23 de mayo de 2021. San Juan, Puerto Rico – El Portavoz del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) en la Cámara de Representantes, Denis Márquez Lebrón, urgió a dicho cuerpo a aprobar la resolución 324 para investigar el “funcionamiento y desempeño” de la Comisión Apelativa del Servicio Público (CASP) que mantiene miles de casos activos sin resolver.
“Según el Informe de Transición 2020-2021 presentado por la CASP, al 15 de octubre de 2020 la Comisión tiene alrededor de 5,473 casos activos de todas las materias y procedimientos que atiende. Esto es inaceptable y merece ser investigado minuciosamente”, expresó Márquez Lebrón.
El legislador independentista mostró gran preocupación además, por lo que anticipó será una “avalancha de casos” que podrán ser radicados ante la CASP tras el contrato entre la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y la privatizadora LUMA Energy, acuerdo por el que “miles de empleados de la AEE han sido sometidos a un procedimiento de movilidad a otras entidades gubernamentales en violación a sus derechos laborales y sus convenios colectivos actuales” un proceso que Márquez catalogó como “discriminatorio, desorganizado, atropellado, indignante y lleno de incertidumbre”.
De igual forma, Márquez Lebrón busca también que se establezcan términos para la adjudicación de dichas controversias pendientes ante la agencia tal y como propone en el proyecto 810. De convertirse en Ley la medida, todos aquellos escritos de apelación presentados ante la CASP previo a la vigencia de la Ley actual, deberán ser atendidos y adjudicados mediante resolución final dentro del término de seis meses de haber entrado en vigor la misma.
“Es necesario que esta Asamblea Legislativa establezca términos razonables dentro de los cuales la CASP resuelva las controversias ante sí, de manera que una parte adversamente afectada no quede sujeta indefinidamente a esta incertidumbre procesal, con la posible consecuencia de tornar académico su reclamo o de que pierda esperanzas en la reparación de cualquier agravio. Asimismo, evitamos que el erario tenga que incurrir en gastos adicionales para reparar un daño exacerbado únicamente por el mero transcurso del tiempo”, señaló el también abogado.
Agregó, para finalizar, que “ante este cuadro y esta realidad, emplazo a la Cámara de Representantes a aprobar ambas medidas, con carácter de urgencia, a los fines de garantizar la protección de los derechos de nuestros empleados públicos”.
Sobre ambas piezas legislativas Márquez Lebrón precisó, que el proyecto 810 es de su autoría junto a los representantes Jesús Manuel Ortiz y Luis Raúl Torres mientras que en la resolución 324 figuran como autores el representante Jesús Santa Rodríguez y el propio Márquez.
