(San Juan, Puerto Rico-24 de mayo de 2021) La Comisión de Desarrollo Económico, Planificación, Telecomunicaciones, Alianzas-Público Privadas y Energía, presidida por el representante Luis Raúl Torres Cruz, celebró hoy, lunes, una vista pública para analizar el posible impacto del contrato de LUMA Energy sobre el Sistema de Retiro de los Empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).
A través de la Resolución de la Cámara 243, que investiga asuntos relacionados con las prioridades socioeconómicas de la isla, Torres Cruz citó al presidente del Sistema de Retiro de los Empleados de la AEE (SREAEE), José R. Rivera Rivera, para conocer los efectos del acuerdo energético en las aportaciones patronales y la solvencia del Sistema de Retiro.
“El Contrato de LUMA Energy y su intención de permitir que empleados de una empresa privada participe en un sistema de pensiones público, nos llevaría a una insolvencia del Sistema de Retiro que ocasionará daños directos a más de 18 mil empleados y jubilados de la AEE”, subrayó Rivera.
Según el presidente de la SREAEE, el contrato de LUMA y las leyes que viabilizaron la transacción presentan un disloque al Sistema de Retiro. De acuerdo al portavoz del sindicato, el acuerdo energético estipula la opción de que los empleados que escojan ir a trabajar a LUMA podrían contribuir al sistema de Retiro, y eventualmente retirarse y recibir los beneficios conforme a la Ley 29 de 2009 y la Ley 120 de 2018.
“Esa opción que menciona el contrato, activaría las disposiciones del “Employee Retirement Income Security Act” (ERISA). Uno de los propósitos de esa regulación es proporcionar un régimen regulatorio uniforme sobre los planes de beneficios para empleados. ERISA, como ley federal, ocupa el campo y desplaza toda la legislación y reglamentación estatal aplicable a los planes de pensiones”, explicó el presidente del sindicato.
Según la ponencia explicativa de Rivera Rivera, “el que empleados privados de LUMA opten por participar y hacer aportaciones al SREAEE obligaría a la aplicación inmediata de ERISA, lo que tendría consecuencias adversas para la estabilidad, marco regulatorio y beneficios del Sistema de Retiro”.
“Luego de recibir asesoría legal, entendemos que las disposiciones de las leyes 29 y 120 referentes a la inclusión de empleados del sector privado son inválidas, pues chocan con los poderes federales de campo ocupado. Esto impedirá que el Sistema de Retiro reciba las aportaciones de los empleados privados que vayan a trabajar con LUMA para evitar que ocurra un disloque regulatorio y económico del SREAEE”.
De acuerdo a Rivera Rivera, los únicos empleados que podrían aportar y participar del Sistema de Retiro serán aquellos que pasen a trabajar con Agencias Estatales o Corporaciones Públicas del Gobierno de Puerto Rico.
Actualmente, de acuerdo a la información presentada en la vista pública, el Sistema de Retiro de Empleados confronta problemas financieros “ocasionados por la falta de pago de las aportaciones patronales que la AEE debe sufragar por ley”.
“A pesar de todas gestiones realizadas por la Junta de Síndicos del SREAEE para lograr el pago de esta deuda, al momento esta obligación legal asciende a más de $603 millones. El pago de la aportación patronal de la AEE es indispensable para salvar la solvencia del sistema y, por ende, su viabilidad futura depende de que se complazca de inmediato y cabalmente con esta obligación”, sentenció el presidente del Sistema.
