A pocos días de que las organizaciones a favor de la protección y conservación de Los Pozos en Cabo Rojo denunciaran el acuerdo firmado entre la Universidad Ana G. Méndez, Recinto de Cabo Rojo y los desarrolladores de “Esencia” sin que el proyecto siquiera cuente con los debidos permisos de construcción, ciclistas en el área documentaron en un video que trascendió en redes sociales cómo guardias armados de seguridad privada, con motivo de “la construcción” en curso, le impidieron el paso a caminos que durante décadas han sido vías de uso y costumbre para ciclistas y senderistas. Los ciclistas indicaron que dichos caminos han sido aplanados y ensanchados al menos varios pies.
“En esa ubicación, el gobierno les otorgó permiso para una estructura temporal, removible en seis meses, con el objetivo de atraer a futuros compradores de un megaproyecto sumamente preocupante, con impactos de gran magnitud y que aún no tiene permisos de construcción. Vemos que, sin levantar un solo edificio de los cientos contemplados en su plan, Esencia ya está impidiendo el acceso a caminos de uso y costumbre”, indicaron los portavoces de la Brigada Solidaria del Oeste, el Comité Caborrojeño Pro Salud y Ambiente, el Comité por la Verdadera Esencia del Suroeste y Editora Educación Emergente.
“La aceleración de este proceso de espaldas a la ciudadanía se da en un contexto que lo facilita. Si miramos las acciones de la administración Jenniffer González-PNP durante las primeras dos semanas de su incumbencia, vemos que el gobierno parece estar en disposición de fomentar el asalto a las zonas costeras del país y de ignorar los debidos procesos legales y democráticos”, denunciaron los portavoces.
Citaron como ejemplos dos casos recientes. Primero, el Proyecto de la Cámara 25, fechado el 2 de enero de 2025 y presentado por el actual presidente PNP de la Cámara de Representantes, Johnny Méndez, que pretende reducir la zona marítimo terrestre, inherentemente pública, y así facilitar aún más la privatización, explotación y erosión de nuestras costas. El segundo caso es el escándalo de la “misteriosa” e ilegal orden ejecutiva del DRNA que pretende legalizar las construcciones de viviendas en el agua en La Parguera, Lajas, incluida la de los suegros de la gobernadora. No por casualidad, en “La luna de miel duró solo seis días”, Benjamín Torres Gotay, periodista del rotativo El Nuevo Día, asemejó la firma de dicha orden ejecutiva por parte del recién designado secretario del DRNA, Waldemar Quiles Pérez, al fuego devastador que ocasionó la turista estadounidense ahora formalmente acusada en Combate, Cabo Rojo el mismo día del P. de la C. 25.
“Se supone que los funcionarios electos defiendan los intereses del pueblo puertorriqueño, pero lo que están haciendo es facilitar la explotación de nuestros recursos a mansalva. Nosotros no solamente le vamos a tirar más fotos a nuestra naturaleza, sino que también resistiremos esta nueva invasión y no permitiremos que a Puerto Rico le sigan haciendo lo que a Hawaii”, concluyeron.
