El Departamento de Justicia radicó cargos contra dos funcionarios del Departamento de la Familia y el administrador de una institución de cuidado de larga duración por explotación financiera de personas de edad avanzada y fraude, entre otros.
Según Luis Freire Borges, director ejecutivo de la Unidad de Control de Fraude al Medicaid (MFCU, por sus siglas en ingles), la investigación surge como producto de un referido del Departamento de la Familia a la MFCU. De esta, se desprende un patrón de explotación financiera y maltrato institucional contra una persona de edad avanzada en un establecimiento de cuidado de larga duración.
El secretario de Justicia, Domingo Emanuelli, explicó que los eventos ocurrieron entre el mes de octubre de 2015 al 26 de junio de 2019, mientras Johnny Pitre Acevedo era operador y/o administrador del Hogar Mi Pequeño Paraíso de Isabela. Este manejó ilegalmente los beneficios de Seguro Social de la víctima, de edad avanzada, durante treinta y nueve meses. Como consecuencia, logró apropiarse de $87,112.00, producto de los beneficios federales destinados a la septuagenaria, a través de la Corporación Mi Pequeño Paraíso.
Emanuelli agregó que Nereida Rivera Feliciano, supervisora local de Isabela y Ernesto Tavárez Ramos, director regional Aguadilla, ambos funcionarios del Departamento de la Familia para entonces, obviaron los procesos, reglamentos y órdenes de la agencia. Como producto de ello, beneficiaron Pitre Acevedo.
La jefa de los fiscales, Melissa Vázquez Sandoval indicó que, a Pitre Acevedo se le radicaron cargos por explotación financiera de personas de edad avanzada, negligencia en el cuidado de personas de edad avanzada e incapacitados, posesión y traspaso de documentos falsos, intervención indebida, fraude y archivo de documentos falsos.
En cuanto a los funcionarios del Departamento de la Familia, la Jefa de los Fiscales señaló que Tavִárez Ramos enfrenta cargos por intervención y Rivera Feliciano por falsificación de documentos, perjurio, falsedad ideológica, posesión y traspaso de documentos falsos, intervención indebida y fraude.
La investigación estuvo a cargo de las fiscales Janice Maymí Camacho y Brenda Rosado Aponte, junto a los agentes Gricel García Gregory del MFCU y el agente Aneudi Mercado Cortés de la División de Propiedad del CIC de Aguadilla, de la Policía de Puerto Rico.
