SAN JUAN, Puerto Rico – El viernes 13 de septiembre, dos hombres puertorriqueños fueron sentenciados por destruir, remover y rellenar humedales protegidos en Puerto Rico en violación de la Ley de Agua Limpia.
La jueza del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos, Gina R. Méndez-Miró, para el Distrito de Puerto Rico, condenó a Rafael Carballo-Díaz, de 51 años, a 12 meses de prisión, un año de libertad supervisada y una multa de $4,000. Según documentos judiciales, a partir de julio de 2020, Carballo-Díaz destruyó, removió y rellenó áreas de humedales de manglares dentro y alrededor de la Reserva Nacional de Investigación Estuarina de la Bahía de Jobos (JBNERR) en Las Mareas, Puerto Rico. A pesar de no tener un permiso, rellenó el área con material de cantera, cerró el área, colocó al menos seis unidades de vivienda móvil en la propiedad y agregó una piscina. Luego nombró la propiedad «Cacique Resort» y alquiló las unidades en línea como propiedades de vacaciones a corto plazo.
Nathaniel Hernández-Claudio, administrador de la propiedad de Cacique Resort de Carballo-Díaz, fue sentenciado por el juez Méndez-Miró a 12 meses de libertad condicional por su papel en el relleno de la propiedad. Tanto Carballo-Díaz como Hernández-Claudio fueron acusados en diciembre de 2023 y se declararon culpables en julio.
Los humedales de manglares, como los destruidos por los acusados, son fundamentales para la infraestructura, las economías y los ecosistemas locales porque pueden limitar los daños causados por inundaciones y tormentas, reducir la contaminación y proporcionar hábitat para numerosas especies marinas y en peligro de extinción. El JBNERR fue designado como reserva en 1981 para proteger los humedales y estudiar los impactos biológicos y sociales del hábitat estuarino, así como para brindar oportunidades recreativas y educativas a las comunidades locales. La reserva es el hogar del pelícano pardo, el halcón peregrino, la tortuga carey y el manatí antillano en peligro de extinción.
El Congreso promulgó la Ley de Agua Limpia en 1972 para proteger y mantener la integridad de las aguas de los Estados Unidos. Prohíbe la descarga de cualquier contaminante y material de relleno en las aguas de los Estados Unidos, excepto cuando se obtenga un permiso de los Estados Unidos.
Este caso es parte de una investigación en curso sobre la destrucción de humedales en Puerto Rico. Entre los individuos acusados anteriormente se encuentran Luis Enrique Rodríguez-Sánchez, sentenciado en junio; Awildo Jiménez-Mercado, sentenciado el 11 de septiembre; y Pedro Luis Bones-Torres, cuya sentencia está prevista para el 7 de noviembre.
El fiscal general adjunto Todd Kim, de la División de Medio Ambiente y Recursos Naturales del Departamento de Justicia, y el fiscal federal W. Stephen Muldrow para el Distrito de Puerto Rico hicieron el anuncio.
La División de Investigación Criminal de la Agencia de Protección Ambiental y el FBI investigaron el caso, con el apoyo del Grupo de Trabajo de Delitos Ambientales de Puerto Rico y las Islas Vírgenes de los Estados Unidos.
El abogado litigante principal Patrick M. Duggan, de la Sección de Delitos Ambientales del Departamento de Justicia, y el fiscal federal adjunto Seth A. Erbe para el Distrito de Puerto Rico están procesando el caso.
