(San Juan – 3 de noviembre de 2024) Mediante intimidación y amenazas, el Presidente y Director Ejecutivo de la empresa de transporte Bella Group, Carlos A. López Lay, presionó a sobre 700 empleados y empleadas para que no voten por el candidato a la gobernación de la Alianza de País, y miembro del Partido Independentista de Puerto Rico (PIP), Juan Dalmau.
Así lo denunció Democracia Socialista (DS), organización que agrupa activistas de diversos sectores sociales y sindicales. De acuerdo con DS, en la carta dirigida a todo el personal el pasado viernes, 1 de noviembre, Bella Group se hizo eco de la campaña de miedo liderada por el Partido Nuevo Progresista y asociaciones empresariales para que no se vote por la Alianza entre el PIP y Victoria Ciudadana. La carta participa de esta campaña al aludir a la posibilidad de “la eliminación de leyes de incentivos que han demostrado ser catalizadores de actividad económica”, “aumentos contributivos, que nos afectarían a todos”, y a la supuesta pérdida de fondos federales. De igual forma se denunció que, en la misiva, Bella Group presiona a sus empleados para que no apoyen con su voto una “mayor intervención en el ámbito empresarial”.
“Es irónico que Bella Group, que es parte de la clase empresarial que activamente cabildea para que se reduzcan beneficios como el salario mínimo, vacaciones y enfermedad, pida el apoyo a sus empleados para que se deje por la libre a las empresas. Las mismas compañías que nos quieren explotar más por menos paga y beneficios son las que no quieren que mejoremos nuestra calidad de vida votando por un cambio. Toda la carta, además, promueve una visión de la economía que ha fracasado en Puerto Rico, que hizo estallar la crisis y que, de continuarse, la profundizará”, expresó Jorge Lefevre Tavárez, integrante de la Comisión Política de DS.
“Por otro lado, no sorprende que una empresa que ayudó a reunir los más de $2.4 millones en donativos para el Super Pac Democracia es Prosperidad, cuya campaña ha sido principalmente una negativa, recurra a medidas desesperadas, erráticas e incluso ilegales”, opinó Lefevre Tavárez. “La clase empresarial, al igual que sus aliados, los partidos que se han turnado en el poder, temen a la fuerza de un pueblo que se cansó de la corrupción y del abuso, y que tiene este próximo martes una oportunidad de adelantar sus propios intereses”, sentenció.
Las leyes en Puerto Rico protegen a los empleados contra la interferencia con su derecho al voto por parte de los patronos. Específicamente, la ley dispone que cualquier patrono que por medio de coacción, intimidación, o amenaza, entre otros medios, intente inducirle a que vote en cualquier elección de acuerdo con los deseos del patrono será culpable de delito menos grave.
“Podría no tratarse de un incidente aislado. Nos preocupa que entre las cerca de 30 empresas que componen el Super Pac, pueda estar repitiéndose esta práctica. Sobre todo, en centros de trabajo que carecen del respaldo de una unión obrera, y las protecciones de un convenio colectivo. Exhortamos a que toda violación a nuestro derecho de ejercer el voto libremente sea denunciada y encausada como el acto criminal que es”, añadió Manuel Rodríguez Banchs, también integrante de la Comisión Política de DS.
“No podemos permitir que las empresas privadas impongan a los empleados de esta industria el chantaje y extorsión al que, por años, han sido sometidos muchos servidores públicos para condicionar su voto. Exhortamos, al contrario, que toda persona trabajadora luche y vote para impulsar sus intereses de clase. En DS, entendemos que los intereses de la clase trabajadora, en la presente elección, se encuentran reflejados en la Alianza entre el PIP y Victoria Ciudadana, que cuenta con un componente sindical importante, que ha endosado el programa de la Coalición Sindical y que ha incluido, en su plan de gobierno, las reivindicaciones inmediatas de la clase trabajadora, por lo que este próximo martes exhortamos a que se apoye la Alianza”, concluyó Rodríguez Banchs.
