Como parte de un esfuerzo para fortalecer el procesamiento de los delitos de feminicidio y violencia de género, el Departamento de Justicia llevó a cabo una capacitación multisectorial altamente especializada para adiestrar y concientizar a diversos profesionales y organizaciones sobre los riesgos del estrangulamiento en las víctimas sobrevivientes de violencia doméstica.
El adiestramiento denominado como: “Foro Magistral sobre Estrangulamiento: Enfoque Multidisciplinario para una Respuesta Coordinada en Puerto Rico”, se celebró junto al Instituto de Prevención de Estrangulamiento, e impactó a sobre 560 funcionarios y personal de organizaciones no gubernamentales, entre los que se encuentran fiscales, jueces, enfermeros, policías, investigadores forenses, doctores en medicina, psicólogos, trabajadores sociales, educadores y primeros respondedores, entre otros.
“En el Departamento de Justicia continuamos implementando medidas para optimizar el procesamiento de los casos de violencia de género y feminicidios en nuestra sociedad. La Agencia realizó capacitaciones en el tema que impactaron a centenares de funcionarios y personal de organizaciones, enfocándose en mejorar Y fortalecer las investigaciones y garantizar el bienestar de las personas afectadas. Como resultado de este adiestramiento, los participantes podrán investigar y documentar casos para su enjuiciamiento; procesar casos, incluyendo el uso de expertos en la corte y lo más importante, mejorar la seguridad de las víctimas a través de servicios informados sobre el trauma” expresó la designada secretaria de Justicia, Janet Parra Mercado.
“De esta forma, procesaremos esta conducta con el rigor que requiere, pues diversos estudios demuestran que las víctimas de estrangulamiento tienen un riesgo 700% mayor de ser asesinadas por su pareja. El adiestramiento nos permite procesar efectivamente a potenciales feminicidas, lo que contribuye a la prevención de muertes”, añadió la titular de Justicia.
La actividad, contó con recursos experimentados en los temas de estrangulamiento fatal, estrangulamiento no fatal, violencia doméstica y violencia sexual. Entre los conferenciantes, se destacaron educadores del Training Institute on Strangulation Prevention de San Diego, organización internacional líder enfocada en el adiestramiento de profesionales para la identificación, documentación, investigación y procesamiento de casos de estrangulamiento en relaciones de pareja. Dicha organización ha colaborado en casos de alto perfil en los Estados Unidos y se ha dedicado a educar, prevenir y alertar sobre las consecuencias del estrangulamiento no fatal en las víctimas de violencia doméstica y abuso sexual. Entre sus conferenciantes estuvieron presentes el lcdo. Casey Gwinn, lcda. Gael Strack, lcdo. Gerald Finemann, Joe Bianco y el Dr. William Smock.
“Esta iniciativa reafirma el compromiso del Departamento de Justicia en combatir la violencia de género en nuestra sociedad. La capacitación de fiscales y peritos en temas especializados como estos es fundamental en su preparación y tiene el objetivo principal de maximizar las destrezas necesarias para garantizar el procesamiento efectivo de este tipo de casos para poder probarlos más allá de duda razonable en un Tribunal y lograr convicciones”, puntualizó la jefa de los fiscales, Lynnette Velázquez Grau.
El evento fue coordinado por la División de Coordinación de las Unidades Especializadas de Violencia Doméstica, Delitos Sexuales y Maltrato de Menores (DCUE) y la Oficina de la Jefa de los Fiscales del Departamento de Justicia. Los participantes se reunieron en diferentes sesiones paralelas enfocadas en los temas legales, médicos y comunitarios para educarse, promover la discusión, trabajar en equipo, conocer la función de los demás y establecer nuevas estrategias que tengan como fin mejorar la respuesta a las personas que sobreviven a estos actos.
“Es fundamental que nuestras comunidades, junto con los profesionales de primera respuesta, funcionarios y miembros del sistema de justicia, estén debidamente preparados para enfrentar la alarmante problemática del estrangulamiento en casos de violencia doméstica, abuso sexual y maltrato infantil. Cada incidente de estrangulamiento no solo representa un riesgo inmediato, sino que también pone en jaque la vida de la víctima. A través de esta capacitación multisectorial, el Departamento de Justicia tiene como objetivo sensibilizar, empoderar y brindar las herramientas educativas necesarias para asegurarse de que todos los que intervienen en la atención de estas situaciones, desde jueces y fiscales hasta médicos, educadores y personal de organizaciones que apoyan a las víctimas, puedan identificar adecuadamente a las víctimas y ofrecer el mejor servicio posible. Juntos, podemos reconocer la gravedad de esta forma de violencia y actuar con la compasión y eficacia que los sobrevivientes de delito requieren. Solo así podremos avanzar de manera significativa en la prevención de feminicidios y muertes pediátricas, construyendo un futuro más seguro y saludable para todos en Puerto Rico”, explicó la fiscal Laura Hernández Gutiérrez, directora de la DCUE.
El evento contó con la participación del Poder Judicial, la Oficina de la Procuradora de las Mujeres, los departamentos de Salud, Educación, Corrección y Rehabilitación y Familia, el Negociado de la Policía, Sistemas de Emergencias 9-1-1 y el Cuerpo de Emergencias Médicas; adscritos al Departamento de Seguridad Pública. De igual forma, participó personal del Instituto de Ciencias Forenses, el Recinto de Ciencias Médicas, la academia y entidades que ofrecen servicios directos a las víctimas sobrevivientes de violencia doméstica y abuso sexual, entre las que se encuentra Coordinadora Paz para las Mujeres y Centro Salud Justicia.
La Ley 71-2024, tipifica el estrangulamiento como un delito grave y establece mecanismos para abordar esta forma de violencia, incluyendo la creación de protocolos de evaluación en instituciones médicas, y la obligación de reportar estadísticas trimestrales. Desde su aprobación, se han radicado más de 300 casos de maltrato por estrangulamiento bajo la Ley 54, aunque estos números solo reflejan los casos reportados y procesados, evidenciando la necesidad de continuar la capacitación en este tema poco conocido. Dicha ley lo incorpora en el Código Penal, la Ley 54-1989 y la Ley para Prevención del Maltrato, Preservación de la Unidad Familiar y para la Seguridad, Bienestar y Protección de los Menores. Al mismo tiempo, este estatuto ordenó al Departamento de Salud a crear un protocolo de atención y servicios médicos a las personas que sufren este tipo de ataque. Puerto Rico se unió a 49 estados que cuentan con legislación en este tema.
