(San Juan, Puerto Rico – 26 de marzo de 2021) – La Junta de Supervisión Fiscal y Administración Financiera para Puerto Rico celebró hoy su 26a reunión pública y brindó actualizaciones sobre el financiamiento federal a Puerto Rico relacionado con la pandemia del COVID-19 y la implementación de reformas estructurales críticas para permitir el crecimiento económico sostenible.
La Junta de Supervisión estima que Puerto Rico es elegible para recibir unos $20,000 millones del Plan de Rescate Estadounidense (ARP, por sus siglas en inglés), además de $7,000 millones de la Ley de Asignaciones Suplementarias de Respuesta y Alivio del Coronavirus (CRRSA, por sus siglas en inglés) y $17,500 millones de la Ley de Ayuda, Alivio y Ley de Seguridad Económica (CARES, por sus siglas en inglés). Los programas de asistencia incluyen cheques de estímulo a los hogares, aumento del seguro por desempleo, apoyo a las pequeñas empresas, ayuda al gobierno central y municipal y financiamiento para la educación.
“La cantidad estimada para Puerto Rico de $45,000 millones de las tres leyes relacionadas con la pandemia será de vital importancia para ayudar a las personas, las empresas y al gobierno a enfrentar los terribles efectos de la pandemia de COVID-19 en Puerto Rico y su economía”, indicó la directora ejecutiva de la Junta de Supervisión, Natalie Jaresko. “Depende de los residentes, las empresas y el gobierno reclamar y hacer uso de este dinero de la mejor manera posible para ayudar a Puerto Rico, no solo a recuperarse de la pandemia, sino también de las crisis de años anteriores y sentar las bases para una verdadera renovación económica”.
La Junta de Supervisión también brindó una actualización sobre el progreso en la implementación de las cinco reformas estructurales, las cuales son vitales para restaurar la competitividad, permitir el crecimiento económico e incentivar el retorno a la prosperidad de Puerto Rico. La Junta de Supervisión estima que la implementación completa y a tiempo agregará casi un punto porcentual de crecimiento económico y $25,000 millones en ingresos al gobierno de Puerto Rico durante las próximas tres décadas.
«Mejoras al capital humano y al bienestar social para aumentar la fuerza de trabajo calificada; reforma del sector energético para garantizar energía más asequible, fiable y más limpia; mejora del entorno empresarial, ya sean permisos, registro de la propiedad, infraestructura o carga de administración fiscal; y una reforma integral para mejorar la educación de nuestros hijos conducirá a un cambio permanente de la economía puertorriqueña», dijo Jaresko. «Hemos hecho algún progreso en la implementación de estas reformas en Puerto Rico, pero tenemos un largo camino por recorrer para completarlas».
«Sólo la plena implementación de estas reformas permitirá a Puerto Rico ser competitivo con el resto del mundo en la atracción de inversiones y la creación de empleos de alta calidad que mejorarán la vida de todos los puertorriqueños», dijo Jaresko. «No reformar no es una opción.»
Los mayores contribuyentes al crecimiento económico y a los ingresos del gobierno serán la transformación del sistema energético de Puerto Rico, que suma a unos $11,000 millones, y se estima que las reformas que facilitan el hacer negocios en Puerto Rico añadan más de $9,000 millones.
- Reforma del capital humano y del bienestar social:
El Departamento de Hacienda de Puerto Rico actualizó con éxito los formularios contributivos y permitió las reglamentaciones y los cambios legales necesarios para implementar el crédito tributario por ingreso del trabajo. No obstante, se han hecho pocos esfuerzos para comunicar y educar a la población objetivo. En el Programa de Asistencia Nutricional, la Administración para el Desarrollo Socioeconómico de la Familia (ADSEF) retrasó la implementación del requisito de trabajo/voluntariado y no ha finalizado un plan de implementación detallado.
- Facilidad para hacer negocios:
El Departamento de Desarrollo Económico y Comercio ha logrado un avance inicial en la reforma del proceso para obtener permisos, mientras que el Departamento de Justicia igualmente ha hecho algún avance en reducir el retraso en el registro de la propiedad. Invest Puerto Rico y Discover Puerto Rico han hecho grandes progresos en la misión de ayudar a hacer crecer la economía de Puerto Rico. No obstante, una reforma de la administración contributiva necesaria para mejorar la competitividad de Puerto Rico se encuentra retrasada.
- Reforma educativa:
El Departamento de Educación y la Universidad de Puerto Rico han progresado en la implementación del programa de tutoría para escuelas de bajo rendimiento y en el apoyo a los maestros durante la enseñanza remota en la pandemia. Sin embargo, el Departamento carece de una estrategia integral para aprovechar las prácticas respaldadas por la investigación para aumentar la participación familiar y un plan para apoyar la toma de decisiones basadas en datos.
- Reforma del sector energético:
La transformación del sector energético de Puerto Rico ya alcanzó varios hitos en el camino para proveer a los hogares y las empresas de una fuente de energía más confiable, más asequible y más limpia. Puerto Rico ahora tiene un regulador energético verdaderamente independiente, y la red de PREPA pronto será administrada por un operador privado, Luma Energy. Luma está incentivado para mejorar la fiabilidad y el servicio al cliente, hacer inversiones y crear eficiencias que ayuden a hacer que la electricidad sea más asequible.
La Autoridad de Alianzas Público-Privadas ha iniciado un proceso para seleccionar uno o más operadores privados profesionales para gestionar la generación de PREPA.
- Infraestructura
Ha habido progreso para aumentar las inversiones de capital en activos de transporte, pero el desarrollo de un marco de priorización para las inversiones del sector de transporte sigue retrasado.
La Junta de Supervisión también aprobó varias solicitudes de redistribución por parte del Gobierno de Puerto Rico, que incluyen:
- La Autoridad para Financiamiento de Infraestructura de Puerto Rico construirá un puente elevado sobre la Intersección La Muda, en Guaynabo ($12.8 millones).
- La Oficina de Desarrollo Socioeconómico y Comunitario para la vivienda y otros proyectos de construcción en varios municipios ($2.7 millones).
- El Departamento de Recursos Naturales y Ambientales de Puerto Rico para la eliminación de petróleo usado ($1.1 millones).
