Durante la vista de transición gubernamental, el secretario del Departamento de Justicia, Domingo Emanuelli Hernández, presentó un informe en el que resaltó todas las metas alcanzadas por la agencia durante el presente cuatrienio 2021-2024.
Emanuelli Hernández destacó que durante los años 2021 al 2024, el Departamento de Justicia ha alcanzado y sostenido una tasa de convicción de 94%, en representación del pueblo de Puerto Rico y las víctimas, en los casos criminales en etapa de juicio. Esto es así, a pesar de la nueva norma jurídica que requiere veredictos de unanimidad en los juicios por jurado. Durante este periodo, los fiscales presentaron 85,969 casos en los tribunales a través de las 13 Fiscalías de Distrito.
Entre estos casos, se encuentra el procesamiento de líderes de organizaciones criminales peligrosas que se dedican a la comisión de delitos violentos y el trasiego de sustancias controladas, así como de crímenes intrafamiliares. Mientras, la División de Delitos Económicos logró restituir al gobierno cerca de $9 millones al erario por virtud del procesamiento de personas y corporaciones que cometieron fraude y evasión contributiva, mediante una alianza investigativa con el Departamento de Hacienda para combatir estos delitos que impactan los fondos y servicios públicos.
El secretario detalló todas las inactivas que creó la agencia para adelantar una transformación en el procesamiento de los casos de violencia doméstica, delitos sexuales y maltrato a menores. Para ello, el Departamento de Justicia amplió de 4 a 13 las unidades especializadas para atender estos delitos en las fiscalías, contrató decenas de fiscales especiales que comparecen a todas las vistas desde la etapa de Regla 6, creó salones de entrevistas en cada Fiscalía para mejorar la experiencia de las víctimas, optimizó la recopilación de estadísticas con un enfoque en la prevención. Además, implementó nuevas herramientas que permitirán a los fiscales identificar el nivel de peligro que enfrentan las víctimas para que se les brinden medidas de seguridad con el fin de prevenir feminicidios, y realizó cambios significativos en los protocolos de investigación y procesamiento. Todos estos esfuerzos se realizaron conforme a la declaración de emergencia emitida por el gobernador Pedro Pierluisi para erradicar la violencia doméstica.
“Nuestro enfoque ha estado centrado en el trauma que sufren las víctimas de delito. Por ello, hemos atendido con prioridad sus necesidades emocionales y físicas mediante el ofrecimiento de múltiples servicios para que puedan enfrentar todo lo que conlleva el procesamiento criminal del agresor. Entre los servicios ofrecidos se incluyen apoyo sicológico, intervención en crisis, acompañamiento al tribunal, consejería profesional, orientación legal y albergue”, expresó el Secretario de Justicia.
INICIATIVA HISTÓRICA PARA COMBATIR LA CORRUPCIÓN EN PUERTO RICO
Como parte de las estrategias para combatir la corrupción, el Secretario de Justicia resaltó que, por primera vez en la historia en la Isla, el Departamento demandó a más de 30 convictos por corrupción para recobrar los fondos públicos y los daños que le ocasionaron al pueblo mediante esquemas ilegales que han provocado pérdidas millonarias a las arcas gubernamentales. Tras un análisis jurídico completo y meticuloso, se presentaron las 17 demandas ante el Tribunal de Primera Instancia de San Juan, fundamentadas en el Código Anticorrupción para el Nuevo Puerto Rico, por una cuantía total que supera los $30 millones.
En la vista, trascendió, además, que la División de Integridad Pública y Asuntos del Contralor de Justicia investigó 111 querellas y referidos, producto de investigaciones por corrupción. Desde el 2021, esa división ha enviado alrededor de 80 notificaciones a la OPFEI y dicho organismo independiente ha acogido el 94% de las determinaciones de Justicia, a base del derecho y la evidencia examinada. Algunos de los casos fueron presentados ante los tribunales y se encuentran en distintas etapas del proceso judicial.
SERVICIOS A VÍCTIMAS Y RECONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN TOTAL DEL ALBERGUE DE VÍCTIMAS Y TESTIGOS DE DELITO
Otro de los logros destacados por el Secretario en su presentación, es la reconstrucción y rehabilitación total del Albergue de Protección a Víctimas y Testigos de Delito.
A través de FEMA se tramitaron $3,890,115.81, además de una inversión de $9,751,560.72 de fondos ARPA. De este modo, se encaminó una reconstrucción del albergue para transformarlo en una instalación segura y adecuada. De igual modo, se reclutaron agentes de protección a testigos y agentes de seguridad, se adquirió un generador de electricidad, un escáner de maletas y otro corporal, equipos electrodomésticos y materiales para la convivencia de los albergados.
“Al iniciar funciones nos percatamos de que el albergue se encontraba deteriorado por el paso de los huracanes Irma y María y no contaba con los fondos recurrentes para administración y mantenimiento. Reconocemos la importancia de esta instalación como herramienta de apoyo para los procesos criminales que realizan nuestros fiscales. Por ello, identificamos una partida en el presupuesto destinada a atender los gastos recurrentes y asegurar el mantenimiento de las facilidades de albergue”, mencionó Emanuelli Hernández.
Por otro lado, la Oficina de Compensación y Servicios a Víctimas y Testigos de Delitos, otorgó más de $3 millones, impactando a sobre 74,200 víctimas de delito.
OPTIMIZACIÓN DE LA HERRAMIENTA DEL REGISTRO DE OFENSORES SEXUALES
Según la presentación del Secretario, la agencia también optimizó la herramienta del Registro de Ofensores Sexuales y creó una unidad adscrita a la Oficina de Sistema de Información de Justicia Criminal para hacerla más accesible a los ciudadanos de manera que se puedan prevenir los delitos sexuales.
Mientras, en el ámbito civil, el Departamento de Justicia enfocó sus esfuerzos en la defensa de los consumidores y los derechos de poblaciones vulnerables en Puerto Rico, exigiendo compensaciones económicas para subsanar los daños provocados a los ciudadanos mediante prácticas ilegales.
A través de la Secretaría Auxiliar de Asuntos Monopolísticos, el Departamento ha presentado una serie de reclamaciones judiciales contra empresas multinacionales que han incurrido en prácticas engañosas. El Departamento logró recobrar alrededor de $305,347,550 en nuevos ingresos para el Gobierno de Puerto Rico que se traducen en servicios directos a los ciudadanos. Durante los últimos cuatro años, esta oficina ha generado para Puerto Rico cantidades históricas y sin precedentes. Entre los pleitos, que el Secretario destacó, se encuentra la demanda a la empresa Navient Solutions por fraude y prácticas engañosas al promover préstamos de alto riesgo en perjuicio de estudiantes que asumieron deudas para poder completar estudios universitarios. De igual forma, está la demanda a fabricantes de insulina y administradores de beneficios de farmacias por inflar de manera ilegal el precio de la insulina, así como los acuerdos para la Isla de más de $200 millones de dólares relacionados con la crisis causada por los opioides.
Por su parte, la Secretaría Auxiliar de lo Civil del Departamento de Justicia atendió 5,724 y prevalecieron en 3,540 casos civiles durante el cuatrienio 2021-2024. Los abogados de esta oficina atendieron estos casos con un 61.8% de éxito en litigios.
Así mismo, la Oficina del Procurador General ha recibido más de 3,300 nuevos casos entre todos los niveles apelativos (Tribunal de Apelaciones y el Tribunal Supremo de Puerto Rico, así como en el Tribunal del Circuito de Apelaciones para el Primer Circuito y el Tribunal Supremo de Estados Unidos), adicional a los casos activos que estaban pendientes. Durante ese periodo, el Departamento de Justicio prevaleció en más del 90% de los casos atendidos y concluidos en los foros apelativos locales y federales tanto de naturaleza civil y penal. Esto incluye, por ejemplo, apelaciones, certiorari, recursos de revisión judicial presentados por la OPG en representación del Gobierno de Puerto Rico o promovidos por la parte adversa.
AVANCES EN LOS TRABAJOS DE DIGITALIZACIÓN EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD
El secretario también mencionó el avance drástico que ha tenido el Registro de la Propiedad en los trabajos de digitalización reconocido por la Junta de Supervisión Fiscal. El registro ha logrado reducir un 68% del inventario pendiente de calificación y despacho, lo que representa una disminución de 227,481 transacciones. Para llevar a cabo el proyecto de digitalización, el Departamento recibió una asignación presupuestaria de $3 millones bajo los fondos federales ARPA. Este proyecto permite realizar búsquedas digitales de los planos, libros de planos y demás información contenida en los mismos a través de la aplicación Karibe. Además, es de gran beneficio para los ciudadanos, ya que facilita el acceso de la información por internet además de facilitar las labores de los empleados del Registro.
De otra parte, el Departamento logró obtener alrededor $84 millones en distintas subvenciones federales para combatir la criminalidad mediante la presentación de propuestas en procesos competitivos. Con una asignación de fondos estatales, el Departamento de Justicia reclutó 13 fiscales especiales para el Programa de Salones Especializados en Casos de Sustancias Controladas, conocido como Drug Courts.
“Al aceptar la encomienda de secretario de Justicia, llegué con el compromiso de implementar un plan de trabajo, enfocado en la política pública, mediante el cual se fortaleciera el procesamiento de delitos, se defendieran los derechos de las poblaciones vulnerables en la Isla y les devolviera la confianza a los ciudadanos en nuestra institución y en el sistema de justicia. Para mí es un honor haber cumplido, junto a mi equipo de trabajo, y poder afirmar que me enorgullece dejar un nuevo Departamento de Justicia”, puntualizó el secretario de Justicia, Domingo Emanuelli Hernández.
