Mediante una resolución concurrente avalada por las delegaciones del PPD, PIP y MVC
(El Capitolio – 24 de junio de 2021) – La Cámara de Representantes aprobó esta noche una resolución concurrente para crear una comisión especial conjunta que tendrá la facultad de presentar una nueva Reforma Electoral en o antes del 31 de diciembre de 2022.
La Resolución Concurrente de la Cámara 28 – presentada por la delegación del Partido Popular Democrático (PPD) – fue avalada con 29 votos a favor y el voto en contra de la delegación del Partido Nuevo Progresista (PNP). La medida persigue estudiar la creación de una nueva ley electoral basada en el “consenso” y “la transparencia” para “reestablecer la credibilidad” del sistema electoral.
El representante José “Conny” Varela Fernández, presidente de la Comisión de Asuntos Electorales, indicó durante su turno en la sesión legislativa que la medida fue radicada tras discutir con los portavoces un mecanismo para facilitar un proceso de “participación directa” entre todas las delegaciones respecto a los cambios a la Reforma Electoral.
“Nosotros entendemos que si hay la voluntad, si hay el compromiso de redactar esta nueva Ley Electoral, el pueblo de Puerto Rico que lo está esperando, y clama por una nueva Ley Electoral, va a tener éxito en un futuro no muy lejano”, expresó el también vicepresidente de la Cámara.
“Sabemos de las situaciones que dio la actual Ley Electoral, tanto en las primarias como en las elecciones (del 2020). Queremos borrar de la mente de todos los puertorriqueños los incidentes y las alegaciones de fraude, y que la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) vuelva a tener la confianza, la credibilidad que siempre ha tenido”, agregó Varela Fernández, quien aseguró que el proceso tomará las sugerencias de “todos los sectores”.
El legislador adelantó que pretende invitar a expertos en derecho electoral para que aporten a la discusión y redacción de un nuevo estatuto. “Entendemos que debe tener los votos afirmativos de todos los miembros de la Cámara de Representantes”.
Aunque la propuesta legislativa establece que la nueva Ley Electoral debe ser presentada en o antes del fin del 2023, Varela Fernández presentó una enmienda en sala para adelantar la fecha límite al 31 de diciembre de 2022. La pieza legislativa contó con el aval del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) y el Movimiento Victoria Ciudadana (MVC).
La delegación del Partido Nuevo Progresista (PNP) presentó una serie de enmiendas en sala que principalmente consistían en cambios a la composición de la comisión conjunta, pero fueron derrotadas. La pieza legislativa dispone que la comisión especial conjunta estará compuesta por nueve miembros de la Cámara y 11 del Senado. Contará con cinco miembros del caucus de la mayoría de la Cámara y otros cuatro miembros de todos los partidos de minoría de ese cuerpo.
Mientras, incluirá seis miembros del caucus de la mayoría del Senado, cinco miembros de todos los partidos de minoría y el senador independiente José Vargas Vidot. Para el funcionamiento y operación de la comisión se asignarán $100 mil del presupuesto de ambos cuerpos legislativos.
“Varios de los partidos políticos hemos radicado medidas sobre esto. Se acaba de radicar en estos días la Resolución Concurrente de la Cámara 28, que recoge – no con la mayor exactitud – ese principio de lo que buscamos: el consenso para trabajar en equipo, y que el país vea a gente madura, a gente con conciencia, a gente que entienda que debe haber un próximo proceso electoral sin señalamientos; sin ningún tipo de objeción”, manifestó el representante Denis Márquez Lebrón, portavoz del PIP.
Por su parte, el representante José Bernardo Márquez Reyes destacó la posición del MVC a favor de la medida, pues indicó que el reclamo del partido ha sido una “revisión completa” del Código Electoral.
“La propuesta de que una nueva ley electoral se haga con la participación y la representación de las distintas delegaciones, tenemos que estar de acuerdo con ella. No podemos rendirnos a la idea de que es imposible o que no es viable el consenso”, dijo el legislador.
El representante Juan Oscar Morales impugnó la medida en defensa de los procesos electorales del pasado año y reiteró su rechazo a las alegaciones de fraude que surgieron tras los eventos. “Yo les voy a augurar lo que va a pasar con esta comisión: van a estar perdiendo el tiempo y al final del día no van a tener Código Electoral”, dijo el legislador del PNP.
Avalan medidas dirigidas a atender la violencia de género
El cuerpo legislativo avaló tres proyectos dirigidos, en síntesis, a solucionar diversos factores que inciden en la crisis de violencia de género que vive la isla.
Entre las medidas aprobadas se encuentra el Proyecto del Senado 130 para reconocer los feminicidios y transfeminicidios como delitos de asesinato en primer grado en el Código Penal de Puerto Rico. La pieza legislativa recibió 28 votos a favor y 17 en contra.
Asimismo, la Cámara ratificó el Proyecto del Senado 358 para establecer que en toda vista de causa probable para arresto por cualquiera de los delitos tipificados en la Ley 54 de Violencia Doméstica deberá estar presente, sin discreción alguna, un representante del Ministerio Público. También deberá estar presente un intercesor o intercesora de la Oficina de la Procuradora de las Mujeres (OPM).
El Proyecto de la Cámara 793, por su parte, fue aprobado a fin de requerir al Tribunal de Primera Instancia (TPI) imponer la condición, al fijar la fianza, de que se sujete a supervisión electrónica al imputado en cualquier violación a la Ley 54. El MVC emitió un voto explicativo a favor de la medida.
“Yo entiendo el propósito del proyecto. Sin embargo, entendemos que, para atender la situación de violencia de género y de violencia doméstica, tenemos que adoptar estrategias más efectivas. Estrategias que a largo plazo nos vayan generando unas nuevas generaciones que estén educadas en el respeto a los derechos humanos y la equidad”, señaló la representante Mariana Nogales Molinelli, portavoz del MVC.
Se aprueba proyecto para crear sistema de retiro de la UPR
Con 43 votos a favor, el Proyecto de la Cámara 119 para crear el Sistema de Retiro de la Universidad de Puerto Rico (UPR) fue aprobado unánimemente en la sesión legislativa.
