(18 de marzo de 2021 – San Juan, PR) La portavoz del Movimiento Victoria Ciudadana en la Cámara de Representantes, Mariana Nogales Molinelli recabó hoy apoyo para impulsar que el Departamento de Educación (DE) realice un inventario de sus planteles escolares, tanto abiertos como cerrados, y evalúe su exposición a riesgos tales como inundaciones, deslizamientos, sismos, tsunamis o cercanía a la zona marítimo terrestre.
“El DE ha estado muy enfocado e insistente en la reapertura física de las escuelas mientras sigue ignorando el hecho de que ya sabemos que muchas estructuras tienen condiciones como la columna corta que pueden convertir a los salones de clases en trampas mortales en caso de un terremoto. Honestamente, no entiendo cómo es que nuestro gobierno se está arriesgando a ser el principal responsable de una tragedia de proporciones inimaginables. ¿Qué hubiese pasado con los niños y niñas de la escuela Agripina Seda en Guánica, si el terremoto del 7 de enero de 2020 hubiese ocurrido dos días después? Como mamá es horrible pensarlo, pero como legisladora tengo que recordarlo y hacer lo posible por prevenirlo,” señaló la legisladora.
A esos efectos, Nogales Molinelli presentó la Resolución Conjunta de la Cámara 76 para ordenarle al DE que lleve a cabo el inventario, inspecciones y evaluaciones necesarias para determinar las amenazas a la seguridad presentes en cada escuela e identificar las acciones requeridas para hacerlas seguras, ya sea a través de rehabilitación, reconstrucción o mitigación. “También estamos proponiendo que, en casos en que sea necesario el traslado temporero o permanente de la comunidad escolar, el Departamento tenga que establecer y aplicar criterios objetivos y razonables para tal decisión. No podemos tener una repetición de los cierres de escuelas ocurridos durante los pasados cuatrienios en los que no se proveyó explicación ni consideración alguna a las comunidades escolares afectadas y que terminaron impactando más a estudiantes de familias empobrecidas y en sectores de difícil acceso,” advirtió la portavoz.
La R. C. de la C. 76 le proveería un término de 180 días a la agencia para completar la labor ordenada. Sin embargo, la representante opinó que se trata de una gestión urgente que debe realizarse antes del inicio del nuevo año escolar 2021-2022. “Ya el Departamento de Educación echó a perder un año durante el cual las escuelas estuvieron vacías y se pudo haber realizado esta evaluación sin mayores inconvenientes, pero ahora está empujando que nuestros niños y niñas regresen a esos espacios sin garantizar su seguridad y sin prepararse para nuevos eventos extremos de la naturaleza, que sabemos que seguirán aumentando en la medida en que se multiplican las consecuencias del cambio climático. Como legisladores y legisladoras, tenemos el deber y el privilegio de poder exigir acción del DE. Debemos hacerlo cuanto antes”, recalcó.
