El 13 de noviembre de 2020 la Gobernadora Wanda Vázquez Garced dictó la Orden Ejecutiva OE-080, extendiendo y ampliando las restricciones relacionadas a la pandemia del coronavirus. Entre las directrices se encuentran la reducción a un máximo de 30% de ocupación en los restaurantes, la prohibición del uso de las playas excepto para ejercicios, la movilización parcial de la Guardia Nacional para asistir a la Policía de Puerto Rico y una intervención más agresiva con los infractores a las restricciones. Esta Orden Ejecutiva vence el 11 de diciembre de 2020. Al igual que las Órdenes Ejecutivas anteriores, muchas de sus restricciones no están fundamentadas en criterios objetivos y racionales que las justifiquen.
El pasado 11 de abril de 2020 la Comisión de Derechos Civiles, en adelante CDC, emitió una declaración referente a la necesidad de que las Órdenes Ejecutivas se ajusten al ordenamiento constitucional vigente y que reconcilien el legítimo interés público del Estado de proteger la salud pública con los derechos constitucionales y civiles de la ciudadanía. Unimos por referencia dicho escrito a esta declaración.
A tales fines, la CDC entonces exhortó a la Rama Legislativa a asumir su función constitucional de legislar de manera clara, racional y fundamentada sobre los parámetros estatutarios que regulen las Órdenes Ejecutivas. En este contexto el Artículo 6.10 de la Ley Núm. 20 de 10 de abril de 2017, según enmendada, conocida como la Ley del Departamento de Seguridad Pública, ha resultado ser en extremo amplia y ambigua para atender las agudas controversias constitucionales que ha levantado la pandemia del coronavirus e incide de manera directa en los derechos de la ciudadanía. Esta ley no ofrece las suficientes garantías para salvaguardar los derechos constitucionales y civiles de la ciudadanía, como evidencian las controversias judiciales que se han generado en los últimos meses.
La CDC reitera en todos sus extremos su declaración del 11 de abril de 2020, y exhorta a la Rama Legislativa y a la Rama Ejecutiva a trabajar en conjunto en la articulación normativa, tanto de la Ley Núm. 20 de 10 de abril de 2020, como de las Órdenes Ejecutivas promulgadas bajo su autoridad, en protección de los derechos civiles de la ciudadanía.
En San Juan, Puerto Rico, hoy 23 de noviembre de 2020.
