San Juan, Puerto Rico – En el contexto del Día de la eliminación de la Violencia contra la Mujer, la presidenta de la Red Nacional de Albergues de Violencia de género, Coraly León, planteó la urgencia de que se brinden más servicios de apoyo a las víctimas de agresión sexual en Puerto Rico. La Red de albergues, con ese propósito, está capacitando en una Academia a nuevas intercesoras legales que acompañen en los tribunales a las sobrevivientes de agresión sexual.
“Yo soy sobreviviente de violencia sexual y conozco en carne propia los retos y las dificultades que tienen las y los sobrevivientes a la hora de lograr acceso a la justicia. Por el tabú, por muchas de nuestras creencias culturales, muchas víctimas y sobrevivientes se sienten aisladas, culpables de la experiencia dolorosa que vivieron, que estuvo fuera de su control y se sienten hasta desconectadas de su cuerpo”, expresó León sobre la necesidad de servicios de apoyo de las víctimas de agresión sexual.
En Puerto Rico, según las estadísticas del Negociado de la Policía, para el año 2023 se reportaron 1,278 incidentes de violencia sexual, de los cuales el 79.9% de las sobrevivientes fueron mujeres. Además, el 75.45 de las víctimas son menores de 17 años de edad. El delito de mayor incidencia reportado es actos lascivos (67.9%), seguido de agresión sexual (27.7%). Un 52.3% de los ofensores son familiares y 35.4% son conocidos. Se sabe que la inmensa mayoría de los casos de violencia sexual no se reportan. El Departamento de Salud ha estimado que en Puerto Rico ocurren anualmente unos 66,000 casos de algún tipo de violencia sexual.
“La agresión sexual es una de las violencias más terribles que puede una persona experimentar porque pierde el control y la autonomía frente a la persona agresora, de cómo es percibido su cuerpo. Te hace sentir insegura en tu propia piel. Es bien importante que las víctimas y sobrevivientes de violencia de género en escenarios como los tribunales cuenten con un adiestramiento capacitado y sensible para poder acompañarlas en uno de los procesos más duros que puede pasar alguien, para que no sean revictimizadas en el tribunal y para minimizar los daños emocionales”, comentó León.
La Red de Albergues, con una subvención de la Oficina de la Procuradora de las Mujeres (OPM), ha estado capacitando profesionales de la conducta en una Academia de Intercesoría Legal. La primera sesión de la Academia, con 29 participantes, fue para casos de violencia doméstica y actualmente están capacitando a 30 nuevas intercesoras en casos de agresión sexual en la segunda sesión que se extiende hasta diciembre.
“La violencia doméstica y la violencia sexual tienen sus particularidades y por eso amerita hacer unas academias distintas para los respectivos casos. Las necesidades de las sobrevivientes de violencia sexual pueden ser diferentes. Nos pareció importante crear espacios educativos en las academias de intercesoría legal que fueran especializados en cada una de estas manifestaciones de violencia de género”, explicó León.
En la Academia de Intercesoría Legal, profesionales de la conducta como trabajadores sociales, psicólogos y consejeros se están capacitando, tanto a nivel teórico como práctico, con experimentadas intercesoras legales en temas como el marco legal prevaleciente, los protocolos de intervención, las diversas formas de agresión sexual, el impacto psicológico en las víctimas, mitos y realidades de la violencia sexual y las estrategias para acompañar a las sobrevivientes. Como parte del curso se visitan los tribunales, la división de la Policía a cargo de órdenes de protección y se exponen los estudiantes de la academia a intervenir en apoyo en casos reales de víctimas en las salas especializadas de violencia de género en los tribunales.
La procuradora interina de la OPM, Madeline Bermúdez Sanabria, comentó que “este año, nos enorgullece lanzar nuestra quinta academia desde 2018, centrada específicamente en los casos de agresión sexual, un área crítica e invisibilizada en la lucha contra la violencia de género. Esta iniciativa, respaldada por los fondos estatales PARE, es un reflejo directo del esfuerzo continuo de la OPM por asegurar que cada víctima tenga el acompañamiento necesario en los tribunales. Desde 2018 hasta 2023, han certificado cerca de 70 intercesores. Nuestra meta es clara: seguir fortaleciendo la Academia de Intercesores Legales, con varias academias proyectadas este año, y seguir apoyando a las víctimas con profesionales capacitados y comprometidos. El acompañamiento en los tribunales es vital para las víctimas de agresión sexual, y gracias a la Red Nacional de Albergues de Violencia de Género, esta academia ofrecerá a los profesionales de la conducta la oportunidad de formarse en este rol crucial”.
