8 de septiembre de 2024- San Juan, Puerto Rico- La candidata a la gobernación y presidenta del Partido Nuevo Progresista (PNP) Jenniffer González Colón, participó de otro de los foros de candidatos a la gobernación, en esta ocasión de la Asociación de Farmacias de las Comunidad de Puerto Rico donde reiteró su oposición a la aplicación del impuesto al inventario para los medicamentos de receta y su compromiso con romper las prácticas anticompetitivas e injustas de las entidades intermediarias entre las aseguradoras de salud, las farmacias y los fabricantes de medicamentos.
“Los pacientes de Vital están más que bien atendidos con la red existente de las farmacias de la comunidad. No he escuchado quejas. Todo lo contrario, siempre se comenta del trato personalizado que las farmacias de la comunidad les brindan a los beneficiarios de Vital y también a sus otros clientes. No veo necesidad de que cambiar lo que tenemos ahora. Además, estamos apoyando al pequeño comerciante de aquí y asegurándonos que los chavos se queden aquí y se inviertan aquí”, expresó González Colón al preguntarle si se debería abrirse la red de farmacias de Vital.
“Deseo agradecer a nuestra comisionada residente por las expresiones que ha hecho durante la mañana de hoy en donde ha sido bien directa en puntos bien importantes que afectas al funcionamiento de las farmacias de comunidad, especialmente el servicio que queremos nosotros continuar brindando a nuestros pacientes. Ella fue muy efectiva en sus expresiones y el compromiso que ya va a tener hacia nuestras farmacias y nuestra asociación”, dijo el presidente de la Asociación de Farmacias de las Comunidad, el licenciado Isaías Serrano.
González Colón catalogó el impuesto al inventario como una medida impositiva regresiva, ineficiente, injusta, que afecta la disponibilidad de mercancía, encarece los bienes y es un escollo para el desarrollo económico.
La congresista presentó su propuesta para eliminar este impuesto creando un balance al buscar una fuente para sustituir los $237 millones anuales que se recaudan para los municipios.
- Adoptar la propuesta de la Legislatura de congelar el impuesto al inventario durante un periodo de cinco años para auscultar alternativas para eliminar este impuesto.
- Nombrar un comité para que, dentro de un término de 6 meses, dé sugerencias y recomendaciones para una reforma real del sistema contributivo que sea más simple, justo y transparente. Esto debe incluir, entre otras cosas:
- Tasas contributivas más justas para los individuos y las corporaciones, incluyendo la posibilidad de sustituir la figura del “decreto de exención” con tasas preferenciales dentro del Código de Rentas Internas por industrias, tales como exportación, agricultura y otras;
- Un substituto al impuesto al inventario cuyo impacto no sea tan regresivo;
- La posibilidad de disminuir sustancialmente o reducir la contribución de ganancias de capital para los individuos y equipararla a los beneficiarios de decretos bajo la Ley 60-2019, según enmendada;
Además, indicó que trabajará de inmediato para que los medicamentos con receta sean exentos del impuesto al inventario. “Los medicamentos con receta no pagan IVU y por las mismas razones de política pública que no pagan IVU tampoco deben estar sujeto a ninguna contribución municipal. Nadie se toma un medicamento con receta por gusto, se lo toman porque es de vida o muerte y, como política pública debemos trabajar para aumentar las condiciones que proveen para más disponibilidad, más accesibilidad y menor costo. Y el impuesto al inventario hace todo lo contrario”, dijo González Colón.
Sobre la implementación de la Ley 82-2019 que regula los Manejadores de Beneficios de Farmacia (PBM, por sus siglas en inglés) González Colón dijo que:
- Se deba hacer cumplir con los requerimientos que establece la Junta fiscal que según los tribunales tiene la autoridad para pedirlos que es una certificación de impacto económico.
- Reasignar al Comisionado de Seguros la reglamentación y la fiscalización de los BPM y quitárselas al Departamento de Salud y a ASES, que no tienen la pericia. En todos los estados e inclusive en la legislación modelo de la Asociación Nacional de Comisionados de Seguros (NAIC), quien supervisa a los PBM es el mismo reglamentador que supervisa a las aseguradoras, y se mantiene a la cadena completa de este mercado completa bajo la misma oficina. Por lo que buscará enmendar la Ley 82 para alinearla con la legislación en el resto de la nación, para que sea la Oficina del Comisionado de Seguros quien regule a los PBM.
- La Oficina de Asuntos Monopolísticos del Departamento de Justicia tiene jurisdicción sobre las BPM por lo que buscará que se fortalezca la función de fiscalización de esa oficina sobre los PBM y sobre todo el que incurra en una práctica anticompetitiva que afecte nuestro sistema de salud.
