(El Capitolio) — La Comisión de Familia, Mujer, Personas de la Tercera Edad y Población con Diversidad Funcional que preside la senadora, Wandy M. Soto Tolentino, celebró una vista pública para evaluar el Proyecto del Senado 145, para hacer obligatorio un examen oral al ingreso de cualquier persona a un centro de cuidado prolongado, así como la realización de una revisión bucal anual certificada por un cirujano dentista.
“Este es un tema que nos toca a todos… Lo que estamos viendo es cómo le vamos a dar esa calidad de vida que merecen nuestros adultos mayores y ver cómo podemos añadir y tener esfuerzos para que los fondos que necesitan y que en un momento dado estaban disponibles y estaban identificados, ver de qué manera podemos volver a retomar todo esto precisamente para poder echar hacia adelante lo que este proyecto pretende”, destacó Soto Tolentino, quien también es autora de la medida y adelantó se estarán haciendo enmiendas a la legislación.
La pieza legislativa busca añadir un nuevo inciso al Artículo 7 de la “Ley de Establecimientos para Personas de Edad Avanzada”, a los propósitos de que se haga mandatorio, como parte del ingreso de una persona, indistintamente de su edad, se incluya en su expediente un examen oral con un límite de 60 días de retroactividad. En el ingreso a un asilo, centro de cuido o facilidad de cuidado prolongado. Además, que se cumpla con al menos una revisión bucal anual y se haga constar bajo la certificación de un cirujano dentista.
Wilma Ortiz de la Administración de Familias y Niños (ADFAN) en representación del Departamento de la Familia (DF) expresó no tener objeciones a la medida, pero hicieron recomendaciones a la misma incluyendo la solicitud de fondos. “Recomendamos que la medida disponga que el examen oral podrá llevarse a cabo hasta 60 días después de su ingreso siempre que la salud u condición física del adulto mayor permita que se le realice el examen. De esta manera, se aplicaría el mismo término de retroactividad del examen oral para que se lleve a cabo a partir de su ingreso”, indicó la deponente.
Además, Ortiz mencionó que el costo podría recaer en la agencia. “De igual forma, reconocemos que, en los casos de adultos mayores subvencionados por el Departamento de la Familia, los Operadores podrían solicitar que seamos nosotros quienes sufraguemos el costo del examen oral cuando el adulto mayor no cuente con cubierta médica o ingresos económicos”, abundó Ortiz.
Soto Tolentino preguntó cuántos miembros de los hogares podrían identificar que reciben el servicio dental. Ortiz dijo que el Artículo 8.1 especifica evidencia del examen dental con el nombre y lugar de oficina, “no regula el que al ingresar ese adulto mayor ya tenga consigo ese examen dental que es lo que busca la Ley. En el DF solicitamos que se extienda ese periodo de cumplimiento para facilitar el certificado y solicitar los fondos para los que estén subvencionados por la agencia se le pueda proveer el servicio”.
En su turno, el senador de mayoría, Juan Oscar Morales Rodríguez, preguntó si han detectado una problemática con relación a la salud oral de los envejecientes. “Al momento no tenemos ese dato”, manifestó Ortiz. A la pregunta de si algún paciente tiene problemas de movilidad para llegar a la oficina dental, la deponente expresó que no tienen fondos para ese traslado.
El senador de mayoría, Jeison Rosa Ramos, preguntó si el DF coordina ayuda a los adultos mayores con el plan vital. Ortiz indicó que sí, a través de operadores de hogares se busca que tengan plan médico para cubrir sus necesidades.
La senadora del Partido Popular Democrático, Ada Álvarez Conde, preguntó a Ortiz si han tenido alguna experiencia con denuncias sobre mal manejo de cuidado dental hacia personas de edad avanzada y cuántas personas en términos de centros de cuido tienen bajo su custodia. Ortiz indicó que reciben querellas generales de instituciones, pero el dato dental no está en específico. Sobre la cantidad de adultos mayores que tienen bajo subvención el DF indicó que son 5,371 a un costo de alrededor de $8 millones mensuales.
Por su parte, la doctora Elaine Pagán oficial dental del Departamento de Salud (DS) manifestó su apoyo al proyecto con enmiendas. “El Departamento de Salud endosa el Proyecto de la Cámara 145, con las recomendaciones esbozadas”, afirmó Pagán. Entre las recomendaciones presentó que la certificación del ingreso sea por un odontólogo certificado por el Estado, así como el examen y pruebas específicas para atender situaciones de cuidado dental. Además, que se tome en consideración el impacto fiscal de la medida.
A preguntas de la senadora de mayoría, Migdalia Padilla Alvelo, sobre la reglamentación en términos de las enmiendas del proyecto. Luis Burgos, analista de política pública del DS hizo una comparación con la reglamentación vigente del DS y el Departamento de Educación para que los estudiantes presenten evidencia de visita dental al inicio del año escolar. Mencionó que están “disponibles para colaborar con el Departamento de Familia en beneficio de los adultos mayores”.
También, manifestó su endoso al proyecto el Colegio de Cirujanos Dentistas de Puerto Rico. “Es importante destacar que existe una necesidad de cuidar, y proteger la salud oral de nuestros adultos, a través de diversos esfuerzos. El P. del S. 145 es uno de los instrumentos importantes que nos permitirán atender la salud oral de nuestros adultos mayores. Desde el punto de vista de salud pública, es apremiante que el estado tome pasos afirmativos para promover la prevención de condiciones dentales o de salud que se puedan generar o agravar, si no se logra un diagnóstico, evaluación y detección temprana en los adultos mayores”, sostuvo la doctora Ivette Rodríguez presidenta del Colegio.
De igual forma, expresó apoyo a la medida con enmiendas la doctora Yolanda Varela, nominada como Procuradora de las Personas con Edad Avanzada. Entre las enmiendas recomendadas indicó que es necesario aclarar en la medida excepciones donde no se requiere una intervención en la higiene oral. Estas son: estados de salud mental severo; condiciones médicas severas; preferencia personal del tutor o familiar del paciente; enfermedades neurodegenerativas y cuidado paliativo.
A la vez, José Acarón, director estatal de AARP Puerto Rico mencionó su apoyo a la intención del proyecto porque atiende la necesidad de salud básica para la población adulta mayor en Puerto Rico, específicamente los residentes de las instituciones de cuido prolongado. Acarón presentó recomendación en términos de los parámetros federales que regulan este renglón.
“No obstante, sugerimos que esta Honorable Comisión, en su análisis de la medida, tome en consideración los parámetros establecidos a nivel federal, de manera que su implantación no vaya a resultar excesivamente onerosa en cuanto a la capacidad de los hogares para cumplir y a su vez mantener la prestación efectiva de servicios de cuido prolongado en el país”, indicó Acarón ante la Comisión, recomendando a su vez una mesa de consenso sobre el tema.
De otro lado, Minerva Gómez, presidenta de la Asociación de Dueños de Centros de Cuido de Larga Duración (ADCCLD) expresó que no favorecen la medida como está redactada. “Los envejecientes no están desprovistos de los servicios médicos que requieren sus necesidades de salud. Al presente, los hogares coordinan servicios de psicólogos, laboratorios, geriatría, dental, trabajo social y profesionales de la medicina que ofrecen los servicios en los hogares y a domicilio, siempre y cuando los mismos cuenten con el aval del residente”. Igualmente, Gómez enfatizó la necesidad de más profesionales de la salud para las visitas dentales a domicilio.
Soto Tolentino preguntó si el personal de los establecimientos está debidamente adiestrado para detectar problemas de salud. José Ramos, presidente electo de la ADCCLD dijo que “el reglamento nos exige que tengamos una enfermera graduada en las instituciones dependiendo la capacidad. Inclusive se hacen adiestramientos constantes”. Añadió que 600 hogares están bajo la asociación.
De igual forma, expresó reservas con la medida Jonathan Morales, presidente de la Federación de Instituciones de Cuidado Prolongado (FICPRO). “Si se aceptan nuestras recomendaciones estaríamos a favor de esta”, detalló Morales. Además, indicó que “si bien, se comprende la intención de garantizar la salud bucal de los residentes, pero, esta medida presenta una serie de preocupaciones que podrían tener consecuencias negativas significativas. Entre las preocupaciones, Morales expresó la multa sugerida a los hogares. También, el “atar la licencia operacional a la obligatoriedad de realizar exámenes orales y revisiones bucales anuales”.
