(El Capitolio) — La Comisión de Vivienda y Bienestar Social conjunta con la Comisión de Gobierno que presiden la senadora, Jamie M. Barlucea Rodríguez y el senador, Ángel Toledo López, respectivamente, llevaron a cabo una segunda vista pública para investigar las demoras en el proceso de contratación que ha conllevado la implementación de la Ley 300-1999, conocida como “Ley de Verificación de Credenciales e Historial Delictivo de Proveedores a Niños, Personas con Impedimentos y Profesionales de la Salud”.
“Como establecimos en la primera vista pública, claramente nosotros no nos oponemos a los objetivos y los fines de la Ley. Entendemos que la Ley tiene el fin de prevenir lo que es el maltrato, tanto a los adultos mayores como a nuestros menores de edad. Pero la ciudadanía le ha presentado al Senado de Puerto Rico ciertas preocupaciones y ciertas barreras que le presenta el proceso para obtener la certificación de antecedentes penales”, expresó Barlucea añadiendo que próximamente estarán citando en reunión ejecutiva a las agencias que tienen injerencia en el tema y que forman parte del proceso para dar esta certificación en búsqueda de llegar a acuerdos.
La audiencia, que tiene como base la Resolución del Senado 24 explica que la Ley 300-1999, establece como política pública del Gobierno de Puerto Rico el prohibir a personas convictas de delitos sexuales violentos, abuso contra menores y ciertos delitos graves y menos graves que impliquen violencia o depravación moral, desempeñarse como proveedores de servicios de cuidado a niños y envejecientes. Para lograr este fin, la Ley crea el Sistema Integrado de Credenciales e Historial Delictivo (SICHDe) adscrito al Departamento de Salud. Esta agencia es la llamada a emitir un certificado, el cual utiliza las huellas dactilares como parte de su proceso de verificación.
Eduardo Cancel en representación del Departamento de Justicia (DJ) señaló que favorecen el trámite legislativo de la medida en consideración. “En aras de cumplir con la Ley Núm. 143-2014, la Ley Núm. 300-1999, y con la alta demanda de solicitud de información por las agencias estatales y federales, es necesario mantener la optimización de los sistemas administrados por SIJC, para cumplir con su continua y eficiente operación. Es por esto, que a través de los fondos obtenidos de las transacciones de huellas dactilares procesadas por el canalizador autorizado por el FBI y con los fondos federales otorgados en diversas subvenciones, el Sistema de Información de Justicia Criminal (SIJC) ha logrado el robustecimiento de los sistemas e infraestructura que administra”, indicó mediante ponencia a la Comisión.
Barlucea preguntó al deponente cuál es el mecanismo de selección para escoger el proveedor de servicio y hasta cuándo es la vigencia del contrato. Cancel indicó que la empresa Biometrics4ALL tiene el contrato actualmente, con una extensión hasta el 30 de junio de 2025. Mencionó que cuando se hace el Request For Proposal (RFP) en diciembre de 2019 el Federal Bureau of Investigation (FBI) certificó a esta empresa como canalizador para la toma de huellas.
A preguntas de Barlucea, el deponente del DJ indicó que el requisito mínimo para la contratación de la empresa es que esté certificada por el FBI para tener acceso a los récords criminales de los estados y territorios. Señaló que en el pasado RFP no hubo participación de otras compañías. Igualmente, Barlucea preguntó si luego de junio se va a abrir el proceso para que otras compañías participen del proceso. Cancel respondió que se está trabajando en el RFP para recibir nuevas propuestas una vez concluya la extensión de junio.
A la pregunta sobre el costo de la certificación, el deponente mencionó que son $69.95 donde se divide en cantidades destinadas al DJ, al Departamento de Salud (DS), fees para el FBI, el mantenimiento de la nube, entre otras designaciones y servicios. El deponente aseguró que están dispuestos a sentarse a la mesa y revisar los costos. Igualmente, Cancel aclaró que fue un error el cobro en algunos pagos recientes de mayor cantidad a la estipulada.
Por su parte, Toledo cuestionó quién recibe la totalidad de dicho pago. Cancel mencionó que Biometrics4ALL recibe la totalidad del pago y lo distribuyen. Barlucea preguntó cuántas solicitudes reciben mensualmente. Cancel indicó que en febrero fueron 3,252 transacciones. Asimismo, dijo que están en disposición de tener conversaciones para extender el proceso de verificación más allá de un año. Al presente el proceso se tiene que hacer anualmente.
Igualmente, a preguntas de Toledo sobre la disponibilidad de la Policía para que las personas hagan el trámite, Cancel indicó que el FBI no autoriza a la Policía para hacer el proceso por razón de una legislación federal que indica tiene que ser a través del DS. También, Cancel expresó que el resultado de la verificación por la huella se recibe en 24 horas.
De otra parte, la licenciada Dianelys Torres en representación del Departamento de Familia (DF) dijo que avalan la investigación de la Comisión. “Es de suma importancia que se realice una evaluación integral del sistema de verificación de antecedentes por huellas dactilares y se analice la infraestructura tecnológica, los costos y el funcionamiento de la coordinación entre las agencias y que se mida el impacto de las demoras que implica esto en los servicios, para entonces, con toda la información a la mano, proponer mejoras”, dijo la deponente del DF.
“El proceso de certificación requerido por la Ley Núm. 300-1999 ha generado desafíos significativos para los componentes operacionales y programáticos del Departamento de la Familia, particularmente a la ADFAN, la ACUDEN y la Oficina de Licenciamiento. Estos desafíos han tenido un impacto directo sobre la contratación de personal, la provisión de servicios directos y el presupuesto asignado para atender estas poblaciones”, sostuvo Torres.
Barlucea preguntó cuántas personas se afectan con la demora en las certificaciones. Bárbara González de la Administración de Familias y Niños (ADFAN) mencionó que “es una cantidad significativa”. Detalló que la semana pasada el proceso de renovación tuvo un aproximado de 84 licencias para los adultos mayores y 42 licencias para el establecimiento de menores.
En su turno, el senador del distrito de Guayama, Wilmer Reyes Berríos, cuestionó cuántos proveedores de servicios han estado en retraso por este proceso. González dijo que se afectan los 1,786 establecimientos licenciados con las renovaciones cada dos años. Además, mencionó que se evalúan los expedientes de empleados que tienen que cumplir con la Ley 300. “Estos se ven impactados con los costos de la certificación y las demoras en el proceso”, añadió González
De otro lado, participó como deponente Jonathan Morales, presidente de la Federación de Instituciones de Cuido Prolongado (FICPRO). El deponente dijo que “las demoras e ineficiencias en el proceso de verificación de credenciales afectan directamente la atención que reciben los pacientes”. Morales añadió que la falta de personal debido a retrasos administrativos compromete la calidad y continuidad de los servicios esenciales que ofrecen.
Reyes preguntó cuántas contrataciones se han visto afectadas por el proceso. Morales dijo que “esto es algo que se trabaja diariamente. Tenemos instituciones que han tenido que reducir capacidad porque no tienen los empleados completos. Es un problema escalonado porque sin las licencias se afectan los programas”.
A la vez, se expresó Juanita Aponte, presidenta de la Asociación de Dueños de Centros de Cuidado de Larga Duración. Aponte dijo que “el actual sistema del Puerto Rico Background Check (PRBC) impone barreras económicas y administrativas innecesarias que dificultan el reclutamiento de personal y ponen en riesgo la estabilidad de facilidades”. Entre las recomendaciones presentadas por Aponte se encuentran enmiendas a la Ley 300 como la opción de una certificación de la Policía con vigencia de cinco años y mecanismos de fiscalización para evitar cobros irregulares.
A preguntas de Barlucea si tiene conocimiento de centros cerrados debido a los retrasos. Aponte indicó que sí han sido penalizados y entiende que se han cerrado algunos centros de cuidado prolongado para adultos mayores. “Y yo les quiero decir que esta población es la que va en aumento en Puerto Rico. Cada día hay más adultos abandonados en hospitales. Cada día hay más adultos mayores que están cuidando”, afirmó Aponte.
De igual manera, avalaron la investigación y presentaron sus recomendaciones a la Comisión, la Asociación de Servicio a la Niñez (ASENI) y la Asociación de Centros de Cuidado y Desarrollo del Niño.
