(El Capitolio) — La Comisión de Asuntos Municipales que preside el senador José “Josian” Santiago Rivera, continuó el proceso de vista pública atendiendo las recomendaciones de organizaciones magisteriales y la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) sobre el Proyecto del Senado 89 que tiene como fin brindar a los municipios la capacidad de crear y gestionar escuelas que atiendan las necesidades específicas de sus comunidades.
“Es un brazo importantísimo para el Departamento de Educación, la colaboración municipal. Yo creo que podríamos tener un mejor sistema educativo si se tomara eso en cuenta y se fijaran unos parámetros para que los municipios puedan en efecto, hacer un trabajo más coordinado con el departamento. Este proyecto fue referido a la Comisión de Asuntos Municipales, lo presentó el señor presidente Thomas Rivera Schatz. Nuestra encomienda es precisamente analizar, escuchar todas las voces, las opiniones. Esta dinámica que se está dando nos nutre de información para entonces hacer una recomendación final sobre el proyecto”, expresó Santiago.
El Proyecto del Senado 89 propone establecer la “Ley de Apoyo a Sistemas Municipales de Educación”; disponer los mecanismos de apoyo económico y operacional para las escuelas municipales, así como los requisitos y obligaciones municipales para gozar de los mismos. “Esta ley tiene como objetivo establecer un marco estructurado y sostenible que permita a los municipios desempeñar un papel activo en el sistema educativo de Puerto Rico, creando y gestionando sus propias instituciones educativas con el respaldo financiero y técnico del Gobierno Estatal”, cita el proyecto.
El presidente de la Asociación de Maestros de Puerto Rico (AMPR), Víctor Bonilla Sánchez, presentó su ponencia ante la Comisión. Bonilla sostuvo que la AMPR reconoce que existen áreas en las que los gobiernos municipales, como primeros respondedores, puedan atender las necesidades más básicas de los planteles escolares ubicados en su extensión territorial.
“No obstante, la creación de sistemas educativos municipales atenta contra los derechos adquiridos del magisterio puertorriqueño. Para la AMPR es necesario que cualquier iniciativa que disponga de los fondos asignados para la educación de nuestros estudiantes, sea dirigida al fortalecimiento de nuestro sistema educativo, garantizando siempre que el personal de las escuelas y particularmente la clase magisterial, mantenga los beneficios por los cuales ha luchado”.
Santiago preguntó a la AMPR si han tenido la oportunidad de evaluar el desempeño de las escuelas municipales existentes. Bonilla indicó que no han tenido la oportunidad de evaluarla. “Pueden tener unos resultados favorables en cuanto a algunas pruebas, pero como no están estandarizadas los resultados, no podemos compararlos con las escuelas públicas de nuestro país”, añadió.
Igualmente, Santiago expresó que el Departamento de Educación (DE) a petición de la Comisión en la pasada vista pública, entregó un informe donde detalla que la agencia tiene un sobrante de dinero que no utilizó el año pasado. “El Departamento de Educación, informa que tienen un sobrante del año anterior que no utilizó, un total de $51 millones. Es algo que llama la atención por el hecho de conocer nosotros y todo el país, las dificultades que tenemos en las escuelas, los problemas de falta de materiales, mantenimiento, etc., y que el propio Departamento reconozca que teniendo $51 millones, no le dio uso alguno durante el año, es mucho que decir”, sostuvo Santiago.
El presidente de la Comisión preguntó si la AMPR conocía del sobrante en el DE y si está ocurriendo todos los años. Bonilla indicó que no tenían conocimiento. “Todo presupuesto debe usarse para beneficio del estudiante y llegar a la comunidad escolar”, abundó el deponente.
A preguntas del senador de mayoría Héctor “Gaby” González, sobre cómo evalúa las plantas físicas de las escuelas al presente, el deponente indicó que “el mantenimiento puede mejorar”. Añadió que el mejoramiento de las plantas físicas es una lucha de años con el secretario de Educación.
Igualmente, el senador de mayoría Jeison Rosa Ramos, preguntó sobre los resultados favorables de las escuelas especializadas en San Juan. El deponente indicó que no es lo mismo comparar cuatro escuelas de San Juan versus 870 del sistema. “Hay escuelas especializadas en nuestro sistema que van por encima de las escuelas alianzas de San Juan”, contestó Bonilla.
A preguntas de la senadora de mayoría Jamie Barlucea Rodríguez, sobre la postura de la AMPR en torno a la medida, Bonilla manifestó que “nosotros como institución siempre nos hemos opuesto tanto a las escuelas alianzas, a las escuelas charter y también a los sistemas municipales porque entendemos que el dinero que se destina del gobierno central para educación debe utilizarse para fortalecer el sistema público puertorriqueño de enseñanza”.
En su turno, el senador independiente Eliezer Molina Pérez, cuestionó si la AMPR entiende que al regionalizar el sistema de educación se puede rescatar la infraestructura y el mantenimiento de las escuelas. “Siempre hemos abogado que se les otorgue a los municipios un presupuesto para que puedan atender todas las escuelas que estén ubicadas en su territorio, porque yo entiendo que ellos tienen la capacidad y los empleados”, indicó Bonilla.
De igual forma, se presentaron ante la Comisión las organizaciones magisteriales EDUCAMOS; la Unión Nacional de Educadores y Trabajadores de la Educación (UNETE) y la Federación de Maestros. Estas organizaciones presentaron su oposición a la medida. “Este proyecto abre la puerta a crear un Departamento de Educación en cada municipio. La autonomía municipal puede generar mayor desigualdad en la preparación de los estudiantes, en la evaluación de su aprovechamiento académico y en el cumplimiento de los requisitos para ingresar en la universidad. En la competencia entre municipios sobreviven los que tienen mayor poder adquisitivo, mayor presupuesto”, mencionó Emilio Nieves en representación de Liza Fournier, presidenta de UNETE.
De otra parte la OGP se excusó de la vista pública, pero envió ponencia. Orlando Rivera Berrios, director de la OGP recomendó que la presente medida sea evaluada en el contexto de los planes de trabajo del DE y la legislación vigente, para evitar duplicación de esfuerzos y recursos. Rivera manifestó que a pesar de los loables propósitos de esta pieza legislativa “su redacción actual presenta serios retos en cuanto a su impacto gerencial y fiscal. «Por tal razón, es nuestro deber exponer las razones por las cuales nos vemos impedidos, en estos momentos, de avalar el P. del S. 89 tal y como está redactado».
No obstante, Rivera indicó que están disponibles para continuar colaborando en la discusión de la medida. “En ánimo de colaborar con estas Honorables Comisiones, considerando que el P. del S. 89 arguye que se logrará una favorable reducción de gastos y distribución de recursos, así como el mejoramiento de la educación de nuestros estudiantes, estamos en la mejor disposición de reevaluar nuestra posición sobre esta medida y preparar un análisis presupuestario, sujeto a que se nos provean datos claros a utilizar. Ello, siempre y cuando el aspecto de congruencia operacional con lo dispuesto en la Ley 85 sea atendido”, afirmó el director de la OGP.
