(El Capitolio – 20 de junio de 2024) – El director ejecutivo de la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas (APP), Fermín Fontanés, aseguró hoy a la Comisión de Energía de la Cámara de Representantes que la agencia encamina una investigación sobre los apagones recientes en la isla cuyos hallazgos permitirán determinar si el consorcio LUMA Energy incumplió con el contrato de operación del sistema de transmisión y distribución.
Durante una vista pública para discutir el acuerdo de privatización, el funcionario afirmó que no se encuentra satisfecho con la ejecución de la empresa en medio de las frecuentes fallas en el sistema eléctrico, particularmente en el área sur, ocurridas en las pasadas semanas.
“Nosotros comenzamos una investigación conforme a los procesos que están establecidos en el contrato luego de esos apagones para, precisamente, tratar de identificar qué fue lo que ocurrió”, indicó Fontanés, quien informó que el Negociado de Energía también inició una pesquisa que se trabaja en conjunto con la APP.
“Una vez tengamos esa información entonces ahí podemos determinar si hubo un incumplimiento en los deberes de LUMA ante esos eventos”, abundó. Entre las posibles recomendaciones que emitiría la APP, en caso de encontrar negligencia por parte de LUMA Energy, es que los costos relacionados a los apagones sean atendidos por el consorcio en lugar de ser sufragados por la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), dijo Fontanés.
A preguntas de los legisladores, insistió que, hasta el momento, LUMA Energy ha cumplido con el contrato de privatización en términos contractuales. El director ejecutivo puntualizó en diversas ocasiones que si bien la APP administra la ejecución del contrato, es el Negociado el ente responsable de evaluar las métricas de cumplimiento del consorcio.
“Como administrador del contrato de operación y mantenimiento del sistema de transmisión y distribución del país, ¿usted se siente complacido con el trabajo que ha realizado LUMA Energy?”, cuestionó el representante Jesús Hernández Arroyo, presidente de la comisión cameral.
“No nos sentimos complacidos con todo el trabajo que ha hecho LUMA Energy. Definitivamente, estamos exigiendo más. Estamos exigiendo más urgencia… Las cosas que han pasado recientemente son inaceptables. Es inaceptable un apagón de esa magnitud en este momento”, respondió Fontanés.
Sin embargo, el funcionario reiteró que la cancelación del contrato no es opción debido a que esta acción implicaría una serie de consecuencias que describió como un “caos”. Anular el acuerdo “sin causa”, según Fontanés, conllevaría un impacto fiscal de alrededor de $300 millones para el gobierno.
“Yo creo que el pueblo de Puerto Rico, en general, más allá de líneas partidistas, se cansó de LUMA luego de tres años y no ve otra opción que la cancelación del contrato. Yo le recomendaría que fuera evaluando los motivos por los cuales podrían impugnarse las prestaciones que no se han cumplido para hacer la cancelación correspondiente”, manifestó la representante Mariana Nogales Molinelli.
No hay solicitud de aumento en tarifa
Fontanés garantizó durante la audiencia pública que no existe solicitud de LUMA Energy para un nuevo aumento en la tarifa de clientes luego de que trascendió que el consorcio requirió al Negociado de Energía un incremento en la factura de luz para cubrir costos de mantenimiento y otros servicios.
“No hay una solicitud de aumento de tarifa y, de hecho, desde que LUMA está aquí no ha pedido ni ha solicitado un aumento de tarifa. Aquellos aumentos que el pueblo ha sufrido han sido atados a los precios de combustible que nadie de nosotros tiene control”, indicó el director ejecutivo.
El funcionario explicó que la información surgió de una solicitud de presupuesto para el año fiscal 2025 que será dividido entre LUMA Energy, Genera PR y la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE). Añadió que hay un “pote limitado de fondos en la tarifa”, por lo que las tres partes ahora se encuentran “luchando” por esas partidas.
Aseveró que LUMA Energy ha cumplido con el manejo de su presupuesto, pero que, “como cualquier entidad”, ha solicitado una mayor cantidad de fondos para su operación.
“Que todos quieren dinero, que las tres partes están buscando dinero, ¿y el pueblo de Puerto Rico qué? ¿Qué yo le digo a la señora que no tiene cómo enfriar su insulina; el que tiene algún dispositivo que su vida está en peligro? ¿Cómo yo le digo que están peleando por chavos y ellos no tienen luz?”, reprochó la representante Lisie Burgos Muñiz.
