Con el objetivo de garantizar mayor confiabilidad y transparencia en los procesos de identificación de sospechosos, la Comisión de lo Jurídico, presidida por la senadora Roxanna Soto Aguilú, llevó a cabo una vista pública para evaluar el Proyecto del Senado 47, de la autoría del líder senatorial Thomas Rivera Schatz.
La medida propone enmendar las Reglas 252.1 y 252.2 de las Reglas de Procedimiento Criminal de 1963 con el objetivo de minimizar la sugestividad en la identificación de sospechosos por parte de testigos, estableciendo parámetros más estrictos en la rueda de detenidos y la identificación mediante fotografías.
El licenciado Donald Milán Guindín, presidente de la Comisión de Derecho Penal del Colegio de Abogados de Puerto Rico, favoreció la aprobación de la medida y señaló que “reconociendo las implicaciones que representa la presentación de cargos criminales a la persona incorrecta y los datos hasta ahora disponibles las Reglas 252.1 y 252.2, supra, deben proveer todas aquellas salvaguardas para evitar errores e injusticias”. Añadió que “cuando se procesa a un inocente el verdadero responsable escapa de la justicia”.
El proyecto establece que, en la rueda de detenidos el oficial encargado no podrá conocer la identidad del sospechoso y los testigos verán a las personas de uno en uno en lugar de una rueda simultánea. También se prohibirá la comunicación entre testigos antes o durante la identificación y se les instruirá sobre la posibilidad de que el sospechoso no esté presente y la importancia de exonerar a inocentes. Además, se requerirá la documentación del proceso en un acta detallada y su grabación en video.
Por su parte, la directora de la División de Asuntos Especiales y Remedios Post-Sentencia de la Sociedad para la Asistencia Legal (SAL), Yahaira Colón Rodríguez, expresó su apoyo al proyecto de ley aunque recomendó varias enmiendas para fortalecer sus salvaguardas.
“Estamos favoreciendo el Proyecto del Senado, pero se deben realizar unas enmiendas… es de suma importancia que en estos procesos lo que está en controversia es la libertad de un ser humano. La evidencia que eventualmente sea aquilatada en un tribunal no debe estar a expensas de las tácticas investigativas empleadas por los agentes del Estado, que pueden propiciar la acusación de un ciudadano inocente”, afirmó Colón Rodríguez.
Entre las enmiendas propuestas por SAL, se incluyen que el procedimiento de identificación sea conducido por un oficial de orden público ajeno a la investigación; permitir asistencia legal durante la rueda de identificación cuando el sospechoso tenga una denuncia o acusación; garantizar que la rueda sea de al menos cinco personas y estos tengan rasgos físicos y características similares, incluyendo la vestimenta; y requerir que el testigo ocular redacte un informe sobre su grado de certeza al identificar a un sospechoso.
El licenciado Juan Carlos Vélez Santana, coordinador del Proyecto Inocencia de Puerto Rico de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana de Puerto Rico “es fundamental promover y apoyar cualquier proyecto legislativo que pueda minimizar la posibilidad de condenas erróneas”. No obstante, recomendó modificar el nombre de las reglas enmendadas. Propuso que la Regla 252.1 se denomine Reglas a seguir al efectuarse en el Método de identificación presencial consecutivo argumentando que el proceso no es propiamente una rueda de detenidos.
Vélez Santana también sugirió que debería añadirse una enmienda que lea textualmente: “En estos casos en los que la identificación presencial o fotográfica consecutiva resulta imposible que el oficial o funcionario encargado de la identificación desconozca la identidad del sospechoso o detenido porque no hay ningún otro funcionario adecuado para llevar a cabo la misma y sea el oficial investigador el que conduzca la misma, esta identificación se presumirá ilegal e irrazonable por lo que el Ministerio Público tendrá el peso de probar la no disponibilidad de otro agente que desconozca la identidad del sospechoso o detenido y de no hacerlo o no poder rebatir la presunción, dicha identificación será inadmisible”.
Por otro lado, en cuanto a la identificación por fotografías, el proyecto explica que el oficial encargado tampoco podrá conocer la identidad del sospechoso y se presentarán al menos nueve imágenes, con personas de rasgos similares, de manera individual y en orden aleatorio. Se adoptarán medidas similares a las de la rueda de detenidos para evitar influencias indebidas, y se documentará el procedimiento en un acta y grabación.
Durante la vista, la senadora Soto Aguilú expresó su preocupación sobre la calidad de las imágenes utilizadas en la identificación por fotografías, señalando la necesidad de que sean a color. Además, planteó la falta de disposiciones sobre la devolución de fotografía y huellas a los acusados. Sobre este punto, el presidente de la Comisión de Derecho Penal del Colegio de Abogados respaldó ambas ideas y explicó que la devolución de fotografías y huellas solo se permita si el sospechoso es declarado no culpable y no tiene antecedentes penales previos.
Esta medida surge en respuesta a reportes de Innocence Project, los cuales señalan que la identificación errónea es la principal causa de condenas equivocadas. Según datos de 2020, en el 69% de los casos exonerados mediante pruebas de ADN en Estados Unidos, hubo una identificación errónea del sospechoso.
En la exposición de motivos del proyecto, la normativa vigente en la isla no cuenta con suficientes salvaguardas para evitar estos errores, lo que puede llevar a la condena de personas inocentes y desviar la investigación del verdadero responsable.
Sin embargo, la licenciada Omara Arias Nieves, directora interina de Asuntos Legislativos y Municipales del Negociado de la Policía de Puerto Rico (NPPR), expresó su oposición a la medida, argumentando que las salvaguardas actuales son suficientes.
“Al momento, las guías, normas y protocolos desarrollados por el NPPR ofrecen salvaguardas suficientes para garantizarles a las personas acusadas de cometer un delito, unos parámetros razonables de identificación ante una rueda de detenidos… Entendemos que nuestro ordenamiento jurídico ya cuenta con normas procesales, para evitar violentar el debido proceso de ley de las personas durante los procesos de identificación”, concluyó Arias Nieves.
El Departamento de Justicia, aunque citado, no compareció y solicitó una prórroga para enviar un memorial explicativo con su postura sobre el PS47. Igualmente, se excusaron la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) y la Asociación de Abogados.
