La Oficina del Contralor de Puerto Rico (OCPR) emitió una opinión cualificada de las operaciones fiscales del Municipio de Añasco. Una opinión cualificada se emite cuando los incumplimientos individuales o en conjunto son significativos, pero no generalizados.
El Informe revela que el Municipio de Añasco pagó un precio mayor al adjudicado en la subasta del 21 de junio de 2022, para el Proyecto de Escarificación y Repavimentación de calles municipales. El Municipio solicitó fondos federales del Community Development Block Grant que administra el Departamento de la Vivienda con los términos acordados en la subasta, entre ellos, el pago de $50 por metro cúbico para el corte del asfalto. El contratista informó mediante carta el 20 de marzo de 2023, que el precio de escarificación ascendería a $80 por metro cúbico por las dificultades de ejecución del trabajo. Al respecto, el Municipio le otorgó un nuevo contrato y desembolsó $15,076 en exceso a lo acordado en la subasta general. Por otro lado, al 2 de abril de 2024, el Municipio no le había requerido a este contratista el pago de $13,674 en arbitrios de construcción y patentes municipales.
Esta situación del pago en exceso de lo adjudicado en la subasta se refirió a la evaluación del inspector general del Departamento de la Vivienda federal para que tome las medidas que correspondientes.
La auditoría, de 11 hallazgos, señala que el Municipio no obtuvo el permiso de la Oficina de Gerencia de Permisos para la reconstrucción y rehabilitación del Daguey Children’s Park and Outdoor Basketball. Tampoco obtuvo la póliza de responsabilidad pública del proyecto Espino Indoor Basketball Court-Baseball Park, ni requirió el payment bond y el performance bond de otras obras y mejoras permanentes. De hecho, el Municipio no designó a un ingeniero para supervisar las obras realizadas según establecen los contratos, sino que designó a empleados municipales sin licencia de ingeniería a certificar las obras.
El informe devela que la requisición para la compra de una motora para la Policía Municipal especificaba una marca y modelo en particular, situación que impide la libre competencia. Además, del examen de los comprobantes de desembolso, se verificaron cotizaciones gestionadas por una persona sin autorización, otras cotizaciones sin identificar al empleado que las trabajó, y requisiciones preparadas hasta tres meses después de tener la cotización. Estas situaciones propician que se cometan irregularidades.
Los auditores de la OCPR detectaron créditos presupuestarios para el pago de contratos por $603,188, para los cuales no se emitieron órdenes de compra al momento de otorgarse sino hasta dos meses después. Este hecho impide mantener un control eficaz de las asignaciones presupuestarias. Además, la preinterventora de la oficina de Finanzas, no verificó que los comprobantes tuvieran la factura original de los proveedores, y la certificación de ausencia de interés por parte de los empleados en las ganancias de los bienes adquiridos.
El Informe indica que los atrasos de hasta 17 meses en la contratación de los servicios de auditoría de los estados financieros del 2021 al 2023, así como los atrasos de hasta 13 meses en remitir los estados financieros del 2021 y 2022 al Federal Audit Clearinghouse, impiden contar con información actualizada y puede afectar las asignaciones de fondos federales. Además, el Municipio registró copia de 264 contratos y 31 enmiendas por $5,047,279 en la OCPR, con tardanzas de hasta 10 meses. Estas copias de los contratos se deben registrar en los 15 días siguientes desde que se otorga, según dispone la reglamentación.
El Municipio de Añasco envió hasta dos años tarde a la OCPR la Certificación sobre el Estado de las Privatizaciones, y el 28% de los informes mensuales de Nóminas y Puestos, hasta 57 días más tarde fuera del término establecido. Estas tardanzas privan a la OCPR, al Gobierno y a la ciudadanía, el tener disponible información actualizada sobre las operaciones del Municipio.
En contravención del Reglamento de Notificación de Pérdidas, el Municipio no informó a la Oficina del Contralor ni realizó las investigaciones administrativas en 15 de los 16 accidentes de vehículos municipales. Además, no se realizaron inventarios de la propiedad desde enero del 2021 al 2023 y se detectaron 2,200 unidades sin número de propiedad.
El Municipio de Añasco carece de administrador de documentos públicos, y dos empleadas que tenían nombramientos interinos en dicha función no cumplieron con los requisitos del Programa de Administración de Documentos Públicos del Instituto de Cultura Puertorriqueña. Además, las deficiencias con los expedientes y las actas de las Junta de Subastas no permiten mantener registros completos y confiables de los acuerdos establecidos.
Los auditores identificaron también que, al 26 de abril de 2024, el Municipio no había remitido al secretario de Justicia la información y documentos requeridos por la Ley de Registro de Demandas de 2003. Este hecho le impidió al Departamento de Justicia estar informado sobre la existencia de esas demandas.
El Informe comenta que el Municipio pagó $372,223 en demandas por acciones de salarios no devengados, daños y perjuicios e incumplimiento de contrato, entre otros, sin obtener beneficios ni servicios a cambio. Además, al 31 de diciembre de 2023, tres demandas civiles estaban pendientes de resolución en los tribunales por $987,616.
El presupuesto del Fondo General fue de $12,057,440, $11,056,802, $11,403,640, y $11,445,606, del 2021 al 2024 respectivamente. Los estados financieros reflejaron superávits de $1,487,66925, $42,860, y $2,699,070 del 2020 al 2022, respectivamente.
La auditoría le recomienda al director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto que se asegure que el Municipio de Añasco cumpla con el Plan de Acción Correctiva de la OCPR.
Este primer informe de Añasco cubre el periodo del 1 de enero de 2021 al 31 de diciembre de 2023, y está disponible en www.ocpr.gov.pr.
