El secretario del Departamento de Justicia se debe al mejor interés del pueblo y tiene el deber legal y ético de garantizar que los procesos investigativos se conduzcan de manera objetiva, íntegra y confiable. Es de conocimiento universal que las investigaciones criminales tienen que realizarse de forma confidencial para cumplir con estos principios y asegurar un resultado veraz, certero y justo.
CITACION DEL SENADO AL SECRETARIO DE JUSTICIA
¿Qué fin público puede tener que un secretario de Justicia ventile públicamente un proceso investigativo de naturaleza criminal que no ha culminado?
La citación, emitida el 16 de septiembre de 2024, por la Comisión de Iniciativas Comunitarias, Salud Mental y Adicción del Senado estableció específicamente que el propósito de la vista convocada para hoy era discutir “los hechos relacionados con el señor Hermes Ávila Vázquez, imputado por el feminicidio de Ivette Joan Meléndez Vega en la madrugada del 21 de abril de 2024 en el pueblo de Manatí”. Ante esto, responsablemente, tuvimos que declinar la comparecencia. Como confirmé en el día de ayer, el proceso liderado por la División de Integridad Pública del Departamento de Justicia en torno a la excarcelación del convicto Hermes Ávila Vázquez se encuentra en su etapa final.
Sin embargo, hoy se planteó en una vista pública un propósito distinto y que nunca nos fue comunicado. Se mencionó que se pretende solicitar la opinión del Departamento de Justicia para guiar a la Asamblea Legislativa en cuanto a la posibilidad de enmiendas a la Ley 25-1992 y otros estatutos.
La evaluación de medidas y recomendaciones de legislación es una función que hemos cumplido durante todo el cuatrienio mediante la presentación de cientos de memoriales explicativos que se elaboran tras un análisis jurídico riguroso; no de manera improvisada y sin previa notificación en un escenario público. Para esto, existe un procedimiento conocido y seguido por todos los legisladores, incluyendo al senador José Vargas Vidot. Por lo que nos sorprende su proceder.
De haberse informado con anticipación, no hubiéramos tenido inconveniente en elaborar el análisis correspondiente y comparecer con las recomendaciones del Departamento de Justicia.
No quiero pensar que se ha desviado del proceso rutinario legislativo porque nos encontramos a solo meses de una elección general. Las funciones y responsabilidades del Departamento de Justicia no pueden estar sujetas a procesos políticos.
