9 de diciembre de 2020- Washington, D.C.- La Cámara de Representantes aprobó anoche legislación de la coautoría de la comisionada residente, Jenniffer González Colón, para combatir a depredadores cibernéticos y asegurar la transparencia de la Junta de Control Fiscal.
Además, se aprobaron dos paquetes de medidas que financian o autorizan programas relacionados a la defensa y trabajos de cuerpos de agua donde la congresista logró insertar lenguaje que benefician a Puerto Rico, entre otras medidas de beneficio para la isla. Se espera que en los próximos días la legislación pase a votación del Senado y luego a manos del presidente para evaluación y posible conversión en ley.
Ajusto de costos del proyecto del Caño Martin Peña y canalizaciones
En la Ley para el Desarrollo de los Recursos de Aguas (WRDA, por sus siglas en inglés), la cual ajusta el costo autorizado para trabajos en el Proyecto de Restauración del Ecosistema Caño Martin Peña (CMP) se aumentó a $255,816,000 la cantidad autorizada para el proyecto; a la vez que autoriza proceder con la continuación de proyectos de canalización de los ríos Guayanilla, Culebrinas en Aguada y Aguadilla y Grande de Manatí en Ciales. esto luego de la publicación de los Informes del Ingeniero en Jefe o “Chief Reports” durante los pasados meses de agosto y noviembre, que definen el alcance de los proyectos y la inversión que será necesaria.
“El proyecto del Caño Martín Peña es de suma importancia para el desarrollo y salud de las comunidades G-8 y municipios aledaños. Este cambio en el costo autorizado es crucial para mantener el proyecto viable por más tiempo. Continuamos enfocados en que el mismo progrese y finalmente se asignen los fondos necesarios para encaminar la fase de construcción y dragado, lo que requiere que sea elegido como proyecto de nueva construcción por el Cuerpo de Ingenieros” dijo González Colón.
El CMP se autorizó por medio del proyecto WRDA 2007 bajo un costo de $150 millones. Sin embargo, a más de 10 años de ser autorizado, esta cantidad ya no refleja el costo actualizado del proyecto. Es por esto por lo que mientras la Cámara estaba trabajando su versión del WRDA 2020 que fue aprobada en julio de este año, la comisionada gestionó la inclusión de un aumento y ajuste del costo autorizado para CMP.
Además a estos esfuerzos, la comisionada ha abogado por la inclusión de una mayor cantidad de proyectos de nueva construcción, conocidos como “New Starts”, y lenguaje en beneficio del proyecto en el reporte de apropiaciones por varios años fiscales consecutivos, incluyo el año fiscal 2021.
Sobre los proyectos de canalización de ríos, la congresista comentó que “ahora la próxima etapa para lograr la canalización será un esfuerzo a nivel federal y en conjunto con los alcaldes de los respectivos municipios, como lo hemos hecho hasta ahora, para identificar la fuente de fondos a asignarse y que se pueda proceder con el diseño y construcción de estos ríos”.
La comisionada aseguró los fondos en la Ley Bipartita de Presupuesto del 2018 para la etapa de estudios de estos proyectos para el control de inundaciones autorizados ya por el Congreso, entre ellos $3 millones para el río Guayanilla, $400,000 para el Río Culebrinas en Aguada y Aguadilla y $1.2 millones para el Río Grande de Manatí en Ciales.
Otras disposiciones incluidas en WRDA que beneficiarían a la Isla:
Bajo la sección 148 se autorizan $10 millones para que el secretario del Ejército desarrolle y trace un plan para el mapeo recurrente o “recurring mapping” de las costas que están experimentando cambios rápidos. Esto incluye las costas de Alaska, Hawái y cualquier territorio de los Estados Unidos. Potencialmente, esto podría beneficiar el mapeo de las cambiantes líneas costeras en Puerto Rico, ayudando a entender mejor y mitigar la erosión costera en las playas de la isla.
También en la sección 135 se requiere al secretario del Ejército que cuando hay un estudio que vale menos de cierta cantidad, el secretario exime al proponente local de tener que poner un “cost share”. Hasta ahora el secretario podía ajustar esa cantidad por inflación, pero la autorización era WRDA por WRDA, ahora va a ser permanente.
En la sección 510 se requiere al director de los Servicios de Pesca y Vida Silvestre de los Estados Unidos establecer un programa piloto para prevenir, controlar o erradicar especies invasoras en cuencas hidrográficas boscosas de importancia cultural en estados y territorios no contiguos de los Estados Unidos en los que el Cuerpo de Ingenieros lleva a cabo proyectos de gestión del riesgo de inundaciones. Para esta gestión se autorizan $25 millones para los años fiscales 2022 a 2024.
La ley WRDA otorga autoridad al Cuerpo de Ingenieros para llevar a cabo proyectos y estudios de desarrollo de recursos hídricos, así como reformas operacionales.
Día Nacional de los Borinqueneers
Por otro lado, la Ley de Autorización de Defensa Nacional (NDAA, por sus siglas en inglés) para el año fiscal 2021 incluye enmienda bicameral de la comisionada para designar el 13 de abril como el Día Nacional de los Borinqueneers, la cual presentó junto la congresista Stephanie Murphy (D-FL) y el senador Rick Scott (R-FL).
Disposiciones sobre la Guardia Costera
El NDAA igualmente incorpora el Elijah E. Cummings Coast Guard Authorization Act of 2020, proyecto que autoriza el financiamiento y las actividades de la Guardia Costera de los Estados Unidos para los años fiscales 2020 y 2021.
Entre sus disposiciones están que se incluya en el informe sobre diversidad en la Academia de la Guardia Costera, información sobre la efectividad de los esfuerzos de alcance y reclutamiento en los territorios de los Estados Unidos; y asegurar la inclusión de oficiales de los territorios en el Coast Guard Academy Minority Outreach Team Program de la Academia de la Guardia Costera. Ambas disposiciones son parte del lenguaje que la comisionada aseguró en la medida.
González Colón trabajó junto a la congresista Stacey Plaskett de las Islas Vírgenes Americanas para asegurar que se incluyera un informe sobre la interdicción de drogas ilícitas por parte de la Guardia Costera en las zonas de tránsito.
Autorización de fondos para construcción
La legislación además autoriza $37,000,000 en fondos de construcciones militares para el Centro de Preparación de la Guardia Nacional en Fort Allen. La comisionada abogó el pasado mes de marzo ante el subcomité de Asignaciones de Construcciones Militares y Asuntos de Veteranos por estos fondos, los cuales deben ser asignados en la medida de presupuesto que el Congreso considere para el año fiscal 2021.
Otras disposiciones que incluye el NDAA:
Incluye disposición que amplía la red Alerta AMBER, que distribuye alertas en vallas publicitarias en carreteras, televisores, radios y teléfonos celulares para movilizar al público cuando un niño está desaparecido o secuestrado, para incluir aeropuertos, puertos marítimos, puestos de control y otros puertos de salida de los Estados Unidos y ampliaría las subvenciones para la expansión del sistema de Alerta AMBER para estos. Se excluiría a Puerto Rico y al resto de los territorios del requisito de pareo para las subvenciones, de determinar que la jurisdicción no puede cumplir con estos.
La medida apoya un aumento salarial del 3 por ciento para el personal militar y esencialmente ratificaría el plan fiscal 2021 de la administración Trump para mantener a aproximadamente 1.4 millones de estadounidenses en servicio activo.
Autoriza $635.5 mil millones para gastos básicos; incluyendo $8.5 mil millones para construcción militar, $69 mil millones para operaciones en el extranjero, $26.6 mil millones para actividades de armas atómicas del Departamento de Energía y $494 millones para «actividades relacionadas de defensa» en otras agencias y departamentos. Autoriza otros $8.9 mil millones para esfuerzos de defensa para otros comités además de los relacionados a las Fuerzas Armadas.
Aumento de pena para depredadores cibernéticos
La comisionada defendió la aprobación del S. 134, la Ley para combatir a depredadores cibernéticos, de cuya versión en la Cámara H.R.570 es coautora. La medida busca aumentar cinco años adicionales la pena máxima de prisión para un depredador cuando la víctima es menor de 18 años. Además, el Fiscal General debe emitir un informe sobre las mejores prácticas para el cumplimiento de las leyes de acecho federales, estatales y locales.
Transparencia en contratistas de las Junta
El HR 683, Ley de precisión de recuperación de divulgaciones de Puerto Rico (PRRDA, por sus siglas en inglés) fue radicada por las congresistas Nydia Velázquez y Jenniffer González y cuenta con el presidente y el líder republicano del Comité de Recursos Naturales, Grijalva y Bishop respectivamente y con otros 30 coautores de ambos partidos.
Esta legislación requiere que cualquier abogado u otro profesional que la Junta de Supervisión Financiera pueda contratar para trabajar en un caso de Título III sobre reestructuración de deuda de Puerto Rico, divulgue previo a ello cualquier vínculo actualmente o pasado con el deudor, los acreedores u otras personas empleadas por la Junta.
“Este proyecto de ley es un componente importante para asegurar que el proceso de reestructuración bajo PROMESA vele por los intereses de Puerto Rico. Nuestra intención no es excluir la experiencia y el conocimiento de nadie sobre las transacciones fiscales de Puerto Rico como recursos en el proceso de reestructuración, pero es esencial que dicha conexión sea clara y conocida, para que las calificaciones de esas personas y el papel que van a desempeñar puedan evaluarse mejor. El conflicto de intereses o la apariencia de conflicto de intereses se puede evitar mejor si existe responsabilidad y transparencia”, expresó González Colón durante su defensa de la medida hoy en el hemiciclo a lo que añadió “Nuestro objetivo final y el de todos debe ser llegar al día en que ya no necesitemos las disposiciones de PROMESA y la Junta de Supervisión Fiscal en Puerto Rico, y podamos dedicarnos a reconstruir y hacer crecer nuestra economía”.
