San Juan, Puerto Rico – El director ejecutivo del Centro para la Reconstrucción del Hábitat (CRH), Luis Gallardo Rivera, señaló que el protocolo de manejo para la disposición de planteles cerrados y abandonados ha resultado poco efectivo y hoy día es una problemática de salud y seguridad para las comunidades que viven cerca de estos planteles.
“Es preocupante, porque alguien en algún momento erróneamente multiplicó la cantidad de escuelas cerradas por los millones que supuestamente el gobierno iba recaudar en medio de la crisis fiscal y al final no hubo ni ahorros, ni recaudos. Actualmente, la prioridad al momento de disponer de una escuela es venderla al mayor precio posible, por eso mismo es que siguen la gran mayoría en un estado de abandono”, indicó Gallardo Rivera.
Gallardo Rivera fue enfático en decir que la responsabilidad de la disposición de las escuelas no es del DE, sino del Comité para la Evaluación y Disposición de Bienes Inmuebles (CEDBI), compuesto por los secretarios de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal, Departamento de Desarrollo Económico y Comercio, y la Oficina de Gerencia y Presupuesto.
“La velocidad y eficiencia de parte del Comité ha mejorado durante los pasados años, pero todavía están atados a una política pública que resalta la maximización de ingresos. Aunque el Art. 5.07 de la Ley Núm. 26-2017, conocida como la Ley de Cumplimiento con el Plan Fiscal indica, que se utilizará como base ‘el justo valor en el mercado’ al momento de disponerse de una propiedad, también dice que la Rama Ejecutiva salvaguardará ‘siempre el interés y bienestar público’. Además, el Art. 13(d) del Reglamento del CEDBI expone que no se requerirá como condición indispensable para la aprobación de una venta directa un precio igual al justo valor en el mercado, pero en la práctica se da prioridad al tema financiero y no a asuntos de importancia como la seguridad pública y la calidad de vida”, explicó Gallardo Rivera.
Gallardo Rivera destacó que en la actualidad está bajo consideración de la Cámara de Representantes el P.S. 1084, que busca priorizar actividades como la vivienda asequible y usos comunitarios al momento de disponer de una escuela. Además, el proyecto requiere la identificación de un nuevo uso antes de cerrar futuras escuelas.
“Te puedo dar como ejemplo la escuela Horace Mann de Cataño, donde nosotros sometimos en el 2022 una petición formal para utilizarla como una oficina, además de un centro de servicios. Sin embargo, el CEDBI determinó vender la escuela mediante subasta con una licitación mínima de $500 mil. El problema es que grupos comunitarios y sin fines de lucro como el nuestro, jamás podremos competir con desarrolladores grandes o inversionistas millonarios. Luego de una solicitud de acceso de información y examinar los expedientes, el CEDBI tuvo que descartar la subasta dos veces por falta de licitadores elegibles. Al día de hoy, la escuela se encuentra en total abandono y sabemos muy bien que si dejas una escuela abandonada por años, se presta para vandalismos, acumulación de escombros y problemas de salud para la comunidad”.
Actualmente el CRH y una asociación de residentes de San Juan están preparando una nueva propuesta para una escuela con el fin de limpiar y estabilizar un plantel que representa un estorbo público, y con miras a desarrollar un proyecto de vivienda asequible de 22 unidades para la comunidad.
“Es triste lo que voy a exponer pero, es una crónica de una muerte anunciada sabiendo que, si tienes que pagar el valor según tasación de la propiedad, no es viable que la vivienda a construirse sea asequible. Las familias necesitan viviendas asequibles para bajos y medianos ingresos y nuestro propósito será seguir luchando para hacer que esto sea una realidad en todos los municipios si es posible”.
El CRH es una entidad sin fines de lucro dedicada a desarrollar e implementar estrategias para manejar el problema del abandono de propiedades en general. Sin embargo, adoptó un interés en las escuelas abandonadas en particular al momento de insertarse en diferentes comunidades, realizar inventarios de propiedades en desuso y observar que, en muchas ocasiones, el estorbo público más grande de la comunidad es un plantel escolar del mismo gobierno. El año pasado, la Oficina del Procurador del Ciudadano indicó que de las escuelas cerradas en el 2017 y 2018, 56% de estos se encuentran en desuso y confrontan múltiples situaciones, tales como falta de mantenimiento, abandono, actividades delictivas, entre otras situaciones. El informe del Procurador no contempla las escuelas cerradas antes del 2017.
