(miércoles, 26 de mayo de 2021 – San Juan, P.R) – La procuradora de la Oficina de la Procuradora de las Mujeres (OPM), Lersy Boria Vizcarrondo, informó que la agencia comenzará una nueva ronda de fiscalización dirigida al cumplimiento con los Planes de Acción Afirmativa requeridos bajo la Ley 212 1999 para Garantizar la Igualdad de Oportunidades en el Empleo por Género.
A su vez, también destacó que existen varias agencias y municipios que aún no han cumplido con dichos planes para el año 2020.
“Aunque el estado de derecho vigente en Puerto Rico es favorable a la equidad, el discrimen por razón de género en el empleo persiste y muchas ocupaciones continúan segregadas a base de esta motivación. Los planes de Acción Afirmativa buscan establecer un andamiaje detallado para que cada dependencia ejecutiva y municipal pueda garantizar la falta de discrimen contra las mujeres en el ámbito laboral”, expresó la funcionaria.
Boria Vizcarrondo también indicó que “la próxima ronda de fiscalización tendrá lugar de julio 2021 al 2025. Esto forma parte del compromiso de esta administración para educar y ejecutar programas de protección, prevención y orientación contra la violencia de género. Muchos más servicios disponibles y dirigidos a apoyar a las víctimas”.
“El gobernador de Puerto Rico ha sido enfático en que la violencia de género es un prioridad. Continuamos atentos y disponible para asistir a las agencias gubernamentales, así como la empresa privada a cumplir con su deber. El establecimiento de estos planes es importante y aportará a demostrar el compromiso del gobierno con un espacio laboral libre de discrimen”, añadió la procuradora de las mujeres.
Los municipios que incumplieron con la entrega de correcciones del PAA para el año 2020 fueron Aguadilla, Añasco, Arecibo, Dorado, Maricao y Toa Baja; además de la Defensoría de Personas con Impedimentos.
Mientras, los municipios de Añasco, Comerío, Naguabo y Patillas; así como la Administración de Servicios Generales, la Autoridad de Transporte Integrado, la Comisión de Juegos, La Compañía de Comercio y Exportación, la Corporación del Proyecto ENLACE del Caño Martín Peña, el Negociado de la Policía y la Oficina de Recuperación, Reconstrucción y Resiliencia incumplieron con entregar el informe anual de la Ley 11 2009.
La Ley 212-1999 es una medida que persigue luchar contra toda forma de discrimen que pueda interferir con los derechos de la mujer en el ámbito laboral.
Al emitir las Guías para la elaboración e implantación del Plan de Acción Afirmativa 2021 2025, la OPM ofrece las bases, los criterios y los procedimientos sobre los cuales cada una de las agencias, agencias instrumentales, municipios o sus entidades y corporaciones deberán desarrollar sus propios esfuerzos, en aras de garantizar que no se discrimine contra ninguna persona empleada o aspirante a empleo.
En comparación con los hombres, las mujeres ocupan posiciones de menor remuneración y estatus; tienen menos oportunidades de desarrollo y progreso; están discretamente representadas en los niveles gerenciales y de supervisión; y reciben un ingreso inferior aun cuando se desempeñan en ocupaciones de valor comparable.
Además, la mujer es afectada de manera particular por el hostigamiento sexual y otras modalidades de discrimen asociadas a su condición de mujer. Estas modalidades son aquellas relacionadas con su funcionamiento reproductivo, el embarazo, el alumbramiento, la crianza de los hijos y la llamada doble jornada de trabajo junto a las obligaciones sociales y familiares atribuidas a su género, tales como el cuido de adultos mayores y de familiares enfermos, entre otros.
Los Planes de Acción Afirmativa buscan que el patrono haga esfuerzos adicionales, conscientes, racionales, realistas y responsables para reclutar, seleccionar, adiestrar y promover personas calificadas de aquellos grupos de clases tradicionalmente excluidos o pobremente representados en la fuerza laboral.
El fundamento de la acción afirmativa es que, de no darse estos pasos para superar el efecto de actos discriminatorios del pasado, se puede perpetuar la exclusión de personas calificadas de los grupos protegidos por la Ley 212-1999
