo de mejorar las facilidades de terminales en Isla Grande, Ponce y Vieques. Estos trabajos consisten en mejoras y reparaciones de daños ocasionados por el paso del huracán María. Otros proyectos incluyeron las reparaciones de verjas, techos, aires acondicionados, y equipo eléctrico.
PMC puertos marítimos. El PMC de los puertos marítimos, ha sido trabajado en su mayoría con fondos propios. El área marítima no cuenta con un programa federal recurrente por derecho o entitlement.
El ámbito de trabajo de los proyectos desarrollados ha sido con el objetivo primordial de rehabilitar el pavimento de los accesos de entrada y salida vehicular de los muelles de carga y adquirir nuevas defensas para la protección de los navíos y plataformas en los muelles de Puerto Nuevo.
El proyecto más abarcador del PMC Marítimo se encuentra en su fase final para reestablecer la operación del Ferry en el Muelle de Sardinas en la Isla Municipio de Culebra. Allí se completó la construcción de un nuevo muelle de carga auxiliar para permitir la reconstrucción paralela de este último.
Ante la falta de fondos federales, varios proyectos se han desarrollado bajo acuerdos colaborativos con empresas operadoras. En el área de cruceros, se trabajaron mejoras para adaptar muelles para el atraque de los barcos Freedom of the Seas, de Royal Caribbean y el Epic de Norwegian Cruise Line. Con la empresa Carnival, se trabajó el reemplazo de las defensas en el lado oeste del Muelle 4. Por igual, se trabajó un acuerdo con Ferries del Caribe para desarrollar un nuevo terminal de pasajeros en el Muelle 15 y, con la empresa Luis Ayala Colon, la pavimentación de ciertas áreas de anden de contenedores.
Tras el paso del huracán María, se coordinó con la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias («FEMA», por sus siglas en inglés) y la United States Maritime Administration («MARAD») para realizar un estudio de la condición de toda la infraestructura de muelles en la Isla, presentando varias situaciones que deben ser atendidas.
En síntesis, el resultado del estudio refleja varias condiciones que requieren de inversión sustancial. En los muelles de crucero, se contempla atender estas deficiencias mediante la contratación de Alianzas Público-Privadas. En búsqueda de opciones para poder realizar estas obras, también se aplicó para participar del programa Community Development Block Grant («CDBG») manejado por el Departamento de la Vivienda de Puerto Rico.
Pizá Batiz destacó que el PMC incluye dos (2) proyectos para el mantenimiento y mejoras de los canales de navegación de la Bahía de San Juan, en coordinación con el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos («USACE»).
El dragado de mantenimiento se desarrolla incluyendo esta área dentro del contrato federal adjudicado por el USACE para dragar los canales de navegación. Las mejoras a los canales de navegación (ensanche y profundización), también es desarrollado por el USACE y la APPR funge como el local sponsor.
Directorado de gerencia aeroportuaria. De los nueve aeropuertos regionales bajo el directorado de gerencia aeroportuaria, el aeropuerto de Aguadilla es sin lugar a duda la instalación aeroportuaria más valiosa para la Autoridad en términos operacionales.
Con una pista de 11,702 pies de largo por 200 de ancho, el aeropuerto recibe sobre 156 millones de libras de carga al año. Igual importancia tiene dicho aeropuerto en la transportación de pasajeros. A modo ilustrativo, previo a la pandemia del COVID- 19, el aeropuerto de Aguadilla vio un incremento significativo de 51.3 por ciento en el flujo de pasajeros entre los años 2017 al 2019. Para el 2017, la cifra en cuestión rondaba en 498,422 pasajeros mientras que, al finalizar el año natural 2019, el número ascendió a 753,996 pasajeros.
El titular de Puertos destacó que el aeropuerto de Aguadilla continúa siendo el sujeto de ambiciosos proyectos de mejoras.
Entre estos, resaltó la construcción de una nueva pista en dicho aeropuerto. Este proyecto de infraestructura, subrayó, es posiblemente uno de los más importantes y de mayor envergadura en Puerto Rico en los próximos treinta años.
Allí se construirá una nueva pista de aterrizaje de once mil pies y la pista de aterrizaje actual se convertirá en un ante pista o taxiway. El costo del proyecto se estima en unos 135 millones de dólares y la aportación estatal se estima en 30 millones de dólares. La APPR recibió los primeros 24.2 millones de dólares por parte de la FAA para la fase inicial del proyecto.
Asimismo, cabe recordar que el 29 de abril del 2020, el DOT emitió la orden 2020-4-10, concediendo a Puerto Rico una exención de dos (2) años a las líneas aéreas internacionales para expandir la trasferencia de carga y pasajeros internacionales en los aeropuertos de Aguadilla, Ponce y Luis Muñoz Marín en el municipio de Carolina.
Los aeropuertos internacionales de Aguadilla y Ponce no son las únicas instalaciones en miras de desarrollo y mejoras. Para el año fiscal 2020, la Autoridad obtuvo de la FAA sobre la cantidad de 26 millones de dólares en fondos federales para la realización de mejoras en siete aeropuertos regionales.
Entre estas, figuran mejoras a los sistemas de ayuda visual de navegación en los
aeropuertos regionales en Isla Grande, Arecibo, Mayagüez, Culebra, y Vieques. Además, estos últimos dos aeropuertos regionales, junto al Aeropuerto de Ceiba, verán la repavimentación de sus pistas y ante pistas.
Además, la APPR se encuentra en las postrimerías de suscribir un contrato de operación y mantenimiento («O&M», por sus siglas en inglés) para la operación de los nueve aeropuertos regionales.
Aunque el negocio jurídico en cuestión no consistirá en una Alianza Público Privada o «P3» tramitado y regido bajo las disposiciones de la Ley 29-2009, según enmendada, conocida como la Ley de Alianzas Público Privadas, la Autoridad para las Alianzas Público Privada ha sufragado los costos del proceso de negociación y ha implementado las mejores prácticas consagradas bajo la Ley Núm. 29-2009, supra.
Directorado de Gerencia Marítima. Entre los proyectos de mayor envergadura para el Negociado Marítimo se encuentra el ensanchamiento de los canales de navegación de la Bahía de San Juan. El USACE realizó el estudio y recomendó ensanchar y profundizar aún más la Bahía de San Juan. Esto permitirá traer barcos con mayor calado y, en el sector turístico, les permitirá a las líneas de cruceros poder ahorrar unos 30 minutos en sus maniobras de atraque en la Bahía de San Juan, evitando mayor contaminación al ambiente. La aportación estatal se estima en unos 13.5 millones de dólares.
En la zona de San Juan, el Negociado Marítimo tiene pendiente varios proyectos de impacto económico significativo. Uno de estos es el proceso de Solicitud de Propuestas («RFP», por sus siglas en inglés) para la reparación, operación y mantenimiento del dique seco ubicado en el Muelle 15 en Isla Grande.
La Autoridad recibió propuestas para este proyecto y, actualmente, se encuentra en el proceso de evaluar y adjudicar las mismas. Con este proyecto, la Autoridad atiende una problemática recurrente en la comunidad marítima, a saber, el que operadores de embarcaciones tengan que gastar miles de dólares al año reparando sus embarcaciones en otras jurisdicciones.
Además, el Negociado Marítimo tiene pendiente la reconstrucción del Muelle 3, la instalación de las defensas en el área de Puerto Nuevo, la construcción de un nuevo concesionario Duty Free el Muelle 3, así como la adjudicación de los trabajos de sellado de techo en los Muelles Panamericano I y II.
En el caso de los Muelles Panamericano, Pizá Batiz resaltó que dichas instalaciones, además de estar en estado progresivo de deterioro, no tienen la capacidad de recibir dos barcos de alta capacidad simultáneamente, pues solo tienen un carril de entrada y de salida pertenecientes a un aeropuerto federalizado.
«Lo mismo sucede con el sistema de control de incendios en la zona portuaria de Puerto Nuevo. Dicha zona de carga en Puerto Nuevo incumple con las regulaciones del USCG al no tener suficientes hidrantes de agua funcionando con la presión adecuada. Para poner la zona de Puerto Nuevo en cumplimiento, tiene que haber un compromiso interagencial entre la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, el Cuerpo de Bomberos, y la Autoridad. Esto sebe ser una prioridad para el año 2021», indicó.
Por otro lado, la Autoridad está convencida de la necesidad de sujetar los muelles del área sur de Puerto Rico a un plan de desarrollo. Estos muelles (situados en Yabucoa, Guayama, Guayanilla y Tallaboa) fueron construidos por empresas privadas. No obstante, la APPR ha sido históricamente responsable por sus mejoras y reparaciones sustanciales de índole estructural, así como de sus dragados.
«Debemos delinear un plan estratégico con cara al futuro para poder maximizar los créditos y disminuir las obligaciones de inversión en dichos muelles. En esa línea, la APPR entiende medular procurar las gestiones necesarias para federalizar estos puertos», expresó Pizá Batiz. «Al presente, los únicos puertos federalizados en Puerto Rico son los de Mayagüez, Arecibo y los de la Bahía de San Juan. Nuestra próxima asignación debe ser federalizar Guayama y Yabucoa».
Seguros y reclamaciones. La Sección de Seguros y Reclamaciones de la Oficina del Asesor Legal General de la APPR logró, junto a los ajustadores públicos y abogados de la Autoridad, que la APPR fuera de las primeras instrumentalidades del Gobierno de Puerto Rico en finiquitar los procesos de reclamación contra las aseguradoras por los daños en edificios administrativos, muelles y aeropuertos a raíz del paso del huracán María en septiembre de 2017.
«Como resultado de dichos esfuerzos, a mediados del año en curso, la APPR logró transigir un desembolso a su favor de 59,262,509.00 dólares», puntualizó Pizá Batiz.
Similar resultado se espera respecto a otras reclamaciones pendientes, a saber, la reclamación de 11,767,321.00 dólares por los daños ocasionados al Muelle 3 de San Juan a raíz de la colisión del crucero Norwegian Epic el 20 de febrero de 2019 y la reclamación de 16,300,000.00 dólares por los daños a las instalaciones del aeropuerto Mercedita en Ponce, los muelles de Guánica, Yabucoa, Guayanilla, y las Capitanías de Ponce y Guayanilla a raíz del terremoto de 7 de enero de 2020.
«Agradezco la oportunidad de permitirme exponer mis comentarios respecto a la gestión pública que llevamos a cabo en la Autoridad y de compartir con el País las estrategias administrativas y operacionales que hemos procurado en aras de fortalecer el desarrollo económico del país a través de esta corporación pública», concluyó Pizá Batiz.
